Escribe el Dr. Rodolfo Canabal

Locales | 10 Jun El presente comentario ha de ser breve porque está limitado, sustancialmente, a señalar que se coincide plenamente acerca de que de ninguna manera se debe limitar la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La cuestión que se considera pertinente analizar en la presente columna refiere a la cuestión que se explica muy brevemente enseguida.
Hace ya cierto tiempo que quien preside Ecuador con poderes en verdad absolutos, en tal forma que hasta pretende obtener el derecho de ser ilimitadamente reelecto como presidente, también busca que tal comisión del sistema interamericano no tenga sus importantes potestades para la defensa o amparo de los derechos humanos, tampoco su autonomía, y que además en alguna forma le sean limitados los recursos que actualmente recibe.
Como se ha señalado en la reciente edición de Búsqueda, en particular lo que se pretende afectaría a la relatoría de la Libertad de Expresión, que dispone de importante presupuesto y que ha sido muy crítica con el gobierno ecuatoriano por sus ataques contra la prensa. Se expresa también que si bien la reforma que se pretendía había quedado desechada en la asamblea de marzo de 2013, pues no habían entonces prosperado las propuestas de Ecuador, el tema fue nuevamente planteado últimamente en las reuniones en Galápagos y Haití. Sobre el tema, la Coalición Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos en las Américas, en la cual interviene Amnistía Internacional, en comunicado público observó la propuesta, y consideró que “claramente violaría la autonomía de la comisión”.
Los riesgos de decisiones desfavorables se mantuvieron en otras reuniones con presencia de la CIDH y de otras organizaciones sobre derechos humanos, y con relación a ello es oportuno glosar que a estar a palabras del ministro Luis Almagro “Uruguay es partidario de que la CIDH reciba más recursos, y es favorable a que haya más contribuciones de los países, de la sociedad civil y del sector privado”, a lo cual agregó: “La autonomía de la CIDH es fundamental y no puede haber ningún doble discurso, ningún doble estándar, y no lo hay en nuestra posición”.
Y quien actúa en nombre de Uruguay ante la OEA, Milton Romani, dijo a Búsqueda que Uruguay mantiene su postura de “igualar para arriba” a todas las relatorías. A lo expuesto se debe agregar que Uruguay se opuso a que la comisión sea financiada “en exclusividad por los Estados parte”, y a la “reapertura” de la discusión sobre el tema de las relatorías, ya que “no es procedente” porque fue “resuelto en una sesión especial de la OEA”, según afirmó el ministro Almagro. Lo expuesto se entiende que es suficiente para señalar el fracaso que han tenido los esfuerzos que buscan trabar la gestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la forma en que Uruguay ha apoyado las medidas tendientes a amparar plenamente a tan importante comisión en su defensa de los derechos humanos.