Rurales | 08 Jun “Distraídos o dormidos no hay ninguno, sabemos en dónde están los problemas”, dijo a EL TELEGRAFO el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, al referirse a los diversos inconvenientes que han sido descubiertos en los últimos meses en torno a la trazabilidad. Y aunque manifestó no conocer los detalles de estas situaciones, reconoció que “desde hace varios meses en Paysandú hay algunos problemas, y algunos están en un expediente judicial”.
“Quédese tranquilo que esas cosas no pasan desapercibidas, pero no lo vamos a hablar por micrófono, porque cuando las cosas lleguen a donde deben hacerlo, que en algunos casos puede ser la Justicia, que el ministro haya o no hecho declaraciones puede ser una diferencia importante”, precisó el secretario de Estado.
Desde el conocido procedimiento policial realizado en la zona de Cuchilla del Fuego en enero de 2013, con la incautación por la Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato (Bepra) y las seccionales de la zona, de más de 345 caravanas que no correspondían al ganado inspeccionado, hasta el presente, se han registrado diversos casos de aplicación incorrecta de la trazabilidad.
En los dos últimos meses, se detectaron varios embarques de ganado en el departamento, con guías de propiedad erróneamente llenadas por los responsables de embarcado y con animales cuya identificación de trazabilidad no correspondía con la categoría que se leía en el sistema. Entre los casos más recientes, se destaca las 56 vacas que fueron intervenidas cuando eran transportadas a frigorífico a consignación de una firma conocida a nivel nacional, que fuera ya investigada el año pasado por una millonaria maniobra mediante manejo inadecuado de caravanas. En aquella oportunidad el caso fue cerrado a nivel judicial porque ese tipo de manejos no es considerado un delito por la legislación actual.
Durante la inspección también se descubrió que a 13 vacas se les habían colocado recientemente caravanas de trazabilidad cuyos datos correspondían a terneros. Por tal motivo, se presume que les fueron cambiadas, lo que, ante la ausencia de legislación penal, sería considerado una falta a la norma y no un delito.
Días pasados, integrantes de la Bepra advirtieron en otro embarque que el ganado presentaba marcas distintas a las que figuraban en la Guía de Propiedad y Tránsito. Paralelamente, una vez que los policías actuantes leyeron la totalidad de caravanas de trazabilidad de los novillos, se constató que siete de los animales no correspondían a los datos consignados en las guías de propiedad. Incluso, en tres de ellos, la lectura indicó que ya habían sido faenados en industrias de Cerro Largo y Colonia.

EL ÚNICO
Aguerre precisó que en Uruguay “pasamos de un sistema que no existía a ser el único país del mundo que lo tiene”. Ejemplificó que en Montevideo y muchas ciudades del Interior “hay semáforos. Si nosotros miramos estadísticamente, hay mucha gente que pasa en la roja, entonces que existan semáforos no quiere decir que no se cometan infracciones”. “Que exista un sistema como la trazabilidad, o un sistema como la vacunación obligatoria, o de erradicación de la brucelosis, no nos exime que alguien haga las cosas mal. Lo que existe es una normativa, porque hay que hacer las cosas bien, y cuando no se hacen bien, hay una penalización”, añadió.
Se refirió a las lecturas de campo del año pasado que fueron obligatorias, “en donde se analizó si habrían penas”. Entiende que “no hay que apurarse a poner las penas; en determinado momento, alguien fue a mover ganado y se encontró con que no podía mover, porque no había hecho la lectura de campo”.
El ministro manifestó que “no es lo mismo un productor con 500 vacas que un productor tenedor de ganado sin campo con tres vacas, y se aplica una política diferencial. En este caso, las sanciones tienen que existir, pero deben graduarse para lograr el objetivo de que la sanción estimule a que las cosas se hagan bien”.
“Sabemos que hay problemas” y “que tengamos trazabilidad, no quiere decir que tengamos 100% de exactitud en nuestro sistema”. “Compartimos el criterio y el concepto de que las políticas públicas se deben construir en diálogo y en acuerdo con los administrados, a través de sus gremiales y representantes”, dijo. “Sabemos que existen los casos y hay regímenes de penalización dentro de la normativa de Dicose, y debemos ver con qué gradualidad aplicamos ese tipo de normas. Lo importante es que el sistema nos está permitiendo detectar esas cosas”, aseguró. En tal sentido, dijo que “el sistema nos está permitiendo detectar los problemas. Un sistema bueno no es aquel que es infalible, el sistema bueno es aquel capaz de detectar donde está un problema. Y porque aparece un problema, porque alguien --la Bepra-- fiscalizó o controló”, lo que consideró “importante en una sociedad moderna”.