Actualmente en montevideo y zona metropolitana

Locales | 16 Jun Según Inmayores, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) enfocado a la tercera edad, “Uruguay no tiene datos estadísticos sobre situaciones de abuso, violencia y maltrato hacia los adultos mayores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que es entre 4 y 6% para Latinoamérica, no obstante se observa una mayor prevalencia del maltrato físico, mayoritariamente en mujeres”, dijo a EL TELEGRAFO, Adriana Rovira, directora de Inmayores.
En tal sentido, se han observado “cinco tipologías de violencia sobre los cuales se ha solicitado intervención al Mides. Primero es el abuso psicológico, después el maltrato físico, le sigue el abuso patrimonial, sexual, la negligencia y el abandono”, señaló.
En Montevideo y zona metropolitana funciona el único servicio público que recepciona denuncias desde agosto de 2013 y ha trabajado sobre un total de 120 casos recibidos. Son unos 15 casos mensuales que solicitan esta asistencia, divididos en tres dimensiones de abordaje.
Según Rovira, “la primera es una instancia de conciliación, donde se trata que las personas intenten resolver por esta vía, algunas de las situaciones de abuso. Cuando no están dadas las condiciones, se buscará la judicialización del caso. El objetivo es no volver a revictimizar a las personas, lograr la intervención hasta que el adulto mayor considere que debe continuar con el proceso y brindar una asistencia integral en materia psicológica, social y jurídica”.
Rovira informó que aunque este servicio no opera en todos los departamentos, “el Mides interviene a nivel nacional a través del programa de atención a la violencia doméstica y de género con mucha asiduidad. Las personas mayores que requieran algún tipo de orientación o asesoramiento, pueden consultar en la oficina territorial y serán derivados al equipo departamental de violencia doméstica o al referente del instituto”.
La directora de Inmayores señaló la posibilidad de ampliar este programa. “Nos gustaría ampliarlo este año a algún departamento, quizás al norte del país o con otro perfil de personas. Esta es una primera etapa, pero indudablemente el programa va hacia una ampliación a nivel nacional”, sostuvo.
Las situaciones de violencia hacia los adultos mayores mantienen rasgos similares con otros colectivos, ante “una distribución desigual del poder, donde por su edad son desalojadas de su capacidad de autonomía y toma de decisiones. En oportunidades se configura además la falta de redes sociales, de contención familiar o de agilidad y que, por tanto, requieren la ayuda de terceros para actividades diarias”, detalló Rovira. Inmayores trabaja además sobre la violencia institucional u otros actores que se encuentran en las redes sociales próximas. Para Rovira, “es una situación compleja y muy invisibilizada en el país. La violencia en general todavía es un tema tabú, donde la sociedad continúa sosteniendo la cultura de ‘no te metas’, a pesar de las campañas de concientización”.

RECHAZA COMUNICADO
El departamento de geriatría de la Universidad de la República emitió una declaración donde manifestó su preocupación ante lo que consideró como “retrocesos importantes que se concretan en este año. Por ejemplo, en el Artículo 298 de la última Rendición de Cuentas (2013), que traslada el contralor de las ‘casas de salud’ desde el MSP hacia el Mides y que ya recorta contralores que aseguren la calidad de la atención sanitaria hacia una población que no puede defender sus derechos y que sin dudas requiere de cuidados y atención sanitaria en esos ‘servicios’. Solicitamos que Mides convoque a la Comisión Honoraria Asesora que por norma la Ley vigente prevé y no funciona desde hace 4 años”.
En su declaración, apuntó a la decisión adoptada a través del Sistema Nacional Integrado de Salud y la Junta Nacional de la Salud, “en cuanto a abolir todo estímulo financiero hacia la Meta 3 (Adultos Mayores), de las obligaciones que deben cumplir los prestadores sanitarios. Implica que los mayores sean el único grupo etario sin meta y sin estímulo financiero para su concreción, todo lo cual también supone un ejemplo de Discriminación por Edad”.
Para el departamento docente de la Udelar, “estos dos ejemplos, junto a la ausencia de regulación y rectoría del Estado”, se transforman en “ejemplos de discriminación en la política sanitaria”.
Rovira manifestó su rechazo “de plano” a las declaraciones, en referencia a la inconformidad acerca del traspaso de competencias de la regulación y fiscalización de los establecimientos de larga estadía para personas mayores del MSP al Mides. “Entendemos que las críticas se realizaron sin argumentaciones, no se sostienen en las prácticas institucionales y tampoco en el espíritu impuesto por el MSP y Mides. Esto ha logrado un cambio radical en materia del paradigma de intervención porque trabajan dos organismos, se han triplicado los recursos en materia técnica y financiera para realizar el seguimiento de los establecimientos para las personas mayores”, señaló. La titular de Inmayores sostuvo que paralelamente trabajan con la sociedad civil a nivel nacional, con la realización de censos e identificación de “establecimientos clandestinos”. “En los últimos cinco meses se ha dado una avance en la protección de derechos. Hay departamentos en los cuales hemos visitado a la totalidad de estos establecimientos, de hecho Paysandú se visitó en el marco de la Mesa Interinstitucional desde el año 2011, se volvió a hacer un seguimiento con Salud Pública entre diciembre del año pasado hasta ahora. Entonces, hay una falta de argumentación y una defensa de intereses privados y corporativos”, afirmó.