Opinion | 27 Jul Los partidos políticos uruguayos carecen de un control de sus gastos financieros en las campañas electorales, de hecho en algunos casos no han considerado prioritario su divulgación y es desconocida su mayor fuente de ingresos, con la excepción del obvio aporte de simpatizantes y dirigentes.
Durante la pasada campaña por las internas, la senadora Constanza Moreira remarcó que “sería indispensable para la democracia, saber cuánto gasta cada candidato en la campaña. Dinero y política: una relación a transparentar” y en el mismo sentido lo hizo la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier. La dirigente cuestionó los recursos utilizados por el Partido Nacional y el Partido Colorado y aseguró que “en esa propaganda invierten sumas de dinero alarmantes. Es tiempo de saber cómo se financian”.
Bordaberry contestó a través de las redes sociales y expuso que para las elecciones internas “pauta en TV Mayo: FA 20% (549K); PN 65% (1778 K); PC 14% (382 K). La paja en el ojo ajeno ¿y la viga?” Desde el Partido Nacional no hubo respuestas a su cuestionamiento.
La Ley 18.485 establece el aporte del Estado a los partidos con representación parlamentaria e incluso el financiamiento privado. “Las donaciones deberán quedar registradas en la contabilidad de los partidos políticos, sectores internos o listas de candidatos y en ningún caso podrán deducirse a efectos fiscales”, dice la norma.
El asunto no está instalado en la sociedad, en tanto no se escuchan reclamos por una mayor transparencia. No obstante, ha sido posicionado por algunos politólogos que recuerdan lo ocurrido en 2009, cuando el Hotel Conrad hizo una donación de igual cantidad de dinero para los tres partidos mayoritarios, pero después aparecieron cifras diferentes. Posteriormente, la empresa aclaró que aportó en partes iguales.
Claro que se habla de transparentar los gastos en propaganda política, aunque no sería inconveniente blanquear la recaudación en general de cada partido. Tal y como lo deben hacer las empresas que declaran ante los organismos competentes y reciben inspecciones.
Algunos analistas explican que la falta de cuestionamiento de la sociedad hacia la transparencia de los ingresos partidarios, tiene una relación directa con la legitimidad del sistema político. Sin embargo, falta una legislación que permita conocer más allá de los números para que se puedan ver “las caras”, pero también “los corazones”.
De lo contrario cualquier aportante anónimo, con ingresos de dudoso origen, contribuirá amparado en el “dejar pasar” de un aspecto relevante, mientras solventan a candidatos con chances de gobernar a un país y que llegado el momento deberán “dejar hacer” por los favores recibidos en dinero, durante una campaña.