Paysandú, Sábado 14 de Junio de 2014
Opinion | 14 Jun El segundo semestre de 2014, un año electoral en el que entre otros ingredientes, sigue manifestándose una inflación con guarismos por encima de las previsiones del equipo económico de gobierno y el rango meta del Banco Central del Uruguay, incorporará como un ingrediente novedoso --pero no inédito-- la anunciada rebaja de tarifas de UTE, que beneficiará tanto al consumo domiciliario como industrial, lo que debe evaluarse en un contexto socioeconómico que presenta tanto elementos positivos como negativos.
Es así que la Dirección Nacional de Energía (DNE) anunció que el ente otorgará un beneficio tarifario a las empresas industriales que reduzcan su consumo de energía eléctrica por haber desarrollado medidas de eficiencia energética.
Este beneficio consiste en un máximo de 15% de descuento de la tarifa a las empresas que hayan realizado inversiones en el último año y medio, en primera instancia, ya que las autoridades energéticas pretenden extenderlo hacia atrás en el tiempo en una segunda etapa, aunque en este caso el descuento tendrá seis meses de duración.
Según lo anunciado, la rebaja tomará en cuenta la reducción anual de consumo eléctrico que cada empresa haya logrado o estime obtener con la puesta en marcha de medidas de eficiencia energética. Las empresas interesadas tendrán un período de tres meses para la presentación de los proyectos de eficiencia en la DNE y en caso de proyectos que todavía no están en funcionamiento habrá un plazo adicional de otros tres meses para su puesta en funcionamiento.
El organismo consideró que el monto total del beneficio es el equivalente al 0,5% de lo que factura UTE por la energía sin IVA de la categoría de “grandes consumidores” durante el período comprendido entre julio de 2013 y junio de este año, lo que equivale a 1.243.000 dólares.
De acuerdo a lo manifestado por el director nacional de Energía, Ramón Méndez, durante la presentación del plan, con su aplicación se busca incentivar a las empresas que adopten medidas de eficiencia energética, y evaluó que “por encima de las disminuciones en el costo energético que esas empresas ya tienen, por el hecho de haber implementado esas inversiones, van a tener un premio extra en la tarifa”.
Entre otras medidas posibles, el jerarca evaluó que pueden comprender un mejor aislamiento de tuberías, aplicar otras técnicas de iluminación dentro de las empresas o capacitar trabajadores para ser más eficientes energéticamente.
Paralelamente, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, anunció en detalle la rebaja que se aplicará en la tarifa de electricidad a partir del mes próximo, y adelantó que en la categoría simple que incluye a 108.126 clientes la rebaja será de 6,31% (estos consumidores representan el 7,8% del total de clientes de UTE), en tanto para los medianos y grandes consumidores de hasta 22 kilovatios el descuento será de 6,3%. Estos son 13.837 clientes y representan el 1% del total.
Para el grupo de grandes y medianos consumidores de hasta 31,5 kilovatios y la categoría zafrales, el descuento será de 5,5%, agrupando a 579 empresas. A la vez, para la categoría de residencial simple, consumos básicos residencial, alumbrado público simple, doble horario residencial y doble horario alumbrado público (que son más de 1,2 millones de clientes, el 91,1% del total) la rebaja será de 5%. Por último, para los grandes consumidores a partir de 63 kilovatios (10 empresas) el descuento llega a 4,8%.
Según Casaravilla, es la segunda vez desde 2010 que se aplica una rebaja de tarifas, desde que la primera fue a fines de ese año cuando se implementó la tarifa básica, que también fue una mejora desde el punto de vista tarifario, y evaluó que en el acumulado entre 2010 y fines de 2014 --tomando en cuenta el ajuste a la baja del mes próximo-- la evolución de las tarifas corresponderán al 51% de la variación que tuvo el Índice de Precios al Consumo (IPC) en ese período. “Si se lleva a términos efectivos, al bolsillo de la gente, la energía eléctrica se redujo un 16%” real, sostuvo Casaravilla.
Sin dudas que esta decisión del organismo no es espontánea ni mucho menos, porque involucra un “sacrificio” fiscal, desde que debe tenerse presente que la necesidad de aplicar una rebaja en la tarifa de la energía eléctrica había sido trasladada a UTE ya en más de una oportunidad por el Ministerio de Economía, como una de las medidas que apunta a contener la suba de precios que sigue dándose con énfasis en este 2014, como ocurriera el año anterior.
La idea de aplicar la rebaja a partir de julio se complementa precisamente con el objetivo del acuerdo de precios de alimentos que el gobierno mantiene con los supermercados, los industriales y los importadores de alimentos que finalizará a fines de este mes. A pesar de distintas medidas aplicadas, el equipo económico no ha conseguido todavía que la inflación se ubique adentro del rango establecido de entre 3% y 7%, y por ejemplo, en los guarismos anualizados a mayo fue de 9,18%.
Ello indica que se conjuga por un lado la necesidad de abatir el IPC a parámetros más acordes con las expectativas del gobierno, lo que hasta ahora no se han concretado, con el consecuente descreimiento de los agentes económicos, y por otro lado el hecho de que el año electoral conlleva tratar de evitar todo lo que se pueda pagar costos políticos por un aumento sostenido de la inflación y la pérdida consecuente de poder adquisitivo de la población.
Y por más que se argumente que UTE está en condiciones de soportar la sangría de recursos por esta rebaja, es indudable que seguimos con el síndrome de la sábana corta, porque por su lado Ancap ha anunciado que debería reajustar los combustibles para no seguir perdiendo debido a que ha subido el dólar y el precio internacional del petróleo, lo que de concretarse significaría una incidencia también notoria en la inflación.
El año electoral precisamente es un freno para todo intento de adecuar tarifas, pese a las necesidades de ingresos, lo que da la pauta de que se creará un desfasaje por dinero que se dejará de percibir, y por lo tanto el requerimiento de un ajuste postergado se concretará total o parcialmente posiblemente el año venidero o tan pronto transcurrida la instancia electoral, porque todo tiene un límite cuando hay un inflación estructural que no cede, pero sí hay tiempo de trasladar el fardo al próximo gobierno.
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