Opinion | 30 Jun Desde la época colonial hasta 1934, las órdenes religiosas se hicieron cargo en Uruguay de los niños y expósitos, viudas y huérfanos. En un principio se ejecutaban las órdenes a través del Cabildo y posteriormente con los escasos recursos que recibían de la recientemente formalizada república. Con la promulgación del Código del Niño y la creación del Consejo del Niño en aquel año clave, se establecieron potestades e innovaciones para su época, tales como la creación de una justicia y defensoría especializada en menores.
La nueva Constitución aprobada ese año establecía acciones de protección hacia la familia, con medidas de amparo a la infancia y juventud “contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso”. Indicaba además que “la ley procurará que la delincuencia juvenil esté sometida a un régimen especial en que se dará participación a la mujer”.
A partir de ese código se estructuró y sistematizó una forma de actuación que estaba fuera del control total del Estado, en tanto continuó modificando con el paso de los años la normativa que atañe a la minoridad.
Los procesos dinámicos y los factores dominantes en las diversas sociedades llevaron a establecer otras instituciones que brindaran una atención integral a la infancia y adolescencia en un país que se caracteriza por la baja natalidad y por la alta institucionalización de los niños en Uruguay, si se compara con la región.
Es siete veces más que en Brasil, cuatro veces más que en Argentina y el doble que Chile. Por ejemplo: por cada cien mil niños, Uruguay tiene 409 internados y Brasil 62, de acuerdo a un informe de la Fundación Justicia y Derecho y Unicef, presentado a finales de 2013. Incluso registró “un aumento bastante desmesurado” en la franja etaria de 0 a 2 años que se duplicó en los últimos seis años.
El estado paternalista y asistencial fue descuidando otros aspectos y para solucionar diversos problemas de vulnerabilidad social, iba decidiendo la institucionalización de los menores como una salida rápida.
Ya en 1994, Unicef informaba que en nuestro país “las políticas sociales se han caracterizado más bien por la multiplicidad de programas, la falta de mecanismos de coordinación y una visión sectorialista de las necesidades”. A 20 años de aquel documento, la realidad no ha cambiado demasiado a pesar de los diferentes gobiernos y las diversas instituciones –algunas de los cuales solventan sus programas con recursos provenientes del exterior-- que deben establecer diagnósticos y llevar adelante políticas de incierta sostenibilidad en el tiempo. Ese largo proceso llevó a que la atención a esta población vulnerable hoy se observe en compartimentos estancos o como se dice popularmente atendiendo “cada uno en su chacrita”. Tal vez por eso, el resultado no resulte directamente proporcional a lo que se habla y diagnostica todos los días.