Opinion | 23 Jun Los activistas de Gualeguaychú han vuelto al puente General San Martín, reverdeciendo sus posturas fundamentalistas en contra de la planta de celulosa de UPM-Botnia, Desde la ruta internacional 136 de Entre Ríos partió una vez más la caravana hacia el puente para protagonizar un acto reclamando que la planta Botnia-UPM debe ser desmantelada o relocalizada ya”, porque provoca un daño ambiental que “es irreversible”, según el texto de la convocatoria.
En esta oportunidad los activistas apuntaron en su comunicado tanto al gobierno uruguayo como al argentino y consideraron que “hoy nos encontramos ante un nuevo atropello del gobierno uruguayo a pactos entre pueblos hermanos”. Advirtieron que “vemos con gran preocupación las respuestas espasmódicas que ensayan nuestros representantes a dichas violaciones, manifestándose puntualmente cuando el Uruguay avanza ilegalmente en este conflicto y quedando después todo en el olvido”.
Además, reclamaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que “honre su palabra a la sociedad civil y pague esta deuda ambiental que, a diferencia de otras, es legítima”, en clara referencia a la disputa que la Casa Rosada tiene con los denominados “fondos buitre” por 1.300 millones de dólares.
Este nuevo pico de protesta se considera naturalmente una respuesta a la decisión del gobierno de José Mujica de autorizar un aumento de la producción de la planta de UPM por 100.000 toneladas, que pasa de 1.200.000 a 1.300.000 toneladas anuales, en tanto el gobierno de Fernández de Kirchner advirtió que volverá a recurrir a la Corte Internacional de La Haya por esta decisión.
En la misma línea, esta semana la Argentina también resolvió que no acudirá a la próxima reunión de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que entre otras funciones es encargada del monitoreo de la planta de UPM y de otros sectores del río Uruguay, donde se vuelcan efluentes agroindustriales fundamentalmente, como es el caso de la desembocadura del río Gualeguaychú.
Pero claro, una cosa es una respuesta “espasmódica” ante lo que en Buenos Aires se considera como una “desobediencia” de la antigua provincia que todavía considera en alguna medida bajo su jurisdicción o influencia directa, y otra que realmente el gobierno de Cristina Fernández reúna argumentos para presentarse una vez más ante la Corte Internacional de La Haya, donde ya en el primer fallo no se le dio la razón en cuanto a la contaminación que denunciara y, por supuesto, tampoco tiene elementos ahora cuando considera que un aumento en la producción del orden del diez por ciento estaría violando el estatuto del río Uruguay.
Naturalmente, los activistas de Gualeguaychú, ya absolutamente devaluados ante la opinión pública de su país, y mucho más cuando está en plena disputa el Campeonato Mundial de Fútbol, saben que su protesta por una contaminación que nunca pudieron demostrar –porque no existe, además-- no tiene ninguna repercusión si se deja pasar el momento, que es ahora, y tratan de ser noticia cuando ya han saturado a propios y extraños con sus acciones radicales y eslóganes, luego que solo un puñado de fundamentalistas tratara de mantener viva la llama tras levantar los bloqueos que violaron todas las normas del Mercosur y que siguen pretendiendo justificar.
El punto es que por más que Buenos Aires no tenga razón una vez más, y ponga de manifiesto nuevamente una actitud patotera o se trate solo de un nuevo berrinche, igualmente el potencial de generar daños en la relación bilateral es muy grande, porque están en marcha proyectos que pueden marcar un antes y un después en la logística regional, como es el dragado de los canales del río Uruguay desde el kilómetro cero hasta Paysandú, teniendo en cuenta que el gobierno de Fernández anunció que se revisará “ministerio por ministerio” la relación con Uruguay. Puede ser que no vaya más allá de una amenaza, pero no se necesita mucho más, al fin de cuentas, para retroceder en la ejecución de proyectos de interés común, sobre todo para Uruguay, y la decisión de no asistir a la reunión de la CARU es una señal de este proceso, sobre todo cuando Argentina no tiene ningún interés en dragar Martín García y, en el caso del río Uruguay, todo indica que el interés llegaría hasta Concepción del Uruguay, en el mejor de los casos.
Paralelamente, tampoco se está dando una buena señal al mundo, más allá de la región, y es así que las empresas multinacionales siguen prendiendo la luz de alerta ante la tensión entre Argentina y Uruguay. Luego de que la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana emitiera un comunicado expresando su preocupación por el conflicto y advirtiera sobre cómo éste puede afectar el clima de negocios con Alemania en particular y Europa en general, la Cámara Uruguay-Estados Unidos también expresó su disgusto.
“Es evidente que va a dificultar los negocios de exportación con Argentina”, dijo a El País el vicepresidente de esta entidad, Alvaro Scarpelli, y añadió que “algunos de nuestros miembros asumen que no pueden contar con el mercado argentino y lo fueron sustituyendo por otros”. Pero, en todos los casos, nada bueno puede esperarse en Uruguay de este estado de cosas, y no solo en la relación bilateral, sino en cuanto al clima para las inversiones, mal que nos pese.