Opinion | 10 Jul Un total de 10.889 niños y adolescentes que habían perdido transitoriamente el derecho a cobrar las asignaciones familiares volvieron a tener ese beneficio tras reincorporarse al sistema educativo. En tanto, el Banco de Previsión Social suspendió el beneficio a 15.166 jóvenes que dejaron de concurrir a sus centros de estudios. No obstante, las suspensiones bajaron a la mitad en comparación con el año 2013.
Esos son los principales datos proporcionados por autoridades respecto al tercer cruce de información que se realiza entre las asignaciones familiares y el progreso educativo en estos dos últimos años, y el primer cruce que se hace a nivel público y privado.
De acuerdo a lo expresado por el presidente del Directorio del BPS, Ernesto Murro, en el año 2007 se destinaban a las asignaciones familiares 133 millones de dólares, mientras que en el año 2013 aumentó a 223 millones de dólares. En relación a la redistribución geográfica casi el 70% de los beneficiarios están en el interior del país, cifra que en los últimos años ha venido creciendo.
Adelantó también que entre los meses de julio y agosto se van a realizar 15.166 suspensiones, que corresponden a un 3% de los 493.000 beneficiarios. Las suspensiones se realizarán por inasistencias no justificadas o la no matriculación de los beneficiarios en la educación formal. En el año 2013 se suspendió el 6%, lo que implica que este año el número de suspensiones disminuyó a la mitad.
Según datos del BPS, el año pasado se suspendieron a 41.000 beneficiarios, de ellos, 7.000 cumplieron 18 años por lo que quedaron afuera del sistema de asignaciones familiares. De los 34.000 restantes se reintegraron al sistema educativo 11.000 durante el mismo año 2013 y 6.000 se reintegraron a partir de marzo de 2014.
En tanto, un estudio realizado por el Mides señala que de los 11.000 niños y adolescentes reintegrados al sistema educativo formal el 46% son menores de 12 años (4.500 pertenecen a Montevideo), el 53% se inscribieron en el Consejo de Educación Primaria, el 34% en Secundaria y el 14% en el Consejo de Educación Técnica y Profesional.
La estadística indica que el refuerzo del control realizado en este último tiempo ha sido oportuno y eficiente porque ha permitido corregir injusticias evitando que reciban el beneficio aquellos que no cumplen los requisitos y, por otra parte, ha incentivado a numerosas familias para que envíen a estudiar a sus hijos. Es en ese sentido que la suspensión transitoria de las asignaciones familiares termina siendo un mecanismo para la protección del derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes.