Opinion | 08 Jul La posibilidad de acceder a la información de la Administración Pública las 24 horas del día, los 365 días del año, en el momento que se necesita, es una meta en la que el gobierno nacional ha venido trabajando en los últimos años.
El concepto de gobierno electrónico comenzó a usarse hacia fines de los años noventa como una manera de identificar aquellas actividades del gobierno realizadas y apoyadas a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) acaba de informar que Uruguay se ubica como número uno de la región en el reporte mundial 2014 de Gobierno Electrónico presentado por las Naciones Unidas. El reporte presenta el estado de los 193 miembros de Naciones Unidas según su disposición al gobierno electrónico e incluye dos índices: el de gobierno electrónico y el de e-participación.
En el índice global de e-Gobierno, Uruguay se ubica en el primer lugar entre los 33 países de América Latina y el Caribe y en el lugar 26 en el mundo, mejorando 24 posiciones respecto a la edición anterior (2012). Este índice mide el desempeño de un gobierno nacional en el desarrollo de gobierno electrónico con respecto a los otros países, a partir de tres componentes: la conectividad de telecomunicaciones, la capacidad humana y la prestación de servicios en línea.
¿Qué implica para los ciudadanos el gobierno electrónico? Básicamente el acceso a una serie de servicios e información del Estado a través de medios electrónicos como la red de Internet. En ese amplio panorama se inscriben logros concretos de Uruguay como tener todos los trámites disponibles en línea, 70% del volumen de trámites de la Administración Central digitalizados, soluciones de firma electrónica avanzada, e-notificación, e-Formulario y e-timbre, soluciones de ventanilla única a través de Internet (como portal.gub.uy, tramites.gub.uy, vuce.gub.uy, empresas.gub.uy) y de seguridad ciudadana (denuncia.minterior.gub.uy), Registro Único de Proveedores del Estado, Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, Centros de Atención Ciudadana, datos abiertos, plataforma de interoperabilidad con 81 servicios disponibles para el intercambio de información entre organismos, entre otros ejemplos.
Son cosas que aunque tienen soporte electrónico o “virtual” significan mejoras tangibles en lo que respecta al derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, además de la simplificación de trámites, servicios y procedimientos como una meta para aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, aumentar la transparencia y participación ciudadana. No es poca cosa.