Opinion | 16 Jun Hay varios factores que se conjugan para hacer que nuestro país siga afectado por la ola de delincuencia ya desde hace varios años, con particular incidencia de la participación de menores. En realidad no se trata solo de una problemática originada en la pérdida de valores por factores socioeconómicos, sino que hay de por medio elementos que permiten asegurar sin lugar a dudas que el delincuente está sobreprotegido y asimila el mensaje de que se le tiene en consideración a la hora de ser sometido a la Justicia y de rendir cuentas por su proceder ante la sociedad.
Ello surge de una benignidad extrema de las leyes, por una actuación no siempre solvente de los magistrados y de la Policía, y también porque desde las dos administraciones de gobierno del Frente Amplio se han dado siempre señales y acciones que han tendido a colocar al delincuente como una víctima y a quienes sufren sus tropelías como los verdaderos causantes del delito, al marginarlos y hacerlos actuar de esta forma.
Pero por lo menos últimamente se ha registrado una evolución alentadora de la actuación policial, tanto en lo que refiere a las acciones preventivas como a la tarea represiva, a lo que se agrega la incorporación de mejor equipamiento para las tareas de patrullaje como de inteligencia, entre otras mejoras que por lo menos revelan cambios de políticas desde esferas de gobierno.
En este contexto debe evaluarse por ejemplo la colocación de cámaras de vigilancia en lugares clave de ciudades, como es el caso de Paysandú y Montevideo, entre otras, lo que permite no solo contar con mejores instrumentos para actuar en la tarea de represión, identificación y persecución de malvivientes, sino también --por lo menos así debería ser-- en proporcionar elementos de juicio para facilitar la tarea de los magistrados actuantes.
Sin embargo, y justificadamente, el ministro del Interior, Julio Bonomi, ha transmitido recientemente su molestia a la Suprema Corte de Justicia porque el esfuerzo en esta tarea de identificación no ha tenido una contrapartida correspondiente en el Poder Judicial, donde se rechazan muchas veces los elementos que aporta la Policía para la identificación de participantes en delitos, y ello ha derivado en que fueran dejados en libertad malvivientes que han mantenido participación notoria en acciones delictivas.
Es así que en las últimas horas Bonomi entregó a los ministros de la Suprema Corte imágenes nítidas de filmaciones captadas por cámaras instaladas en el centro de Montevideo que no fueron utilizadas por los jueces penales en dos o tres casos.
Ante la evidencia de esas pruebas, los ministros de la Suprema Corte le pidieron al ministro que amplíe el informe verbal que les hizo y entregue por escrito los detalles concretos. Luego los ministros consultarán a esos jueces y resolverán si toman alguna medida, de acuerdo a lo expresado a El Observador por el ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique.
Según les explicó Bonomi, las cámaras instaladas por el Ministerio del Interior en la ciudad tienen diferente nitidez. Las instaladas en Ciudad Vieja y Centro, sobre todo hasta Río Branco, tienen una nitidez total. De hecho subrayaron que con imágenes tomadas por esas cámaras, los jueces han podido dictar hasta ahora 40 procesamientos.
En tanto, las cámaras instaladas en el Cordón, u otras que son fijas, no generan una imagen tan nítida como para identificar los rostros de las personas.
El ministro había criticado la actitud de algunos jueces por haber actuado en ciertos casos pero sin haber accedido a observar las imágenes ofrecidas por la Policía. En un programa de televisión Bonomi contó el caso de una mujer a la que en Misiones y la Rambla le arrebataron la cartera, tras llevarla a rastras a la vereda y golpearla.
Los autores fueron detenidos, pero el ministro dijo que el juez los procesó por hurto sin ver las imágenes. “Los procesó por hurto, pero hay una rapiña. Los ministros vieron el video y dijeron que era muy claro, que era rapiña. El error está en no mirarlo (el video)” antes de dictar procesamiento, afirmó.
En este caso, sin necesidad de identificación, indudablemente el magistrado pudo y debió haberse apoyado en el video, pero optó por no hacerlo, lo que indica que hay de por medio un problema de actitud que no corresponde a quien dictamina justicia, cuando dispone de elementos que aportan pruebas sobre la entidad del delito, lo que debería corregirse de inmediato a través de directivas de la Suprema Corte de Justicia, que tiene entre sus cometidos monitorear el trabajo de los magistrados y corregir desviaciones que suelen darse en todo ámbito en que, más allá de las normas, interviene el factor humano.