Opinion | 15 Jul Recientemente desde esferas de gobierno se ha destacado que la incorporación de elementos informáticos para la gestión del gobierno es la “verdadera” reforma del Estado, haciendo hincapié en que el informe de Naciones Unidas sobre desarrollo del e-gobierno, que mide la utilización de medios electrónicos en diferentes tipos de trámites y otras actividades, ha situado este año a nuestro país en el primer puesto en América Latina y el 26º en el mundo.
Al divulgar el informe del organismo internacional, el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa fue categórico al manifestar con entusiasmo que esta modernización es la verdadera reforma del Estado que requiere Uruguay y que está pendiente desde hace muchos años.
Igualmente, otros jerarcas de gobierno consideraron que si bien es un paso importante, la utilidad de los servicios en línea es relativa, por cuanto no se ha masificado por los usuarios o por los propios funcionarios públicos encargados de su manejo, y buena parte de la población todavía es renuente a hacerlo o simplemente ignora estos instrumentos.
Pero no debe perderse de vista que por otro lado en el mismo informe de ONU se da cuenta de que Uruguay cayó varios puestos en la región y en el mundo por sus insuficiencias educativas, lo que por cierto es un aspecto muy importante. Y a fin de cuentas, una reforma del Estado debería ser mucho más que avances en e-gobierno, que equivale a la simplificación de trámites para quienes tienen la posibilidad de hacerlo. Debería lograr que por esta vía retroceda la burocracia en el sector público en todas sus áreas.
No debe olvidarse que estamos ya superando una década completa de bonanza, y en la que se contó por lo tanto con ingresos adicionales que hubieran permitido llevar adelante verdaderas reformas estructurales mediante una redirección del gasto para tener un colchón donde apoyarse ante un eventual sacudón inicial cuando cambie la coyuntura.
Y entre los grandes temas que debieron haberse encarado en este período figura el de la reforma del Estado. En su momento el expresidente Tabaré Vázquez anunció que pondría en marcha la “madre de todas las reformas” del Estado, pero transcurrieron los cinco años de su mandato y el intento quedó solo en la promesa. No hubo decisión política para hacer frente al desafío de ponerse en contra de los sindicatos que fueron durante años los socios de la coalición de izquierdas para llegar al poder.
El advenimiento del segundo gobierno del Frente Amplio debió haber sido por lo tanto en teoría el período de consolidación de esa reforma, pero al no haber sido siquiera empezada quedó para el presidente José Mujica el desafío de por lo menos empezarla. Pero han pasado los años y ni siquiera se ha arañado la cáscara del Estado.
Seguramente la gran mayoría de la ciudadanía uruguaya tenía la fundada expectativa de que por fin se iba a intentar algo serio para cambiar el “paquidérmico” Estado, como lo calificara el actual jefe de Estado, teniendo en cuenta que significa un obstáculo formidable para el desarrollo y pesa gravosamente sobre la economía.
Al principio de su mandato Mujica intentó de alguna forma convencer a determinados sectores de la coalición, sobre todo a los radicales, respecto a que una reforma sería muy beneficiosa para el país, para tender a un Estado eficiente y reducido solo a lo necesario, lo que a la vez redundaría en un fortalecimiento del sector privado, que es el que crea la riqueza, dejando al Estado actuando solo en las áreas estratégicas o en las que no hay interés del actor privado.
Pero hay de por medio evidentemente un conflicto de intereses y prioridades, porque hay sectores que intentan dejar todo como está, para así seguir aprovechándose de los beneficios de trabajar para el Estado pero sin asumir la contrapartida de responsabilidades hacia todos los ciudadanos uruguayos, que son en teoría sus patrones.
No puede obviarse que --como sabemos todos los ciudadanos-- los sindicatos de funcionarios públicos no quieren ni hablar de reforma, aunque dijeron que deben ser consultados antes de que se haga algo, por mínimo que sea. Es que simplemente sus intereses particulares están en juego en este tema, e históricamente se han opuesto a cualquier venta, asociación o medida relacionada con algún cambio en el Estado que --aunque sea remotamente-- pueda afectar su situación, sus beneficios y sus condiciones de trabajo.
Peor aún, la plantilla de funcionarios públicos es tan excesiva como inamovible, y encima ha crecido nada menos que 22% en los últimos nueve años, correspondientes a las dos últimas administraciones del Frente Amplio, con evidente deterioro además en el funcionamiento de gran parte de las dependencias estatales y con falencias en áreas como salud y seguridad.
El presidente Mujica ha señalado que no ha podido encarar una reforma del Estado porque los sindicatos no lo dejan, justificando en su óptica la marcha atrás de su gobierno ante el drástico rechazo sindical, porque si bien tiene el convencimiento de que algo debe hacerse respecto al Estado --en su momento dijo que debería hacerse algo parecido a lo que se ha hecho en Nueva Zelanda-- no está dispuesto a pagar el costo político de ponerse los sindicatos en contra, los que precisamente durante años hicieron acumulación de poder para llevar a la izquierda al gobierno.
Por lo tanto, “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, como sostiene el refranero popular, y un positivo avance en el e-gobierno dista un abismo de lo que realmente se necesita en nuestro Estado, que sigue requiriendo algo como aquella prometida “madre de todas las reformas” y no solo un pasito modesto de e-gobierno en el muy largo camino que hay para recorrer.