Opinion | 21 Jun Ni siquiera el impacto popular y periodístico que genera el Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil ha permitido mitigar la repercusión en la Argentina, sobre todo a nivel gubernamental, de los medios de difusión y de los operadores, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que dio la razón a los titulares de los bonos “buitre” --denominación despectiva inventada por el gobierno argentino en referencia a los bonos que el país se negó a pagar y renegociar en su momento, y que fueron adquiridos por fondos especulativos para obligar a que sean pagados por la vía legal-- de la deuda argentina por 1.300 millones de dólares.
A la vez por otra decisión, la Justicia estadounidense imposibilitará que el 30 de junio Buenos Aires efectúe el próximo pago a sus acreedores de deuda reestructurada en Nueva York, tras el reciente acuerdo con el Club de París, lo que deja al país con pocas opciones para evitar un default.
En una nota divulgada el miércoles por la noche, el Ministerio de Economía argentino reiteró su voluntad de pagar a los acreedores que ingresaron en los canjes del 2005 y el 2010, pero dijo que no podrá hacerlo ya que corre el riesgo de que los fondos sean embargados para abonar a quienes rechazaron las reestructuraciones.
“El levantamiento del ‘stay’ por el Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa”, señaló la secretaría de Estado, en tanto el gobierno de Cristina Fernández había señalado el martes que inició los procedimientos para realizar una nueva reestructuración de deuda para los tenedores de bonos ya canjeados, con el fin de pagarles bajo la ley local. Incluso se indicó que funcionarios viajarían la próxima semana a Nueva York en busca de llegar a un acuerdo con acreedores de su deuda impaga, luego de que la justicia estadounidense manifestó el miércoles su desconfianza hacia el país. Precisamente representantes legales argentinos tuvieron el miércoles una audiencia ante el juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, quien había ordenado pagar 1.330 millones de dólares a fondos de cobertura, conocidos como “holdouts” (“buitres” por Buenos Aires), pero Argentina llegó a la audiencia bajo la presión que significó que unas horas antes la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York levantara una medida cautelar que les permitía temporalmente no pagar su deuda a los acreedores no reestructurados.
Griesa se mostró duro con los representantes argentinos durante el encuentro y dijo que quiere un mecanismo legal para evitar que Argentina se pueda “tomar en broma” otro fallo.
Esta negociación podría ser el último intento de hallar una solución luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes una apelación de Argentina para evitar el pago ordenado por Griesa, que según las autoridades argentinas podría desencadenar reclamos de acreedores de deuda en default por 15.000 millones de dólares. Esto se debe a que los acuerdos en las “negociaciones” anteriores con los tenedores de bonos, que alcanzaron el 92% de la deuda comprometida, se lograron bajo la presión del “todo o nada” que caracteriza al patoterismo kirchnerista, por lo que era aceptar lo que imponía Buenos Aires o arriesgarse a perder todo.
La primera consecuencia del escenario que se presenta tras el nuevo pronunciamiento judicial es que Argentina no podrá abonar a fin de mes en Nueva York --como estaba previsto-- a esos acreedores que cedieron en las reestructuraciones pasadas, a menos que se pague también a los “holdouts” o “buitres”.
Además el juez Griesa dijo que presentará una orden que establezca que la propuesta del ministro de Economía de Argentina de abrir un nuevo canje de deuda viola sus decisiones previas, en tanto hasta ahora los analistas no tienen claro qué podría ofrecer Argentina para convencer a los tenedores de deuda impaga para llegar a un acuerdo, aunque todos coinciden que la situación es complicada.
Y no se necesita ser economista para evaluarlo así, aunque hay de por medio también evaluaciones políticas que tienen que ver directamente con este escenario de posible “default”, sobre todo porque el proceder de los sucesivos gobiernos argentinos ha sido el de desconocer cuanto compromiso previo haya establecido el gobierno y --en el caso de la economía-- hacer la “bicicleta” que lo ha dejado afuera del esquema financiero internacional. De esta forma se negó a honrar la deuda y al mismo tiempo continuó como si no hubiera consecuencias por esto, y convenció a las masas que lo que habían hecho era un acto heroico derrotando a las imposiciones financieras del extranjero. Y con el dinero que les sobraba por no pagar lo que debían, derrocharon en subsidios populistas y fomentaron el consumo como si fuesen del Primer Mundo.
Los mentados fondos “buitre” no son ni más ni menos que bonos de deuda comprados por agentes financieros --no todos, porque algunos los tienen desde el principio-- que pretenden se les paguen por el valor que realmente tienen, porque les asiste razón desde el punto de vista legal aunque hay cuestionamientos desde el punto de vista ético, por cuanto son fondos de especulación que compran títulos de deuda a muy bajo precio por las dificultades para cobrarlos y luego al cabo del tiempo se los pretende hacer valer por el monto original multiplicado por los intereses. Pero sobre ética, peor es no pagar lo que se debe.
“Esto tiene una sentencia definitiva y todo un esquema para hacer cumplir la sentencia. Las posibilidades de negociación de Argentina son muy bajas”, dijo a Reuters Maximiliano Castillo, director de la Consultora ACM. “No se sabe por dónde puede pasar la oferta. Tal vez se pueda extender el plazo, pagar una parte en bonos y otra en efectivo, pero son especulaciones”, añadió el analista. Y no hay mucha más vuelta que darle, por más que intempestivamente haya salido el vicepresidente Danilo Astori y hasta el propio presidente Mujica a solidarizarse con Argentina --al fin y al cabo ser “solidarios” de palabra es gratis-- y pretender que también lo hagan otras naciones latinoamericanas para “luchar” contra estos “buitres”.
Estas son las consecuencias de tomar el camino más fácil en tiempos difíciles. Afortunadamente el gobierno uruguayo nunca siquiera amenazó con dejar de pagar su deuda, aun cuando durante la crisis de 2001 muchos dirigentes de izquierda pedían a gritos que siguiéramos el ejemplo argentino, mientras organizaban marchas y pintarrajeaban los muros de las ciudades para que Uruguay se declarase en “default”. Ahora Argentina deberá hacerse cargo de sus propias decisiones “patrióticas”, mientras por suerte de este lado del río las aguas están bastante calmas.