Opinion | 12 Jul La reciente visita del presidente José Mujica a los lugares en que se encuentran alojadas decenas de familias damnificadas por la crecida del río Uruguay en Paysandú ha resultado sin dudas en un estímulo y en gran medida ha servido de algún consuelo para quienes se encuentran en esta situación desde hace varios días, por cuanto un jefe de Estado es quien tiene el poder de llevar adelante las soluciones, y es alentador que demuestre interés por conocer de primera mano la situación y necesidades.
Ello explica la simpatía con que la mayoría de los damnificados recibió a la comitiva presidencial en una encrucijada muy difícil, que muchos de ellos ya han vivido en otras oportunidades, y se encuentran con que en una nueva crecida del “paterno” su situación no ha mejorado.
Pero más allá de las reflexiones filosóficas, de la comprensión que expuso el mandatario respecto a un escenario realmente complejo, y de sus apelaciones a que hace falta solidaridad en personas y empresas para atender los requerimientos de este sector de población vulnerable --no la única, por supuesto-- Mujica no trajo soluciones, ni siquiera promesas y mucho menos plazos, lo que es entendible porque estamos ante una problemática que tiene muchas puntas.
Porque no se trata solo de viviendas sino que también hay un esquema de marginación, de ingresos insuficientes, de falta de hábitos de trabajo en algún caso y de déficit educativo, como un común denominador, que requiere una respuesta integral, aunque lógicamente en este momento los reclamos se centran en el aspecto habitacional, ante la emergencia que viven.
Y la experiencia indica que la solución no es el trasplante de un lugar a otro de la ciudad con viviendas regaladas por el Estado, es decir construidas mediante los aportes de todos los uruguayos, sino que se les apoye en todo lo posible para que las construyan por sus propios medios y sepan así valorar el techo que se logra con trabajo y el esfuerzo que requiere lo que se pretende en la vida.
Pero además, es imprescindible encarar políticas específicas focalizadas en sacar de la marginación a grupos que han invadido tierras fiscales para construir sus precarias casas, a veces incluso con apoyo de la propia Intendencia con aporte de materiales o simplemente aceptando que edifiquen en esos lugares, y que luego reclaman que se les dé una solución, para encontrarnos luego con que al poco tiempo de ser relocalizados esos mismos espacios vuelven a ser ocupados por nuevas familias que también reclaman solución.