Opinion | 18 Jun Estamos ante un rebrote del ya antiguo conflicto binacional por la instalación de la planta de celulosa UPM-Botnia, en esta oportunidad por una ampliación de menos de un diez por ciento en la producción de la pastera que dio lugar a una intempestiva reacción de la Cancillería encabezada por Héctor Timermann, en una nueva escalada ante la “contaminación” a la que vuelve a referirse el ministro ante medios de difusión argentinos, como si fuera un hecho probado y que da por sentado, cuando precisamente los informes sobre los análisis que se han efectuado --muchos de los cuales la Argentina no ha permitido difundir-- indican que los efluentes están dentro de los límites permitidos internacionalmente. Por otra parte, es claro que para nada le ha cambiado la vida a los vecinos de Gualeguaychú --principales revoltosos por esta causa—la instalación de la pastera a más de 30 kilómetros del otro lado del río.
Pero ello no ha obstado para que Timerman endureciera el tono hacia Uruguay al afirmar que “se agotó” cualquier posibilidad de diálogo en el marco del conflicto por UPM tras “cuatro años de negociación sin avance. Se agotaron todas las posibilidades de seguir negociando”, fue la respuesta que dio a la nota que el Poder Ejecutivo hizo conocer el pasado sábado y proponía “negociaciones sin dilaciones” para solucionar el conflicto bilateral generado por la decisión del presidente José Mujica de autorizar un incremento en la producción de la planta de UPM.
El nuevo pico de tensión con Argentina fue tema casi excluyente ayer del Consejo de Ministros del lunes, el que respaldó totalmente el tono y el contenido de la carta que el canciller Luis Almagro envió el sábado a su colega argentino. Pero Timerman --que sigue refiriéndose a la planta como “Botnia”, cuando hace ya mucho tiempo que es “UPM”-- reafirmó en las últimas horas que Argentina llevará el caso a la Corte de Justicia de La Haya, tal como lo había señalado el viernes, cuando calificó además de “inamistoso” el gesto de Uruguay y anunció que habría una revisión “ministerio por ministerio” de la relación bilateral.
“Nos tomó por sorpresa, no esperábamos esta decisión. Justamente se dio uno o dos días después que estuvo un importante ministro finlandés (subsecretario de Relaciones Comerciales de Finlandia, Matti Anttonen) en Montevideo reunido con las más altas autoridades uruguayas; eso llama la atención. Siempre tuvimos las puertas abiertas al diálogo. Argentina ha publicado los datos de los científicos argentinos demostrando que hay una contaminación importante. Uruguay se ha negado a informar sobre la situación en Botnia, incluso Botnia tiene condiciones muy severas sobre acceso a la planta. Es obvio que la situación de Botnia es contaminante, lo han demostrado todos los científicos”, sostuvo Timerman.
Dijo además el secretario de Estado que el problema es “político” y hay que determinar “cuál es la influencia de Botnia sobre la realidad uruguaya. No habiendo logrado desde hace cuatro años un solo avance en la negociación con los uruguayos, se han agotado todas las posibilidades de seguir dialogando después de este intempestivo aumento de la producción de Botnia. Fue sin aviso, sin nada, como si fuera en una zona que no es fronteriza”, afirmó Timerman.
Los términos en que se ha expresado el canciller de la vecina orilla reafirman la visión de que el gobierno de Buenos Aires pretende repetir una y mil veces para que en algunas mentes desprevenidas penetre como una verdad, cuando científicamente no hay ningún elemento que respalde estas delirantes afirmaciones, y en cambio todos los estudios muestran que la planta presenta la misma inocuidad que tienen sus fábricas similares en Finlandia, y este aspecto naturalmente quedó plenamente al desnudo en la Corte Internacional de La Haya, cuando no se dio lugar al reclamo argentino.
En la Cancillería uruguaya realmente existen dudas respecto a la voluntad real de Argentina de llevar nuevamente a Uruguay a la Corte Internacional de La Haya, cuando a esta altura es Uruguay el que debería haber llevado los atropellos argentinos ante la Corte, tanto por los cortes de puentes como por las violaciones a todos los derechos y tratados que existen en materia de navegación fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná-Uruguay, o por las trabas a las importaciones que violentan los acuerdos del Mercosur, etcétera. Ya el año pasado, cuando Uruguay permitió a UPM subir su producción de 1,1 a 1,2 millones de toneladas anuales Timerman había formulado idéntica amenaza que luego no se concretó.
Pero es claro que el diferendo UPM-Botnia no se limita únicamente a este tema, porque en muchas áreas somos argentino-dependientes o poco menos, y el vecino país ya se ha encargado de torpedear avances en temas que interesan sobremanera al Uruguay y que en cambio para Buenos Aires son accesorios en muchos aspectos, y los trae a colación cuando se replantea el conflicto.
En este contexto, el presidente de la Unión de Exportadores, Álvaro Queijo, señaló que los más recientes desencuentros con Argentina se ven “con preocupación”, y que “hay que tener mucho cuidado porque ya hemos tenido y tenemos situaciones con Argentina muy delicadas que han costado muchos puestos de trabajo”.
Señaló que si bien es cierto que Argentina está comprando menos productos uruguayos “igual sigue siendo un mercado importante por la cercanía que tiene. Hay muchas industrias que están muy vinculadas al mercado argentino; la textil, la industria gráfica, los plásticos, los químicos, que tienen una vinculación muy fuerte con ese país. Entonces hay preocupación, porque Argentina suele tomar medidas poco convencionales, como cerrar importaciones o instalar el sistema de declaraciones juradas previas”.
“Todo esto nos preocupa y esperemos que no tomen ese tipo de medidas como represalia; podrá haber otras como ir a la Corte de La Haya, y esperemos que se basen en las lógicas de institucionalidad del Mercosur u otro ámbito de resolución de conflictos, pero que no se confunda esto con los temas comerciales o de libre tránsito de personas y bienes con cortes de puentes o hasta la generación de problemas de otro tipo”, indicó.
Pero asimismo están de por medio acciones bilaterales, áreas de cooperación y de intereses comunes, como el dragado de los canales del río Uruguay, en los que hay acuerdo de las cancillerías pero se ha avanzado con dificultad, que hacen que este retroceso penda como una amenaza para su concreción, más allá de la instancia formal que se lleve o no a la Haya. Es en este sentido que ante la intransigencia e imprevisibilidad del gobierno de Cristina Fernández, deben adoptarse desde ya recaudos para tener un Plan B y llevarlo a cabo, antes que seguir esperando con la expectativa de una normalización de relaciones que están siempre sujetas al talante de Buenos Aires y el “patoterismo” del gobierno “K”.