Paysandú, Jueves 03 de Julio de 2014
Opinion | 26 Jun Cuando se informó que unas doscientas toneladas de yerba mate importada en envases menores de 5 kilos habían sido retiradas de plaza a fines de abril, tras detectarse por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y el Ministerio de Salud Pública que presentaban niveles de cadmio y plomo levemente por encima de lo permitido (según Decreto 14/2013, el cual internaliza la Resolución Mercosur No. 12/2011, “Reglamento Técnico Mercosur sobre Límites Máximos de Contaminantes Inorgánicos en Alimentos), seguramente nadie pensó en dejar de tomar mate.
El consumo de esta infusión, que nos caracteriza a los uruguayos y rioplatenses, no sólo está fuertemente arraigado sino que se basa exclusivamente en la importación de yerba, puesto que nuestro país no la produce.
Desde la semana pasada, por medio de un decreto del Poder Ejecutivo, se estableció un período transitorio de 180 días para que el producto “yerba mate” cumpla con los límites máximos de contaminantes establecidos por el reglamento técnico Mercosur incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en 2013.
Asimismo, el Poder Ejecutivo creó un comité especializado interministerial con el fin de fijar pautas, planes de adecuación y elaborar informes.
Es oportuna la decisión de someter a riguroso control a la yerba mate que se importa fraccionada y envasada, como a la que se importa a granel, puesto que esta modalidad no se encuentra sujeta a los controles que se efectúan sobre los alimentos envasados.
En ese marco se establece un período de adaptación y adecuación de la yerba mate a los niveles previstos en el reglamento técnico, para lo cual se solicitará a las empresas importadoras que presenten un plan de adecuación a la normativa. Asimismo, es necesario contar con las herramientas y recursos necesarios para monitorear la situación en el futuro.
Desde hace un tiempo Uruguay ha realizado esfuerzos importantes para la reducción de plomo y metales pesados en los alimentos. Por lo tanto, es necesario efectuar los ajustes necesarios en la normativa vigente a los efectos de la optimización de los sistemas productivos. Sería importante que estos esfuerzos incluyan activamente también a otras potenciales amenazas que puedan afectar la producción de alimentos, como es el caso del uso de agroquímicos y sus efectos en el suelo y las cuencas acuíferas, con el objetivo de cumplir con asegurar la protección de la salud de la población.
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