Opinion | 15 Jul Aunque sea algo difícil de imaginar, Uruguay es el segundo exportador mundial de cobre entre los países no productores de ese mineral. Nuestro principal mercado es China, adonde exportamos anualmente más de 2.300.000 dólares de cobre. También le vendemos este mineral a los Países Bajos, Taiwán, España, Corea del Sur e India.
En 2014, 12 empresas vendieron “cobre y sus manufacturas” al exterior por un monto de US$ 4.830.197,22, según datos de Uruguay XXI. Paralelamente, Antel, UTE y las intendencias tienen graves problemas por hurto de cables de alumbrado público. Preguntándose de dónde sale el cobre que se exporta a razón de 10.000 dólares la tonelada, algunos actores públicos han solicitado al gobierno la prohibición de este tipo de exportaciones.
De acuerdo a la ley --que busca frenar el robo de cables de cobre-- las empresas o personas que estén en esa actividad deberán llevar un registro de cada compra o venta que realicen. El decreto parlamentario que regula dicha ley establece que el Registro Nacional de Industrializadores y Comercializadores de Cobre estará a cargo de la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Allí deberán estar inscritas las personas físicas y jurídicas “que tengan como actividad principal o accesoria la industrialización, compraventa, importación, exportación, depósito o almacenamiento de productos con cobre”. Quienes se inscriban permanecerán en el registro por dos años y posteriormente deberán realizar la renovación dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento.
Los responsables de inscribirse en el registro deberán suministrar datos comerciales, constancia de inscripción al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva o certificado de encontrarse al día con los mismos si se trata de una actividad que ya vienen desarrollando. La reglamentación también fija multas por incumplimiento que van desde 20.000 a 100.000 Unidades Indexadas, decomiso de los bienes en infracción y la baja del registro.
El establecimiento de reglas de juego de este tipo era esperada en la medida que el hurto de cables de cobre de alumbrado público o telefonía --que en muchos lugares están siendo sustituidos por otro tipo para evitar nuevos hurtos-- es un grave problema que enfrentan Antel, UTE y las intendencias, así como los propios usuarios de sus servicios.
Contar con un marco regulatorio y exigencias claras para evitar ilícitos y prácticas nocivas de compra venta era algo necesario a efectos de establecer una cierta trazabilidad del producto, por ejemplo en cuanto a la documentación e identificación de las partes que intervengan en las transacciones con esos metales. Se trata de un avance y un tema que amerita un adecuado seguimiento de los organismos competentes.