Opinion | 02 Jul En una campaña preelectoral todavía con muy poca repercusión masiva, por cuanto después de las elecciones internas la atención de la opinión pública ha sido copada por la disputa del Campeonato Mundial de Fútbol, desde filas de la fuerza de gobierno ha sido traída al tapete la necesidad de repensar conceptos para la designación de integrantes del gabinete ministerial del futuro gobierno, priorizando capacidad e idoneidad para el cargo antes que las cuotas políticas o amiguismos tan comunes en esferas político-partidarias.
No puede soslayarse igualmente que en nuestro país la condición excluyente para que una persona sea ministro es su lealtad y afinidad con el presidente de la República, y su destitución es también una valoración política exclusiva del mandatario.
Ocurre que un presidente no es todo el partido y ni siquiera concita unanimidades hacia lo interno, y en cambio, además de gobernar, a la hora de designar sus colaboradores directos debe enviar señales y hacer de componedor hacia los grupos que trabajaron para llevarlo al poder y que además con sustento del respaldo parlamentario que se requiere para la aprobación de leyes.
Precisamente el titular del Poder Ejecutivo debe conseguir votos en el Parlamento para votar sus leyes, y a la vez cohesionar su partido, y ello explica que los cargos en los ministerios sean un aspecto sustancial para obtener un equilibrio en aras de generar gobernabilidad.
Históricamente todos los gobiernos, en mayor o menor medida, apelaron a la cuota política para designar cargos ministeriales, es decir que en este tema todos en igualdad de condiciones tanto colorados como blancos y frenteamplistas. Este aspecto de la política uruguaya ha sido estudiado en profundidad por docentes e investigadores del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales del Uruguay. “Los datos muestran que a la hora del diseño del gabinete los presidentes tienden a aplicar un criterio de justicia distributiva entre partidos y fracciones”, sostienen Daniel Chasquetti, Daniel Buquet y Antonio Cardarello en su obra “La designación de gabinetes en Uruguay: estrategia legislativa, jerarquía de los ministerios y afiliación partidaria de los ministros”, publicado el año pasado, indica El Observador.
De esta problemática también se ha ocupado EL TELEGRAFO en más de una oportunidad, pero es pertinente traerlo a colación cuando estamos en la hora de las promesas electorales y el balance entre lo que se alega en las tribunas y las prácticas que se han adoptado, porque una cosa es cuestionarlo desde la oposición y cuando nunca se ha ejercido el gobierno, como ocurría en la coalición de izquierdas, y otra distinta hacer en el ejercicio del gobierno lo mismo que se criticaba cuando no se tenía esta responsabilidad de conducir los destinos del país.
El estudio de los politólogos al que nos referimos refiere a cómo el reparto por cuota política es una práctica corriente y hasta lógica del régimen democrático uruguayo. “El presidente uruguayo buscará gobernar por ley y su relación con el (Poder) Legislativo será una de sus preocupaciones centrales. La designación y el reemplazo de ministros supondrán decisiones estratégicas donde el presidente buscará ganar y mantener respaldo legislativo”, señala la investigación.
Por su parte integrantes del equipo del candidato presidencial Tabaré Vázquez han sostenido en los últimos días que en caso de que la coalición de izquierdas acceda al gobierno por tercera vez, dejará de lado la lógica de la cuota política a la hora de las designaciones de cargos ejecutivos. Así, para nombrar ministros, dijeron que primero se valorará la capacidad técnica y profesional, y, en segundo lugar, si es posible, mantener cierto equilibrio interno en el FA, como lo manifestara recientemente el vicepresidente Danilo Astori.
Y para atenernos a situaciones vigentes, ni más ni menos, tenemos que el gobierno de José Mujica ha mantenido esa práctica del reparto por cuota al detalle. Cuando tuvo que sacar a un ministro del cargo, colocó a otro de su mismo sector del FA en su lugar. Hubo un caso extremo en el que ni siquiera conocía al postulante, cuando tuvo que relevar a Jorge Venegas en el Ministerio de Salud Pública y el Partido Comunista designó a la actual secretaria de Estado Susana Muñiz, a quien el mandatario no conocía.
En tiempos electorales, como el presente, ha llegado el tiempo de las propuestas pero lamentablemente también de los eslóganes, de los enunciados fáciles, el de como te digo una cosa te digo la otra, el de la descalificación de los adversarios, de descartar ideas a priori simplemente porque provienen de otras tiendas, y en suma, el de arrimar agua al molino propio como sea.
En los dos últimos gobiernos por cierto le ha tocado el turno a la izquierda, y más allá de errores y aciertos, como los ha tenido todo gobierno, sin discusión alguna ha caído en los mismos vicios que los gobiernos de los partidos tradicionales en cuanto a los amiguismos, y lo que es igualmente cuestionable, en el reparto de cargos por rigurosa cuota política, como había hecho asimismo en sus administraciones al frente de la Intendencia de Montevideo el Dr. Tabaré Vázquez.
En suma, lejos de nombrarse a “los más capacitados” para los cargos en la función pública en el lugar que fuera, tanto durante la Administración Vázquez como de la de José Mujica, ha primado sistemáticamente la cuota y la confianza política.
Por lo tanto, los “mejores hombres para los mejores cargos” no ha pasado de ser un eslogan electoral que contribuye a generar descreimiento en la opinión pública y es de esperar que tanto en las promesas del oficialismo, como de la oposición, se emitan conceptos y compromisos que se asuma realmente querer y poder cumplir.