Junta Departamental

Locales | 28 Jun Sesionó en la víspera la Junta Departamental, con la presidencia del edil nacionalista Silvano Baiz, en su última sesión en el cargo, ya que Francis Soca ocupará su lugar desde julio. Luego de una intervención en la media hora previa del edil frenteamplista Gustavo Bonifacio, quien planteó la situación de conflicto o preconflicto que enfrentan más de 1.000 obreros de la construcción en Paysandú, el cuerpo decidió recibir a los delegados del Sunca: el secretario general, Julio Cardozo, y el secretario de organización, Alcides Vega. Estos explicaron los conflictos actuales: situación anormal con el empleo de 38 trabajadores paraguayos indocumentados en el complejo habitacional “Los Teros”, quienes no solamente están en negro y cobran “menos que una empleada doméstica”, sino que viven hacinados en una casa con comodidad para cinco personas.
Al ser preguntados por los ediles sobre si no se han efectuado inspecciones, respondieron que cuando concurren funcionarios del Ministerio de Trabajo, “nunca están los trabajadores extranjeros. Hemos podido tener poco diálogo con esos trabajadores; no estamos en contra de ningún extranjero o de otros departamentos que vengan a trabajar en Paysandú, porque nosotros en la construcción hacemos tareas en todo el Uruguay. Estos compañeros no tienen ninguna documentación, o sea que no pueden hacer aportes al BPS”. Aclararon que “cada vez que se hacía una inspección los sacaban por el fondo del terreno y nunca estaban en la obra, ¡vaya casualidad que (los encargados) se enteraban de alguna forma!”
PROBLEMA EN
PLANTA DE ALUR
Los sindicalistas señalaron que en la obra de la planta de ALUR, en predio de Ancap en Nuevo Paysandú, el conflicto tiene paralizados a 650 obreros y se inició ante el reclamo de “un premio de producción (125 pesos por día efectivamente trabajado y por obrero) con el compromiso de que si no lográbamos llegar a tiempo para entregar la obra o por equis motivo, se le donara a una institución benéfica (de Paysandú) que eligieran los propios trabajadores, para así poder dejar algo de dinero en el departamento”.
Cardozo aclaró que el año anterior, luego de los reclamos y movilizaciones por la comida, “tras 26 días de conflicto la empresa Teyma (luego se agregó Sacem) se sentó a dialogar y accedió a lo que pedimos, pero hoy a un año de aquel acuerdo entraron a trabajar 75 empresas subcontratadas, contrato de grúas u otras modalidades. Hoy la obra está parada porque todas estas empresas dieron la misma respuesta, que no iban a dar ningún premio”.
Expusieron también la situación dada en el hotel cuatro estrellas que se construye en las Termas de Almirón, afirmando que “¡ojalá vengan muchas inversiones! Pero que respeten nuestra Constitución y el derecho a organizarnos, sobre todo respeten el derecho a la vida porque este conflicto se origina cuando los obreros entramos a plantear lo atinente a seguridad e higiene. Compañeros elegidos por la asamblea para negociar cuando ven que hay problemas en ambos aspectos y problemas de nuestro convenio inmediatamente son echados del lugar de trabajo, generando el repudio de la sociedad guichonense al planteamiento de esa empresa”. Intervinieron con preguntas los ediles Walter Duarte, Saúl Villagrán y René Costa del Frente Amplio, Julio Kniazev y Patricia Vásquez Varela del Partido Nacional. Tras el retiro de sala de los delegados sindicales el cuerpo decidió, por unanimidad, pasar todos los antecedentes a la Comisión de Asuntos Laborales y oficio a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
El plenario consideró el informe de la Comisión de Presupuesto sobre los incentivos reclamados por jubilados municipales, lo que determinó un documentado planteo de la bancada del Frente Amplio (a favor del beneficio) y una postura contraria en el informe en mayoría del Partido Nacional que fue aprobado por mayoría.