Opinion | 24 Jun A esta altura no puede haber dudas de que mucho de las pérdidas cercanas a los 200 millones de dólares que todo indica ha tenido Ancap en el último balance --aunque todavía no ha sido divulgado oficialmente, mientras que directores del organismo entienden que deberá ser analizado desde el punto de vista “político” y no técnico-- tienen que ver con la instalación, compras y el funcionamiento de la empresa ALUR, que funciona bajo el derecho privado pero depende de la égida estatal, lo que le permite escapar a los controles administrativos y parlamentarios inherentes a las empresas del Estado.
Ocurre que en el caso de Ancap estamos ante un ente monopólico, que puede fijar precios de los combustibles a su antojo, y esta situación de clientes cautivos le permite por ejemplo tener los combustibles más caros de la región. Pero aun así tiene pérdidas astronómicas que deben enjugarse con recursos provenientes del dinero de todos los uruguayos.
Jerarcas de este organismo sostienen que lo de ALUR no puede contarse como pérdida porque es una “inversión” en la que hay que esperar el retorno a través de las ventas de sus productos, pero a la vez con este objetivo se han establecido condiciones insólitas que no podrían aceptarse por ningún privado, por más que se pretenda sostener una empresa, como es el de acordar que se compre por Ancap toda la producción de ALUR, abonando un 5, un 15 y hasta un 35 por ciento por sobre el total de los costos de esa empresa.
Es decir, que en estas condiciones ALUR no necesita preocuparse por ser eficiente, porque tiene la garantía de que Ancap cubrirá todos sus costos, así produzcan el alcohol más caro del mundo, y hasta debería sobrar plata para vanagloriarse de que deja “ganancias”, porque el negocio está asegurado. Por supuesto, como dos más dos es cuatro, esos recursos deben de salir de algún lado, y es ahí donde interviene el monopolio de Ancap, que condena a todo el Uruguay a sufrir los combustibles más caros de la región, aportando una buena cuota de “costo país” a las industrias.
Esta lógica perversa es lo único que puede explicar que se plante caña de azúcar como materia prima en una latitud en la que no se cultiva en ninguna otra parte del mundo, desde que se trata de una planta tropical, que es afectada por las bajas temperaturas del invierno que se dan en nuestro país, que sufre terriblemente las heladas y cuyos rendimientos son varias veces inferiores a las zonas eminentemente azucareras, como tenemos en Argentina y Brasil en el subcontinente sudamericano, ya en la zona ecuatorial o poco menos.
Otra cosa pueden ser explotaciones agrícolas que sí generan otras posibilidades, aunque siempre dependiendo de la eficiencia, como la elaboración de biocombustibles a partir del sorgo dulce, en el caso de la zona de Paysandú, porque se parte de materia prima a tono con el clima y suelo de la región. Pero en el caso de la caña de azúcar el escenario es mucho más problemático y la única forma de hacerlo es sustentándolo con fuertes subsidios. Y como siempre hay margen --en las empresas del Estado, obvio-- para dilapidar más dineros del pueblo, ahora ALUR no solo produce el azúcar más ineficiente del país, sino que importa el edulcorante “listo para consumir” desde Colombia. En este caso se trata de un “sueño” del director de la empresa, Leonardo de León --según expresó Marcial Laureiro, gerente comercial y de distribución de la empresa, en entrevista que le realizara El Espectador--, quien extrañaba los pancitos de azúcar en el café, y para darse el gusto los importó ya hechos y los empaquetó con la marca Bella Unión. Por supuesto, existen intenciones de comprar maquinaria para elaborarlo en sus instalaciones posteriormente, pero “por ahora estamos comprando todo”, destacó Laureiro.
Aclaró que se espera llegar a los bares y restaurantes con un envase con un espíritu “retro”, porque hace ya décadas se vendía en nuestro país este azúcar en “pancitos” y luego se fundió la empresa azucarera que los elaboraba. “El problema no es que nuestra producción no alcance, nosotros compramos el producto en esas condiciones”, aclaró Laureiro, sin ocultar que hay entusiasmo en las jerarquías de la empresa paraestatal por esta incorporación.
Y aquí es donde se percibe otra contradicción, porque ese “no es que no nos alcance” no condice con los registros aduaneros, donde ALUR figura importando azúcar crudo para refinar por 11.500 toneladas en 2011, 14.450 en 2012, y otro tanto el año pasado, lo que hace un total de unas 40.500 toneladas en los últimos tres años.
Ello indicaría que pese a que se ha manifestado y reiterado que las 8.500 hectáreas de caña de azúcar alcanzan para cubrir el mercado interno, igualmente ALUR ha tenido que importar azúcar crudo para refinar, y por supuesto que cuando se habla en esta escala no se trata de los nuevos “terroncitos para el café”.
¿Cuál es entonces el destino de esas 15.000 toneladas anuales de azúcar crudo que importa ALUR, por encima del volumen que coloca en el mercado interno para el que supuestamente le da su producción de caña de azúcar? ¿O, como se supone, se está lejos del autoabastecimiento de materia prima en el ingenio norteño? Y no se trata de cuestionar personas ni intenciones, sino de pedir transparencia en los números y en la gestión de una empresa que nos cuesta muchos millones de dólares por año a los uruguayos a través de su empresa “madre”, Ancap, y que significa varias veces las pérdidas que en la década pasada escandalizaran a la izquierda uruguaya por las estaciones de nafta Sol Petróleo que había adquirido en la Argentina --otro negocio nefasto, pero que al menos nos salió tan caros como ALUR--.
Es decir, si vamos a seguir “bancando” esta vaca sagrada, lo menos que se puede exigir es que el pueblo sepa lo que le cuesta, qué se está haciendo con su dinero y quién es responsable por los gustos que se sacan los “empresarios públicos” --vaya contradicción--.