Opinion | 07 Jul En los últimos días se supo que de acuerdo a un informe de la Auditoría Interna de la Nación, más de 29.000 personas, de un universo de cobertura estimado en unas 60.000, reciben la denominada tarjeta “Uruguay Social” del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) sin que les corresponda, de acuerdo a los parámetros divulgados en su momento por esta secretaría de Estado como indispensables para que los beneficiarios reciban esta asistencia del Estado.
El subsecretario del Mides, Lauro Meléndez, reconoció en declaraciones a El País que más de 29.000 personas cobran esta tarjeta sin estar en una situación de extrema vulnerabilidad socio-económica, como debe ser el caso para recibir el subsidio, pero a la vez aseguró que esta cifra se ha bajado.
Estas 29.000 personas recibieron por lo tanto dinero aportado por todos los uruguayos sin encuadrar en el escenario que ha definido el propio gobierno como el de los sectores de mayor vulnerabilidad de la sociedad, entre 60.000 hogares de bajos ingresos en todo el país, lo que indica que no ha habido mayor celo de las autoridades ministeriales para por lo menos controlar o confirmar que este dinero iba a ir a dar a los destinatarios previstos. Ese dinero es el que se detrae de cada trabajador, de cada ciudadano que cumple con sus deberes y que muchas veces no tiene la contrapartida de derechos que le es garantizada por la Constitución, simplemente porque hay políticas que en un supuesto intento de igualar, lo que se hace es generar desigualdades y se tiende a premiar a quien tiene un modo de vida en el que no encajan los hábitos de trabajo ni obligaciones de ningún tipo.
“Hasta diciembre del año pasado hicimos una refocalización de las tarjetas y bajamos un porcentaje grande que había de ese tipo (personas que cobraban y no les correspondía), una refocalización de que quien le correspondiera pudiera recibirla y a quien no le correspondiera se le sacara”, precisó Meléndez. Agregó que el año anterior el ministerio que integra hizo 67.000 visitas para la refocalización de la tarjeta. “Las visitas las hacemos todos los años porque entendemos que cada dos años la información puede modificarse, el contexto en el cual la familia se maneja. Y en esas revisiones hay caídas y subidas de categoría porque tenemos la tarjeta simple y la doble”, dijo.
De acuerdo a los objetivos del programa, esta transferencia monetaria se otorga a aquellos hogares “que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad socio-económica. Tiene como objetivo principal asistir a los hogares que tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad”.
El valor de la transferencia en su modalidad simple es de entre 684 y 1.839 pesos, de acuerdo a la cantidad de menores de edad en el hogar.
En tanto en el caso de que se tenga una situación de extrema vulnerabilidad confirmada por estas visitas, la prestación se duplica en todos los casos hasta llegar a los 3.678 pesos, haciendo un total en esta situación de 30.000 tarjetas.
Cálculos estimativos sobre un promedio y en base a estos datos, infieren que anualmente se ha efectuado una transferencia del orden de los 11 millones de dólares a personas que no están en situación de vulnerabilidad, lo que en buen romance significa que se le ha sacado dinero a cada uruguayo, muchos de ellos también vulnerables y provenientes de hogares pobres pero de contracción al trabajo, con ingresos insuficientes, para volcarlos a quienes no se caracterizan por buscar su propio sustento y hacerse un lugar en la vida, haciendo valer sus derechos pero también sin cumplir obligaciones como cualquier ciudadano.
El punto es que estamos hablando además de asistencia, de transferencia de dinero que a muchos nos cuesta ganar en nuestras profesiones y actividades, con la cuota imprescindible de esfuerzo, sacrificio y dedicación que cada uno debe volcar para encaminarse y autosostenerse, pero que sin embargo desde esta secretaría de Estado se ha estado regalando sin tener los controles eficientes que se debería tener ni identificación real de prioridades, pese a que cuenta con un ejército de personal y técnicos contratados a esos efectos, muy bien pagos y que también nos cuestan mucho dinero a los contribuyentes.
Existe, sin lugar a dudas, en este pero como en prácticamente todos los organismos del Estado, un déficit de gestión que es además el síndrome característico de quien maneja dineros que no le pertenece, que llega alegremente a gastar sin prácticamente rendir cuentas, porque las responsabilidades se diluyen en un mar de burocracia y de políticas de amiguismo y falta de compromiso con quienes sostienen este andamiaje con sus aportes, que son todos los ciudadanos que honran sus compromisos con la sociedad.
Y estos 11 millones de dólares al año, así como las pérdidas de no menos de 200 millones de dólares por Pluna, el déficit de Ancap de 150 millones de dólares este año, entre otras fuentes de fuga de dinero sin mayores controles ni búsqueda de una mejor gestión en beneficio de los contribuyentes, explica en buena medida porqué se da el déficit fiscal del 3,3 por ciento que tendremos este año, como hemos tenido en mayor o menor nivel en forma persistente, pese a la bonanza económica y la mejora en la recaudación.
Esos números abstractos, que parecería a primera vista que no nos tocan de cerca, significan que el Estado sigue dilapidando dinero y a la vez buscando recursos donde sea para financiar su gasto excesivo --tanto por cantidad como por su baja calidad--, a lo que se agrega la falta de seguimiento de hacia dónde van a dar finalmente los recursos que tanto nos cuesta generar a todos los uruguayos, sobre todo a los de a pie, sin recibir ni por asomo la contrapartida de beneficios y servicios que deberíamos tener.