Opinion | 06 Jul Uruguay mantiene una de las tasas más bajas de mortalidad infantil en la región, no obstante, desde hace dos años el guarismo de 9 muertes cada mil nacidos vivos se encuentra en una meseta. La última Rendición de Cuentas, cuyos datos cerraron en octubre, indica una mortalidad de 8,8 pero si se toman los dos restantes meses, la cifra se ubica en 9,3.
Algunas de las consecuencias negativas parten del incumplimiento del 40% de las embarazadas que no asisten a sus respectivos controles en ASSE e incluso se ubica en ese porcentaje, gracias al control odontológico que instrumentó Salud Pública, ya que en 2009 era aún peor: en el 70% de las gestaciones no se llevaba control.
En la salud privada las cifras descienden a 2%, lo cual refleja “las características de la población atendida”, reza en el informe del MSP correspondiente a la última Rendición de Cuentas.
Esta realidad se extiende a la captación del recién nacido, que toma en cuenta la primera consulta con un pediatra en los diez días de vida, con el 87% en ASSE y 100% en las mutualistas o el control en el primer año de vida, con un 59% en Salud Pública y 92% en las mutualistas.
Estas realidades contenidas en el papel bajo porcentajes fríos, se sustentan en otros aspectos menos visibles donde la falta de conciencia y responsabilidad se han transformado en el núcleo duro de un problema que tiende a politizarse, como son los aspectos sanitarios.
A esta altura de los avances tecnológicos y culturales en un mundo globalizado, no debería hacer falta ninguna campaña de sensibilización para que una mujer entienda la necesidad de efectuarse controles durante la gestación, que deberá profundizar si procesa enfermedades crónicas. Y sin embargo, así parece.
Además, se observa un aumento de muertes por malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas, que sumado a los casos de prematurez, se han transformado en un llamado de alerta en las autoridades.
Según la OMS, entre un 10 y 15% de los nacimientos en Uruguay son prematuros y es la tasa más alta de la región. Los referentes ministeriales señalan la existencia de múltiples causas, tales como el peso inadecuado al momento del embarazo, enfermedades crónicas o infecciosas, abuso de sustancias como tabaco o alcohol, postergación de la gestión o utilización de la fertilización in vitro, entre otros.
Es potestad ministerial la instrumentación de campañas de prevención y tratamiento, pero es decisión individual por derecho y responsabilidad, velar por la salud propia y la del ser que se gesta.
Allí no habrá política sanitaria que valga y a pesar de las discusiones a diferentes niveles, atender la salud en este período, demostrará cuán avanzados estamos como sociedad.