Opinion | 22 Jun Está claro que en Uruguay, salvo la selección celeste, existen pocas instancias que movilicen a la gente a salir a la calle y embanderarse. Los dirigidos por Oscar Tabárez ganaron un partido ante Inglaterra y se festejó como si éste hubiera significado el pase a una final. Y aunque las argumentaciones son todas válidas: que hay generaciones enteras desacostumbradas a ver a Uruguay en un Mundial, que esta selección a pesar de los altibajos ha sabido transmitir valores y amor por una camiseta, que moviliza el merchandising y los sentimientos de los uruguayos y un largo etcétera atendible, la vida sigue transcurriendo y --como decía John Lennon-- es aquello que se te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes.
En estos días, decenas de organizaciones sociales que trabajan en la promoción de los derechos humanos en Uruguay se movilizaron contra el fallo de la justicia que absolvió a un empresario que contribuyó a la explotación sexual de una adolescente de 15 años, bajo el argumento de que “no sabía que era menor”.
Esto enfureció a los grupos que han adherido a una campaña institucional que no admite tal excusa, organizada por INAU, Unicef y el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes (Conapees).
En Montevideo, decenas de instituciones marcharon hasta los accesos a la Suprema Corte de Justicia y reclamaron un mayor control social del máximo tribunal, el cumplimiento de las reglamentaciones internacionales y la normativa vigente a nivel nacional.
Las organizaciones cuestionaron, además, la naturalización existente en diversos ámbitos, tales como los estereotipos de género, culpabilización de la víctima, estigmatización al tratarlas como hábiles declarantes y mayor rigurosidad en las investigaciones.
Justamente en los últimos días, se descubrió una red de explotación sexual de menores, algunas de las cuales se encontraban bajo amparo del INAU y salvo en el caso del empresario absuelto, el juez que entiende en la causa procesó con prisión al padre de la menor y sin prisión a su madre, por incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad.
¿Y si hubieran empezado por allí, que habría pasado? Por los hogares de las menores involucradas, donde los hechos ocurren pero se mira para otro lado, o por los organismos del propio Estado que imparte campañas de difusión contra la explotación sexual y violencia, pero aparecen denuncias por palizas a los jóvenes institucionalizados o desnuda la vulnerabilidad existente con adolescentes a su cargo explotadas en sus propias narices.
Por cierto revela también que el tema no está en la cabeza de la comunidad, a juzgar por la muy escasa participación a la campaña convocada en Plaza Constitución por las organizaciones locales, después de los hechos constatados en Paysandú y confirma el alto grado de hipocresía al tratar estos temas en las redes sociales.