Opinion | 23 Jun Desde hacía meses que el INAU no era noticia. Lo había sido a partir de las numerosas fugas y sus reiterados cambios de autoridades a raíz de esta problemática, los cruces con el sindicato y las denuncias habituales de hacinamiento.
En los últimos días ha vuelto a los titulares ante una denuncia de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que desde finales de abril alerta a través de sus informes acerca de golpizas y malas condiciones de reclusión en la Colonia Berro y otros hogares de Montevideo, además de elaborar un plan de inspección de los hogares de amparo del INAU a nivel nacional.
Es que otras situaciones se han constatado en el interior del país. En Tacuarembó, una red de proxenetas explotaba sexualmente a dos hermanas alojadas en un hogar que ya habían protagonizado un caso de similares características en 2011. En el juzgado de Pando se sustancian varias denuncias por malos tratos, una de las cuales pertenece a la Inddhh, a partir de la cual volverán a citar a los funcionarios implicados, tras la separación del cargo de dos directores.
Las situaciones de irregularidad, en apariencia hechos de violencia física, continuaron luego de que un programa de televisión entrevistara a un menor que denunció esta situación y finalizaron en supuestas torturas de la dirección de ese centro.
Inmediatamente el hogar fue intervenido y las autoridades señalaron que la investigación no detectó golpizas ni el menor ratificó la denuncia en la sede judicial de Pando.
Este conflicto tiene más de dos meses y tiende a agudizarse porque en los próximos días un grupo de adolescentes presentará nuevas denuncias por violencia en el Hogar Ser, y otros cuatro que estuvieron recluidos allí hace un año solicitarán que desarchiven sus denuncias.
En medio de una situación enmarañada, el presidente del sindicato de los trabajadores del organismo, José Lorenzo López, acusó a algunas ONG que han presentado denuncias paralelamente al Inddhh, de necesitar de esta “exposición pública” para justificar las subvenciones que reciben desde el exterior.
La oposición, que también integra el cuestionado Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) sostiene un escepticismo respecto a las denuncias y se niega a solicitar la renuncia de su titular, Ruben Villaverde, que mantiene fuertes lazos con el Pit Cnt.
Como sea, cualquier acusación se deberá investigar e incluso citar a actores anteriores, como el fiscal Enrique Viana, quien había presentado una acción de amparo por las condiciones de los celdarios del Hogar Ser.
Queda bastante por resolver en un organismo que se ocupa de niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y que cada tanto reaparece en la escena pública mostrando situaciones complejas, en las que parece que algo dificultara su solución.