Nacionales | 22 Jul El juez Néstor Valetti decretó embargo genérico para el exdirector de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alfredo Silva -procesado sin prisión-, así como para el funcionario Heber Tejeira -procesado con prisión- y los ocho empresarios procesados. El embargo para los procesados sin prisión es de 200 Unidades Reajustables (146.054 pesos), mientras que para Tejeira es de 500 Unidades Reajustables (365.135 pesos). Según informó El Observador, los trabajadores de la cooperativa La Buena Estrella ofrecieron un testimonio en la causa penal que fue clave para determinar el procesamiento de Silva y de Tejeira.
“Cuando surgía algún problema, como de licitación de algún hospital nos asesoraban e incluso como había cosas que no sabíamos, los llamábamos para asesorarnos, más frecuente era el contacto con Tejeira”, dijo uno de los trabajadores. “Ellos siempre estuvieron, nos dijeron que iban a estar siempre ayudándonos, porque eso era algo de los trabajadores y de ASSE y después cuando empezaron a surgir los problemas de la facturación, que nosotros todos los meses mostrábamos las facturas de las horas que no nos pasábamos y el hospital decía que sí, ellos dos desaparecieron, no nos contestaban, fue como si dijeran ‘arréglense como puedan’”, aseguró otro de los funcionarios. En tanto, una trabajadora de La Buena Estrella confesó que se presentaron a una licitación en el Hospital de La Piedras incluso sin tener habilitación. Cuando el juez les preguntó si Silva tenía conocimiento de esto, respondió: “Sí, siempre estuvo enterado, nunca hacíamos nada que no pasara antes por Silva y Tejeira. Nuestras reuniones siempre eran con Tejeira o Silva”.
Asimismo, tal como fue adelantado, el juez hizo lugar al pedido del fiscal para citar a la ministra de Salud, Susana Muñiz, por haber enviado un correo electrónico al director del Hospital de Rivera recomendando la contratación de La Buena Estrella. En ese momento, ella era encargada de los hospitales de ASSE del Interior. También se hizo lugar al pedido de citar a la presidenta de ASSE, Beatriz Silva.

UNA COMISIÓN PARA DEFINIR EL NUEVO
DIRECTOR DE ASSE
Tras una reunión de la mesa representativa del Pit Cnt, el coordinador de la central sindical, Fernando Pereira, aseguró que se creará una comisión para definir quién ocupará el cargo como director de ASSE en representación de los trabajadores, luego que la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) propusiera al Pit Cnt realizar un cuarto intermedio para resolver el nombre del nuevo director.
“El movimiento sindical ha sido claro, contundente y sereno a la hora de reemplazar un compañero. Claro, contundente y sereno a la hora de no prejuzgar y esperar a que la Justicia haga su trabajo”, dijo Pereira en referencia al procesamiento de Silva. Sin embargo, aseguró que trabajarán para que la representación de los trabajadores en los organismos públicos “sea la mejor posible”. Con el procesamiento de Silva, “hay un antes y un después. Vamos a analizar punto a punto nuestras representaciones, porque en el mundo de conflicto muchas veces no nos detenemos a darle la importancia que tiene estar representados en organismos tales como el de la educación, la seguridad social, el de ASSE”, indicó Pereira.
El dirigente reconoció que el Pit Cnt “falló” al no hacer un seguimiento de los equipos de representación de los trabajadores, lo que ha perjudicado la imagen del sindicato. “Todos entendemos que tenemos que encontrar equilibrios que permitan darle seriedad, transparencia y credibilidad a la representación de los trabajadores”, sentenció Pereira.

