Nacionales | 14 Jun Uruguay presentará una respuesta formal a Buenos Aires antes de valorar públicamente la decisión argentina de denunciar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) la autorización otorgada para el incremento de producción de la planta de celulosa de la finlandesa UPM, según anunciaron fuentes oficiales. “La respuesta de Uruguay será formal a la Cancillería argentina, y no habrá comunicación pública antes de dicha respuesta”, señalaron a Efe portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La empresa UPM emitió un comunicado en el cual señaló que su planta en Fray Bentos “ha cumplido con todas las exigencias impuestas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por lo que fue autorizada a aumentar su producción a los niveles solicitados en el año 2011” a 1.300.000 toneladas.
En octubre del año pasado, el Gobierno autorizó incrementar de 1.100.000 a 1.200.000 toneladas, lo que desembocó en una crisis diplomática con argentina. Autorizó ese aumento condicionado a nuevas exigencias de inversión ambiental de la empresa que permitirían reducir los niveles de fósforo que vertía al agua. En tanto, en abril de este año, UPM realizó una nueva solicitud para aumentar su producción a 1.300.000 toneladas, con una variación que no exceda de 5% del valor anual antes referido.
El Gobierno argentino anunció que llevará “en forma inmediata” a la CIJ la autorización definitiva para el aumento de producción de la planta de UPM, construida en 2005 y que ocasionó el peor conflicto en décadas entre ambos países.
Una carta enviada por el canciller argentino Héctor Timerman a su colega Luis Almagro anunció que “el gobierno argentino procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales”. Aseguró que su gobierno se enteró de la resolución que avala el aumento de producción de UPM a 1.365.000 toneladas anuales por la nota presentada por la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay. “Se trata de un gesto inamistoso de parte de su gobierno en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay”, indicó Timerman. Añadió que “esta nueva medida uruguaya confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 al 12 del referido Estatuto, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013 cuando fue interrumpido de manera arbitraria por su gobierno. Al igual que lo hiciera en mi nota del 15 de octubre de 2013, el Gobierno argentino reclama por mi intermedio que el Gobierno uruguayo deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución y se atenga al cumplimiento estricto y de buena fe de las normas contenidas en el citado Estatuto”.
Argentina manifestó su oposición a esa autorización, por lo que anunció que “el Gobierno argentino ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010, para lo cual he dado instrucciones de comenzar los procedimientos correspondientes”.

AMBIENTALISTAS PODRÍAN VOLVER A CORTAR PUENTE
En declaraciones a El Observador, el dirigente de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Martín Alazard, dijo que la medida que tomó el gobierno uruguayo de incrementar a 1,3 millones de toneladas la producción admitida a UPM es una “barbaridad” y que evaluarán si vuelven a ocupar el puente general San Martín. “No sé qué es lo que tenemos que hacer para que nos escuchen. Tendremos que volver a años atrás para que nos escuchen y tengan en cuenta nuestro clamor de hace 10 años”, manifestó Alazard. Añadió que “el pueblo va a tener que reaccionar. Quedan muy pocos recursos, ya se han agotado todas las instancias y el Uruguay sigue apostando a la contaminación”.
“Todo es posible, se hace más difícil porque se encuentran judicializados los asambleístas”, indicó el dirigente y explicó que varios de sus colegas se encuentran en procesos judiciales que los limitan en su actuar. “Tenemos que hacer memoria y acordarnos que el primer estudio de impacto ambiental fue por 900.000 toneladas y eso fue rechazado. Se imagina que ahora estamos en 1,3. A mí no me preocupan las 100.000 más, me preocupa el millón previo. Porque respirar una tonelada diaria de material particulado es inaceptable”, señaló.
Asimismo, Alazard responsabilizó a su gobierno por lo que está sucediendo. “Estamos siempre en lo mismo. Mientras que no haya una decisión seria del gobierno argentino que haga reaccionar al gobierno de Mujica, creo que esto va a seguir igual y peor, más que nada con otros elementos contaminantes, como las minas, Aratirí, agroquímicos, etcétera”, subrayó, y recordó las declaraciones del canciller argentino Héctor Timerman en octubre de 2013, que referían a que Argentina iría a La Haya. “Se olvidó de lo que dijo él y el gobernador de Entre Ríos, y no se hizo nada”, subrayó. “Esta lucha no ha terminado, que quede bien claro”, sentenció Alazard.
Por su parte, Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos, apoyó la decisión del gobierno argentino de llevar nuevamente a Uruguay ante La Haya tras la autorización que dio a UPM de aumentar la producción de celulosa.
Uruguay permitió el incremento de producción de la planta de celulosa de UPM “sin respetar el protocolo conjunto para implementar esas decisiones”, sostuvo. “Es lamentable que el gobierno argentino se vea obligado a tomar estas decisiones por incumplimiento de Uruguay que revela su escasa voluntad para encauzar la relación binacional por el camino de la fraternidad y convivencia”, consideró. Resulta “realmente desconcertante” la medida uruguaya y manifestó que espera que puedan, “apoyados en el Tribunal, revertir esta situación sin generar más daño a esta relación que es imprescindible para el desarrollo de toda el área limítrofe del corredor y para todo Uruguay”, sentenció.

DENUNCIAS DE MALOS TRATOS
El presidente del sindicato del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Joselo López, señaló a El País que “cuando hay una denuncia hay que investigarla hasta las últimas consecuencias y determinar si hay alguna responsabilidad de algún funcionario y obrar en consecuencia”, respecto a los funcionarios indagados por la Justicia ante denuncias de malos tratos en el hogar SER. Por tal motivo, diez funcionarios del INAU declararon en el Juzgado de Pando como indagados, entre los que se encontraba la directora de ese centro. López indicó que aún no hubo una resolución judicial en este caso, y “quedaron de convocar nuevamente, pero no hay fecha todavía”. También declararon, aunque no como indagados, el presidente del INAU, Javier Salsamendi, y el director del Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde.
La investigación se originó en denuncias realizadas por el propio Sirpa y por la Institución de Derechos Humanos a partir de testimonios de familiares de los internos. En tanto, instituciones de derechos humanos insistieron en el Parlamento en que en los hogares del INAU hay “plantones” y malos tratos.
El Comité por los derechos del Niño, el Lelsur y el Servicio Paz y Justicia anunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes que persisten en los hogares del INAU prácticas de malos tratos y que no hay una clara orientación en la conducción de esos centros.

AGUINALDO A PARTIR DEL 17 DE ESTE MES
Los funcionarios públicos de los Incisos 02 al 27 y 29 del Presupuesto Nacional percibirán el aguinaldo a partir del 17 de junio, según consta en el decreto firmado recientemente por el presidente José Mujica en el Consejo de Ministros. En tanto, los trabajadores del sector privado cobrarán el mismo concepto durante el transcurso del mismo mes.
El texto legal dispone que a partir del 17 de junio los funcionarios públicos percibirán una suma equivalente a la doceava parte del total de las retribuciones sujetas a montepío percibidas por cualquier concepto, en el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2013 al 31 de mayo de este año.
El Poder Ejecutivo dispuso, por decreto firmado por Mujica y los ministros José Bayardi y Mario Bergara, que se pague dentro de junio el sueldo anual complementario de los trabajadores de la actividad privada, generado hasta el 31 de mayo. En tanto, el generado desde el 1º de junio hasta el 30 de noviembre se pagará antes del 20 de diciembre del año en curso.