Opinion | 14 Jul Uruguay no escapa a la tendencia mundial que indica que es cada vez mayor el porcentaje de adultos mayores, en cifras similares a las que se dan en el mundo desarrollado, pero naturalmente arrastrando una problemática socioeconómica de países del Tercer Mundo, lo que es una combinación que tiene sus aspectos positivos y negativos, dependiendo ello del ángulo desde el que se analice, sobre todo de cara al futuro.
De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en unos 20 años la cantidad de adultos mayores en Uruguay superará a la de niños de 0 a 15 años, acentuando la tendencia que se ha venido dando ya en los últimos años de un crecimiento porcentual cada vez mayor de los adultos mayores respecto a la población en general.
El envejecimiento poblacional responde por un lado a bajos valores de natalidad y por otro a una mejora en la atención de salud de los adultos mayores, además de haberse ido erradicando enfermedades graves que en otros tiempos azotaron a la humanidad.
Ello indica que la población seguirá envejeciendo y esto tendrá consecuencias en una diversidad de áreas, como es por ejemplo el sistema de seguridad social. En este sentido ya se percibe un impacto en el sistema jubilatorio y en el sistema nacional de salud, en la medida en que el costo de la asistencia de los adultos mayores es el más caro.
El envejecimiento de la población tiene un mayor impacto en el sistema jubilatorio cuanto más dependa de las finanzas públicas, y menor cuanto más dependa del ahorro previo, por lo que la alternativa es incrementar los espacios para el ahorro durante la vida activa potenciando los esquemas de ahorro individual, según opinión de especialistas.
Entre ellos, la directora en representación del sector empresarial en el BPS, Elvira Domínguez, advierte que los primeros problemas van a empezar a manifestarse en el año 2030, por lo que considera que se deben tomar medidas ya, y recordó que en el último diálogo nacional de seguridad social “planteamos la necesidad de aumentar la edad jubilatoria en forma paulatina, de 3 a 4 meses por año”, habida cuenta de que el BPS depende de los aportes de las personas activas pero también de lo que le remite Rentas Generales para compensar las dificultades financieras por la carga de pagos en el sistema.
Es que resulta poco menos que un delirio creer que las cosas se van a acomodar solas en el actual escenario, y es peor seguir dándole largas al asunto para adoptar las medidas que se requieren para intentar sanear el sistema de cara a las próximas décadas.
Las opciones con que se cuenta para hacer frente a esta situación no son muchas: o se logran más recursos de algún lado, o se trata de ir estirando la edad de jubilación para que el condicionamiento sea menor en el tiempo, porque además seguirá en aumento la expectativa de vida de la población.
Acumular más de 35 años de trabajo o jubilarse a los 65 años de edad son algunas alternativas posibles para una situación muy compleja que debe ser estudiada por expertos, tanto desde el punto de vista técnico como político, por cuanto no es un tema sencillo para abordar. El punto es que tal como está estructurado el sistema, los activos tendrán que cargar con un peso muy fuerte para sostener el pago de las pasividades y las medidas que se adopten deben evitar que las cargas tan elevadas alienten el crecimiento del informalismo, que es otra arista de esta problemática siempre presente a la hora de evaluar salidas.
El representante de los jubilados y pensionistas en el BPS, Sixto Amaro, también se refirió a este tema y dijo a El País que “el actual sistema colapsa en muy pocos años. La sociedad recorre una época del envejecimiento del envejecimiento. Esto, naturalmente, es uno de los elementos que está indicando que en el próximo diálogo de seguridad social, el tema demográfico es insoslayable porque afecta no solamente a la financiación del BPS sino la visión del país productivo. Las estructuras del actual sistema mixto de seguridad social obviamente no están en condiciones de dar respuesta a este proceso demográfico”.
“Tenemos que vivir más años con dignidad, y por eso se trata modificar el actual sistema de seguridad social, que dentro de muy pocos años no va a poder dar respuesta a esta situación demográfica”, advirtió, y consideró que aumentar la edad de jubilación es una alternativa pero no la única, teniendo en cuenta que a su juicio si no se desviaran los fondos del sistema, por ejemplo transferencias a las AFAPs, éste tendría menos problemas.
Hay igualmente otras posibilidades, como combinar vida activa y jubilaciones, como proponen algunos sociólogos, incluyendo por ejemplo otorgar una prestación básica a todos los adultos mayores y ajustar las tasas de reemplazo, que implica una prestación relacionada con el salario pero a la vez modificable para darle sostenibilidad al sistema, lo que requiere un análisis muy fino.
Estamos ante un escenario que --quiérase o no-- se va degradando y que hasta ahora se ha venido disimulando porque estamos todavía en una meseta o apenas una declinación en el período de bonanza, pero que presentará problemas serios tan pronto se compliquen los ingresos de recursos al sistema de seguridad social.
Por lo tanto el sistema político debe asumir cuanto antes que el tema debe dejar de considerarse un problema que deberán afrontar las próximas generaciones, por cuanto refiere ya a dificultades del presente que irán incrementándose, y de poco y nada servirá que se siga soslayando el análisis, dejando que traten de resolverlo los que vengan.
Cualquiera sea la naturaleza de la salida o combinaciones de alternativas, quien vaya introduciendo estas reformas debe adoptar medidas que no serán simpáticas y que implicarán costos políticos, por lo que es impensable transferir esta responsabilidad a un solo partido o gobierno, y por ende es preciso que todos los involucrados de una u otra forma en el tópico, caso de los representantes de todo el sistema político, representantes de organizaciones sociales, expertos en seguridad social, jubilados y trabajadores, busquen desde ya la generación de un gran diálogo para evaluar el escenario y las opciones que se presentan, para adoptar en este sentido políticas que trasciendan una sola administración de gobierno, buscando el mayor consenso posible.