Opinion | 07 Jul En su página web la Auditoría Interna de la Nación (AIN) se define como “un órgano estatal de control de organismos públicos, de sociedades anónimas y de cooperativas, funcionalmente desconcentrado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que actúa con autonomía técnica en el desempeño de sus cometidos”.
Como su tarea es controlar a sus similares, es decir a otros organismos estatales, en reiteradas ocasiones ha resultado antipática su función y aunque eso no sería la raíz del problema, lo meramente preocupante es la escasa atención que se le presta a esa labor de contralor a lo largo de los sucesivos gobiernos.
En los últimos días, se supo que la AIN cuestionó la ausencia de licitaciones en la compra de pasajes de avión que realiza la Cancillería, a lo que sumó objeciones a las justificaciones genéricas que utilizaban sus funcionarios para explicar el motivo de esos viajes. Que, por otro lado, lo hacían después de realizarlo.
Es interesante que la AIN, además de observar y cuestionar procedimientos, sugiere las mejores formas de actuación y planificación del trabajo del organismo auditado. Pero --como es común observarse hasta en la vida diaria-- la cristalinidad en los procedimientos y las exigencias de un correcto funcionamiento es para los “otros” y no para “nosotros”. Por eso, es difícil vislumbrar la efectividad de una tarea meramente técnica, si sus informes se respetan según convenga o no.
Solo algunos ejemplos cercanos en el tiempo revelan la escasa atención que se brinda a las auditorías. En 2011, el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) solicitó a la AIN un informe técnico para implementar medidas correctivas en el rubro destinado al pago de salarios, que desencadenaron renuncias de jerarcas de aquel momento. Se había utilizado el dinero de un fondo para proveer vacantes en el pago de incrementos salariales pactados en administraciones anteriores. También ese año, la AIN había revelado irregularidades en el contrato firmado entre la Armada Nacional y Ancap para la construcción de tres barcazas, a raíz de un acuerdo entre el arma con dos empresas privadas. El ente estatal había pagado una parte de las obras con portland y bitumen, lo que también resultó observado. Sin mencionar el manejo ilícito de vales de combustibles por siete millones de pesos, que finalizó con la sanción a varios oficiales.
En otros casos, el poder extiende su brazo implacable y detiene o enlentece algunas investigaciones cuyos resultados “no dejarían títeres con cabeza”. Y tal es el caso de la compra-venta del campo “El Entrevero” en José Ignacio adquirido por Lázaro Báez, socio del expresidente argentino Néstor Kirchner, cuyos documentos presentaron irregularidades. La AIN debía estudiar los incumplimientos del escribano y el inmobiliario en la transacción para que se cumpla la ley que previene el lavado de dinero.
Estos ejemplos, algunos de los cuales nunca se supo el resultado de esas auditorías --y eso también es parte del “no saber comunicar”-- generan incertidumbre en el ciudadano, a la hora de hablar de ética y cristalinidad. Y como de Pluna “mejor no hablar”, habrá que esperar sentado para ver si se aplican las observaciones del organismo que está para controlar.