Opinion | 20 Jul Con un trasfondo de coimas, tráfico de influencias, y presiones sobre directores de hospitales para que “a prepo” contrataran servicios de cooperativas de funcionarios, así como para que determinadas empresas cobraran antes que el plazo establecido en el régimen de pagos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en las últimas horas se concretó el procesamiento –en este caso sin prisión, aunque el fiscal lo pidió-- del representante del sindicato de funcionarios de Salud Pública en el directorio del organismo, Alfredo Silva, y con prisión de Heber Tejeira, encargado de la Comisión de Tercerizados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, así como de varios empresarios que pagaron las coimas y otros dirigentes de cooperativas de funcionarios.
“Te dejé el sobre para que comas un asado”, le avisó por teléfono el dueño de una empresa de seguridad a Heber Tejeira, “¡Esto da para mucho más que un asado!”, respondió con alegría Tejeira, sin saber que investigadores de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol registraban la charla como prueba de delito.
La corrupción probada por la Justicia en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) aceleró la salida de Alfredo Silva del directorio del organismo, que ocupaba en representación de los trabajadores. El Pit Cnt convocó en la misma noche de los procesamientos, el viernes, a una conferencia de prensa y comunicó la decisión de relevar del cargo al representante del sindicato de Salud Pública.
El juez Néstor Valetti procesó sin prisión a Silva por un delito de conjunción del interés personal con el público y a Tejeira con prisión por el mismo delito y por cohecho.
El artículo 161 del Código Penal establece que “el funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que debe intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR a 10.000 UR”.
El caso es que, según probó la Justicia, Silva se interesó en beneficiar a varias empresas, entre ellas, La Buena Estrella, según el testimonio de una decena de testigos e indagados. Uno de los testimonios clave fue el de su adjunto, quien admitió que algunas empresas gozaban de trato preferencial. Además el fiscal solicitó citar a declarar a la ministra Susana Muñiz, quien ocupaba el cargo de directora del Interior de ASSE cuando se concretaron las contrataciones; a la presidenta de ASSE, Beatriz Silva, y al resto del directorio del organismo para pedirles algunas explicaciones.
Es que en este caso se comprobó que hubo dos tipos de maniobras delictivas. Por un lado, presiones de Silva y Tejeira a los mandos medios de centros de salud para que contrataran a La Buena Estrella, una cooperativa que brindaba servicios de limpieza y seguridad y que sobrefacturó más de US$ 100.000 entre 2010 y 2011 en el hospital Maciel.
Por otro, Tejeira cobró coimas a empresarios para que ASSE agilizara los pagos a otras cuatro empresas que habían sido contratadas en otros hospitales. El prestador estatal de salud paga cada 90 días a las empresas contratadas y Tejeira lograba adelantar los cobros. Para ello, se comunicaba con el adjunto de Silva y la secretaria del contador de ASSE.
Esta historia de corrupción tiene como antecedente el desmantelamiento de la empresa Clanider. En mayo de 2010, la Justicia procesó al director de la empresa, Gabriel Leindekar, y a la administradora del hospital Maciel, Lucía Zagía, por sobrefacturación de horas de limpieza. Con el impulso de Silva y de la FFSP, los extrabajadores de Clanider formaron una cooperativa para mantener las fuentes de trabajo. Nació así La Buena Estrella, que ese mismo año fue contratada de forma directa para realizar la limpieza del centro de salud.
Esta es apenas una apretada síntesis del cúmulo de irregularidades y maniobras delictivas en el ámbito de la Salud Pública, nada menos, que incluye presiones y actos de neto “patoterismo” protagonizados por Silva y sus colaboradores en la persona de directores y mandos medios de hospitales, porque en la óptica del representante de los funcionarios y sus compañeros, la “buena causa” admitía que pasaran por arriba las formalidades y si se podía poner algún peso en el bolsillo también.
Pero más allá de estas responsabilidades penales comprobadas por la Justicia y las que surgirán de la investigación que aún continúa, hay responsabilidades y actitudes que no pueden soslayarse, empezando por los directores y mandos medios presionados, que no reaccionaron a la altura de las circunstancias cuando eran objeto de verdadero chantaje por dirigentes sindicales que constituyeron una verdadera asociación para delinquir.
Por otro lado, desde el ámbito político, que el Frente Amplio esgrimió como uno de sus argumentos recurrentes para llegar al gobierno que en sus filas no podía haber corrupción y que al que se comprobara que metía la mano en la lata “se la cortaremos”, según dijo en su momento el expresidente Tabaré Vázquez y en cambio lo que se ha puesto de relieve es que hay renuencia a admitir que efectivamente han existido irregularidades y hechos delictivos, en tanto en otros se ha premiado con nuevos cargos a quienes fueron cesados y a exjerarcas se les organizaron caravanas de desagravio pese a los procesamientos.
Y peor aún, anteriormente, cuando se denunciaron hechos delictivos en ASSE, en Pluna y en Casinos del Estado, la actitud de dirigentes y legisladores de la coalición gobernante fue primero la de negar tal posibilidad atribuyéndole intenciones aviesas a la oposición, y la constante fue bloquear en todos los episodios la formación de comisiones investigadoras parlamentarias que tanto había reclamado la izquierda cuando estaba en la oposición.
Quedó por el camino sin dudas la pretendida “transparencia” que se reclamaba a los otros, evidenciando que estábamos ante eslóganes y actitudes panfletarias que la realidad se encargó de hacer trizas, simplemente porque nadie tiene el patrimonio de la verdad y la probidad, y lo que sí corresponde –que no se ha dado en estos casos-- es ser consecuente con lo que se predica, en lugar de practicar el viejo dicho de buscar la paja en el ojo ajeno, mientras se resiste a ver la viga en el propio.