Opinion | 14 Jun No podemos realmente decir que estamos sorprendidos ni tampoco curados de espanto, pero esta vez sí puede señalarse que por lo menos resulta novedosa la velocidad de la respuesta, que contrasta con la forma parsimoniosa en que le da largas la Cancillería argentina a temas que son realmente importantes para el desarrollo regional, como es el dragado de los canales de Martín García y la navegabilidad del río Uruguay hacia el norte.
Nos referimos a la noticia divulgada en la víspera en el sentido de que el gobierno argentino recurrirá “en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia” de La Haya contra Uruguay “por el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay”. La medida se dio a conocer este viernes por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, que difundió una carta del canciller de ese país Héctor Timerman a su par uruguayo, Luis Almagro, ante la información de que Uruguay autorizaba el aumento de producción solicitada por la planta de UPM-Botnia.
En el texto enviado a la Cancillería uruguaya se pone de manifiesto que Argentina tomó conocimiento “a través de una nota presentada por la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que su gobierno ha autorizado hace seis días en forma definitiva el aumento de producción de UPM a 1.365.000 toneladas anuales”.
El gobierno de Cristina Fernández calificó de “gesto inamistoso (…) en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay”.
Según la carta de Timerman, “esta nueva medida confirma la ruptura unilateral por parte del gobierno (de José Mujica) del mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 al 12 del referido Estatuto, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013 cuando fue interrumpido de manera arbitraria por su gobierno”.
En el último punto de la misiva expresa que el gobierno argentino “procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales”, lo que supone que estamos ante una nueva amenaza, y esta vez en forma directa, a las acciones que trabajosamente han sido acordadas y con más dificultades aún instrumentadas, y por cuentagotas.
Pero sin dudas reaparece un claro error del gobierno de José Mujica al no haber autorizado en su momento toda la producción solicitada por UPM entonces y que se ha aceptado ahora, solo para tratar de no irritar al gobierno de Cristina Fernández, lo que igualmente se dio. Ahora tenemos una “remake” del problema, dándole argumentos para que saque nuevamente pecho y con amenaza incluida, porque como todos sabemos, las políticas de apaciguamiento solo envalentonan a un gobierno que ha sacado credenciales de “patotero” y que intenta revalidarlas toda vez que pueda.