JOSÉ MUJICA ACEPTÓ LA RENUNCIA DE SILVA
Tras el Consejo de Ministros, en conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, confirmó que el presidente José Mujica recibió la renuncia de Alfredo Silva a su cargo como representante de los trabajadores en el directorio de ASSE para el que había sido designado en 2008 con venia parlamentaria. Añadió que el mandatario firmará la aceptación de la renuncia en las próximas horas.
El jerarca reafirmó que el Poder Ejecutivo, el MSP y la propia ASSE realizarán las investigaciones administrativas pertinentes y se instruirán los sumarios que correspondan a los empleados que resulten involucrados en el caso. También indicó que se estudiará el caso de las empresas cuyos responsables fueron procesados por la justicia del Crimen Organizado, tema en el que ahondó posteriormente la ministra de Salud, Susana Muñiz.
Guerrero adelantó que si alguna de estas empresas sigue siendo contratada por algún hospital del Estado, se tomarán las medidas pertinentes, y aclaró que la firma Buena Estrella no brinda servicios desde hace mucho tiempo a hospitales públicos. En ese marco, hizo especial hincapié en subrayar que desde el Gobierno no se cuestiona la herramienta de la participación de los representantes de trabajadores en organismos como ASSE, pero admitió que es necesario “mejorar la legislación sobre el particular”. Aclaró que las investigaciones que se hacen a nivel administrativo no tienen las herramientas que sí tiene la justicia penal y el Crimen Organizado.
Guerrero aseguró que Mujica confirmó su apoyo tanto a la ministra Muñiz como a Beatriz Silva, presidenta de ASSE, y adelantó que no habrá consecuencias para estas jerarcas.
Respecto a los pedidos de renuncia de estas dos autoridades de los partidos Nacional y Colorado, Guerrero reafirmó que los ministros y los directores representantes del Poder Ejecutivo en los organismos como ASSE los nombra el presidente de la República y afirmó que “el presidente está totalmente conforme con la actuación tanto de la ministra como de la presidenta de ASSE”.

MUÑIZ MEJORARÁ LEY DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, explicó al término del Consejo de Ministros que ya se estableció una comisión para revisar la ley de representación de los trabajadores en ASSE, en busca de mejorar una herramienta que funciona bien en otros organismos. Enfatizó que el ministerio a su cargo debe garantizar la continuidad de los servicios de salud del Estado, para lo cual tiene la garantía asegurada por toda la dirección administrativa y ejecutiva de ASSE. Añadió que brindó las garantías de que se colaborará con la justicia en lo que sea solicitado por los actuantes en el proceso que se lleva adelante por presuntas irregularidades en ASSE. Además informó la necesidad de revisar la ley de representación de los trabajadores en ASSE, según el consenso de sus pares en el Gobierno. Aclaró que esto no implica que existan cuestionamientos a esa figura de representación, ya que en otros organismos funciona bien, sino que se revisará particularmente los términos de la ley de creación de ASSE. Por eso ya se conformó un grupo de trabajo que estudia los aspectos que se deben mejorar para brindar mayor garantía, apuntó.
Muñiz señaló que la ley de creación de ASSE establece un director en representación de los trabajadores y otro de los usuarios. En el caso de los trabajadores se permite que sea activo, por lo que se conformó una comisión para revisar esta situación. Una de las opciones puede implicar que se establezca que el representante de los trabajadores sea alguien que haya prestado funciones en ASSE, pero que ya se haya retirado para evitar así la contraposición de intereses.
A nivel de los controles, Muñiz señaló que es una preocupación constante de su gestión, y al respecto informó que se realizaron investigaciones administrativas que dieron como resultado la necesidad de asumir mejoras en los procesos. Aclaró que no se llega a las mismas conclusiones mediante una investigación del Poder Ejecutivo que a través de una investigación judicial, ya que se utilizan otras herramientas. Desde hace más de un año las empresas cuestionadas ya no prestan servicio en los hospitales del Estado, concluyó.

DENUNCIAS: VENTA DE VIRGINIDAD DE NIÑAS
El INAU presentó 60 denuncias de explotación sexual infantil en todo el país, entre ellas, las que corresponden a la zona oeste de Montevideo, donde se registra el pago por niñas vírgenes y la entrega de adolescentes a hombres a cambio de una vivienda. Estas imputaciones surgen del estudio realizado por el Comité Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial (Conapees), informó Subrayado.
El informe detalla que, por ejemplo, un hombre puede llegar a pagar 1.000 pesos a una familia por la virginidad de su hija de 14 o 15 años o entregarles una vivienda para que la joven sea su pareja. También revela casos de menores obligados a generar material pornográfico, espectáculos eróticos o a prostituirse en la calle.
En declaraciones a Subrayado, Luis Purtscher, coordinador del estudio, señaló que el número de denuncias ha aumentado en los últimos años. En 2012 el organismo denunció 42 casos y 70 el año pasado.