OPINIÓN

Locales | 29 Jun De nuestros
actuales tribunales
de justicia,
¡líbranos Señor!
EL TELEGRAFO del pasado 24 de junio informaba que según el Reporte de Competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial, Uruguay es el país de América Latina que posee el sistema de Justicia más independiente, agregando a continuación que el ranking de independencia judicial se elabora sobre la base de una encuesta que pregunta cuán autónomos son los jueces de las influencias del gobierno y de las empresas (nada dice de los colegios profesionales y de la prensa).
La primera pregunta que la información nos sugiere es quién, dónde y cuándo se realiza tal encuesta, a quiénes se les pregunta y finalmente qué calificación tienen los entrevistados para opinar acerca del grado de influencia del gobierno y las empresas en las decisiones judiciales. Y todavía nos preguntamos: ¿son éstos los únicos factores de presión?
Luego, la información contribuye a alimentar el mito de que el país tiene una Justicia de excelente nivel que funciona muy bien. Cosa que --lamentamos discrepar-- no es para nada así.
En primer lugar corresponde preguntarse qué es y para qué sirve la tan manida independencia judicial como atributo esencial --junto con la imparcialidad-- de la función judicial. Y la respuesta es, que tal atributo de la magistratura, que la ley eleva al rango de principio, constituye una garantía para que los señores jueces puedan decidir las causas que se les someten según su leal saber y entender y su conciencia, al abrigo de las represalias que pudieren tomar en su contra los perjudicados por sus decisiones, por más encumbrados que sean o más poder que ostenten. Pero en Uruguay ¿las cosas son realmente así? Y, lo que es más importante, ¿tenemos una Justicia recta y proba de calidad?
La condición necesariamente previa de hombre honesto y probo, según Sentís Melendo, debe ser anterior a la de ilustrado juez que, aunque no menos importante, no parece ser --sin embargo-- lo esencial. Y, en tal sentido, viene al caso expresar que es frecuente ver jueces a quienes parece importarles más permanecer atornillados a su sillón para poder hacer carrera, amparados en un fortísimo corporativismo de base en gran medida nepotista, manteniendo conformes, sin tener de qué quejarse, a las jerarquías de turno, que de impartir justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, según la recta aplicación del Derecho, en los casos que se les someten.
De la mano de jueces verdaderamente independientes deberíamos tener un servicio de Justicia de calidad, efectivo, predecible y --sobre todo-- justo, capaz de hacer docencia y de respetar y hacer respetar los derechos de las personas. Y la que tenemos, señor lector, crea usted que no es así.
Si lo fuera, nuestro más destacado civilista, el Prof. Dr. Jorge Gamarra no hablaría de “la lotería judicial”, ni la ex Decana y docente de la Facultad de Derecho Esc. Teresa Gnazzo hubiera llegado a afirmar en sus clases, en un sentido coincidente con el mencionado eminente Profesor, que el ejercicio profesional es “un tembladeral” (sic), cosa que cualquier práctico “barandero” bien podría corroborar en la medida en que hoy es casi imposible, si no audaz, que un abogado pueda dar --en una enorme mayoría de casos-- a sus clientes, un mínimo indispensable de certezas capaz de traer un poco de paz a sus almas, atormentadas por los avatares judiciales. Y, dejando encuestas de lado y yendo a los casos concretos, que son los que importan, habría que preguntar al periodista Carlos Dogliani, cuyo caso, iniciado aquí, dio lugar a la última reforma sobre Ley de Prensa de Uruguay, si tuvo la garantía de fiscal y juez independientes, justos e imparciales, en su caso, acá en Paysandú y aún a nivel de nuestro máximo órgano jurisdiccional. ¿Se acuerdan? Viniendo un poco más acá, un veterano abogado ya jubilado, oriundo de otros lares pero que ejerció por largos años en Paysandú, dijo una vez que en esta ciudad teníamos un Hospital Escuela y también un Juzgado Escuela y que todavía teníamos la suerte que uno de los noveles jueces que por entonces nos había mandado la Corte “todavía no había matado a nadie” con sus sentencias. En este mismo sentido, en una nota anterior afirmábamos que no es posible que uno acuda a la Justicia a buscar el amparo de sus derechos y termine siendo dañado por quien tiene que protegerlo y hacérselos respetar. Si el lector abrigase alguna duda acerca de la exactitud o no de esta crítica, tenga en cuenta que son las propias autoridades judiciales las que se han encargado de manifestar a la prensa que asistimos a una falta de vocación cada vez mayor por la carrera de la magistratura y que cada vez es más bajo el nivel de los postulantes. Y no creemos que mientan.
Si a ello agregamos que --según informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA publicado el pasado 30 de diciembre de 2013-- Uruguay posee un 70% de reclusos en prisión preventiva, sin condena y un 80% de condenados en libertad ambulatoria, a lo cual el actual Fiscal de Corte agregó que también tiene un Cerro Chato, un Arroyo Seco y un Penal en Libertad y que los funcionarios de la Oficina del Comisionado Parlamentario han admitido que éste sabe que la situación es un caos pero que si eso se divulga “ya nadie más va a creer en nada”, el panorama se completa.
Saque usted mismo las cuentas, señor lector y, por favor, le sugerimos, no crea tanto en las “encuestas” que por interesadas o equívocas por ahí no le pintan un panorama exacto de la triste realidad que nos brindan nuestros tribunales. Sobre todo en los “feudos” del Interior.
Creemos firmemente que lo único que contribuye a garantizar la independencia judicial es un pueblo “tan ilustrado como valiente”, que conozca bien sus derechos y esté dispuesto a defenderlos a ultranza frente a los mandamases de turno que se creen predestinados a ejercer el poder en una República que también creen que --de algún modo-- transitoriamente les pertenece.
Dr. Alfredo Gustavo Larrosa Olaso