Opinion | 03 Jul Aunque reafirmando el argumento gubernamental de que nuestro país está “blindado” o en una situación favorable para hacer frente a eventuales contingencias por avatares internacionales o regionales, el Poder Ejecutivo anunció con el envío de la Rendición de Cuentas que proyecta para el cierre de 2014 un déficit fiscal del 3,3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), en tanto para 2015 el mismo documento establece una proyección del resultado fiscal con un déficit global en torno al 3,2 por ciento del PBI. El déficit, cualquiera sea su magnitud, significa que las cuentas están en rojo, es decir que desde el Estado se gasta más de lo que se recauda, por el concepto que sea, por lo que este desfasaje debe solventarse con más endeudamiento o emisión de moneda, lo que no es deseable en ninguno de los dos casos, porque conlleva un compromiso adicional de fondos a los que ya tiene el país, por más reestructura de deuda que tenga.
En el documento elevado al Parlamento, que consta de un solo artículo y 14 bloques temáticos, se incluye el Informe Económico Financiero, en el que se detallan las proyecciones económicas para este año y 2015, ya señaladas en cuanto al déficit fiscal.
Ocurre que el año pasado, cuando el equipo económico presentó la Rendición de Cuentas 2012 en el Parlamento, había proyectado para 2014 un déficit de las cuentas públicas del 2,4 por ciento del PBI, y del 2 por ciento para 2015, lo que significa que se ha incrementado nada menos que un 50% con respecto a lo inicialmente proyectado.
El mensaje indica asimismo que si bien en el país el déficit fiscal se ha ampliado desde 2009, la comparación con el resto de los países de la región pone de relieve que la de Uruguay “es de las economías de la región que ha mostrado un menor deterioro fiscal”, y que aún con la coyuntura proyectada la revisión de metas fiscales “no amenaza la sustentabilidad de la deuda pública”.
Estos números, que indican como común denominador un sensible deterioro de la situación fiscal, son sin embargo relativizados por el equipo económico de gobierno, que establece como argumento que hay países que están peor en la región, lo que no es ningún consuelo si se tiene en cuenta que tenemos pegada a la Argentina, que dista de ser un modelo en materia de gestión económica, y a Brasil, que también está complicado y tiene un crecimiento mínimo este año, muy por debajo de lo esperado.
Así, en su última audición radial, el presidente José Mujica recordó que en la crisis de 2002, de cada 1.000 personas, 400 eran pobres, y que hoy en día ese número se redujo a 120. Proclamó que “de sobrevenir factores externos no estaremos nunca en el 2002, porque sencillamente tendremos espalda y confianza para soportarlo y este es un valor relevante, tan relevante que es una de las causas de las inversiones del exterior”.
Consideró asimismo que el Uruguay tuvo entre 2004 y 2014 “un crecimiento permanente de la economía” que permitió al país afrontar “sin darse cuenta” los duros choques externos como las crisis del 2008 y el 2009, a la vez de mencionarse que el desempleo se ubicó en una tasa bajísima, con el 6,5 por ciento, de nivel histórico, con un pico registrado en la crisis de 2002 de cerca del 18 por ciento.
Ostros aspectos positivos destacados por el mandatario refieren a que el precio del trabajo es el primer factor de distribución de la riqueza del país y añadió que la desigualdad de ingresos laborales se redujo de forma importante entre 2006 y 2013, mientras hay confianza en el porvenir económico del Uruguay.
Por supuesto, esta visión positiva contrasta con algunos elementos a tener en cuenta, porque se ha incrementado sustancialmente el déficit fiscal, que llegará este año a un 3,3 por ciento del PBI, cuando además se ha incrementado sustancialmente la recaudación, por efectos de una actividad económica fogoneada por la favorable coyuntura internacional, fundamentalmente, lo que indica que el gasto ha crecido muy por encima de lo que se ha recaudado de más, aunque ello no parece preocupar en esferas oficiales.
Y no debería, si este gasto se hubiera volcado a inversiones en infraestructura, que mucho necesitamos para hacer sustentable el esquema productivo nacional, muy basado en commodities que son de gran volumen e incorporan fuerte costo logístico, o se hubiera traducido en una mejor educación, a la que se han aumentado y volcado cuantiosos recursos sin la contrapartida de mejora en la calidad, o siquiera mejorado la seguridad pública o generar condiciones para dotar de mayor competitividad a la mano de obra nacional con vistas a exportar trabajo propio y no solo materia prima. En cambio, fuerte porcentaje de estas erogaciones son costos fijos para el Estado, por concepto de sueldos y prestaciones sociales --el año pasado se incorporaron más de doce mil nuevos funcionarios estatales--, lo que indica que si la coyuntura internacional se deteriora y por ende decrece la actividad económica, el Uruguay se las verá en figurillas.
De la misma forma, es plausible que se haya abatido el desempleo, y por lo demás, se sigue asistiendo a decenas de miles de personas con salarios que paga el Estado sin contrapartida de ningún tipo, lo que ha alcanzado sin embargo para que en las estadísticas se refleje esta mejora temporal como miles de personas que han “salido” de la pobreza, cuando es notorio que una vez interrumpida la asistencia estatal esos grupos volverán a situarse por debajo del umbral. Por lo tanto, la evaluación triunfal de los números no coincide exactamente con la realidad, porque no tenemos realmente mucha “espalda” para enfrentar eventuales crisis regionales, como podría ser un arrastre del default técnico argentino, simplemente porque se ha gastado incluso por encima de lo que se ha recaudado, y además es un gasto rígido que difícilmente pueda reducirse si se necesita optimizar recursos.