Opinion | 26 Jul Cuando todavía está en marcha la instancia judicial en procura de desentrañar la maraña que se ha montado en el manejo del poder en la Administración de los Seguros de Salud del Estado (ASSE), donde el representante de los trabajadores en el Directorio, el ahora procesado Alfredo Silva, había instalado un centro de poder paralelo que se imponía por sobre el de los demás integrantes del organismo y hasta ejercía presión por elevación sobre otras áreas del propio Ministerio de Salud Pública, entre las interrogantes pendientes se plantea sin dudas hasta qué grado están comprometidas otras jerarquías de gobierno por acción o por omisión, debido a consideraciones político-partidarias e intereses creados.
Todo indica que en la investigación judicial en proceso seguirán surgiendo elementos de juicio a tener en cuenta para determinar lo que realmente ha ocurrido en ese ámbito, aunque subsistirán puntos oscuros cuando hay de por medio responsabilidades compartidas y negaciones a efectos de preservar chacras de poder. Pero de lo que se conoce hasta ahora surgen hechos sólidos que permiten evaluar en su perspectiva real no solo los componentes delictivos en juego, sino también decisiones políticas que amparadas en concepciones ideológicas buscan satisfacer a sectores que han establecido feudos en las respectivas áreas, formando un país paralelo e impenetrable hasta para el propio Poder Ejecutivo y los legisladores de la izquierda.
En el caso de Salud Pública, es notorio que se está ante un feudo radical, al punto que cuando la renuncia obligada del anterior titular, Jorge Venegas, quien designó a su actual sucesora fue el Partido Comunista, entre cuyos cuadros este partido minoritario eligió quien ocupará el puesto de ministro y así se lo comunicó al presidente José Mujica, quien lo que hizo fue refrendar simplemente la designación, a efectos de evitar problemas en la interna del oficialismo, más allá de la idoneidad o no de la secretaria de Estado.
Los tejes y manejes de Alfredo Silva y su organización, sin embargo, constituyeron la gota que desbordó el vaso, sin dudas, pero el punto es que desde el propio ministerio, ASSE y del Poder Ejecutivo se dejó que se llegara a este extremo sin mover un dedo con tal de no irritar al director ahora procesado y a la red que dependía de sus manejos. Recién cuando actuó la justicia a partir de la denuncia de la oposición y una funcionaria, con los resultados expuestos hasta ahora, fue que otros integrantes de ASSE y desde afuera del organismo empezaron a revelar testimonios que confirmaron la forma de actuar prepotente y hasta patoteril de la banda encabezada por Silva, quien hacía y deshacía en ASSE, con el apoyo de la dirección de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, de la cual ya se conoce su poder de coacción.
Evidentemente estos elementos estaban en conocimiento del gobierno, uno de cuyos integrantes reconoció recientemente que “algo se sabía”, pero que no se fue más allá hasta no tener elementos, que solo surgieron aparentemente cuando se expidió la Justicia, lo que es poco creíble. Mientras tanto el propio Pit Cnt, autoridades ministeriales de ASSE, el MSP y el gobierno fueron omisos en cuanto a actuar a tiempo para evitar que la sangre llegara al río y no siguiera el tráfico de presiones, influencias, amenazas y coimas que se generaron impunemente.
El punto además tiene que ver con la gestión de los organismos públicos, donde se diluyen responsabilidades, de abajo hacia arriba y viceversa, y la ahora cuestionada forma de participación de los representantes de los trabajadores, que tienen voz y voto y además apoyo político en sectores del oficialismo que por motivos ideológicos centran todas sus acciones en la cuota de poder que se genera en estos organismos.
En el caso de ASSE, donde los representantes sociales deberían tener la representación de los trabajadores y los usuarios, es claro el efecto negativo que representa el poder excesivo en manos de los gremios que por supuesto sólo buscarán multiplicar ese poder priorizando a los funcionarios de la federación, dejando en un segundo plano lo que realmente debería importar que es el usuario de la salud estatal. Y para lograr sus objetivos son bien conocidas las herramientas con que cuenta un sindicato, desde que un enfrentamiento en la Salud bien puede significar la paralización de todo el sistema con cualquier excusa, de la misma forma que actualmente sucede con la distribución y envasado del gas, por ejemplo, que determina que cada vez que una ola de frío cubre al país, haya desabastecimiento de este energético por algún reclamo de los trabajadores. Solo que el efecto de una medida extrema en el sistema hospitalario, sin dudas es mucho más grave aún.
Este esquema perverso se genera porque se da intervención en la gestión a los representantes de los sindicatos de cada sector, que naturalmente, no defienden el interés general, sino el de sus afiliados. Por lo tanto, en este escenario en el que fue omiso, igualmente el gobierno tiene la posibilidad y --más aún-- el imperativo de corregir esta distorsión que conspira contra el manejo de organismos y empresas que deben estar al servicio de todos los uruguayos y no del sindicato que desde adentro golpea más fuerte el puño sobre la mesa, para hacer que en ámbitos como ASSE y la enseñanza, entre otros organismos, así como en empresas del Estado que tienen representación de los sindicatos, se encare una gestión en la que se priorice el interés ciudadano.