Nacionales | 24 Jul Un estudio jurídico presentó una denuncia penal contra una cooperativa integrada por el director del hospital de Young, Juan Pablo Apollonia, que contrataba servicios a terceros que no se realizaban pero se facturaban, informó el diario El País. Las irregularidades detectadas en hospitales públicos a partir de la sobrefacturación de la empresa “Buena Estrella” y del procesamiento del director de ASSE, Alfredo Silva, derivó en otra denuncia penal por irregularidades en el hospital de Young.
El juez Letrado de 2° turno, Fabricio Cidade, quien acaba de asumir en esa ciudad, dijo al matutino que envió el expediente del caso al Ministerio Público para contar con la opinión del fiscal y que no descarta pasarlo a la justicia de Crimen Organizado.
La abogada representante de un estudio jurídico de Montevideo que presentó la denuncia y que solicitó mantener su identidad en reserva señaló que “la denuncia en principio estaba dirigida al director de ASSE Silva, pero oportunamente nos advirtieron que estaba implicado en una serie de maniobras y optamos por radicarla en el juzgado de Young el miércoles 16 de julio. Luego del procesamiento de Silva, varias personas se acercaron dispuestas a brindar su testimonio por lo que hoy ampliaremos esa denuncia”. Añadió que el documento contaría con varios elementos probatorios vinculando a una cooperativa que trabaja para el hospital. “Fue formada a instancias del director del hospital con personas que integraban una lista de desocupados del Mides, sin formación alguna” subrayó.
La cooperativa se encargaría entre otras tareas de la contratación de terceros para el cumplimiento de diferentes servicios, algunos de los cuales son cuestionados en el escrito como que nunca se realizaron, pero igualmente se cobraron. Otra denuncia apunta al traslado diario de pacientes. Se estaría pagando a una empresa privada por vehículos que no estarían en condiciones, mientras el hospital cuenta con cuatro nuevas ambulancias. Este tema en particular fue denunciado a las autoridades de ASSE y al Movimiento de Usuarios, pero al día de hoy no han tenido respuestas. En tanto, el director del hospital, Apollonia, que se encuentra en Buenos Aires, estaría viajando en las próximas horas para interiorizarse del asunto.

INFORME OFICIAL DEL
SISTEMA CARCELARIO
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, presentó el informe de situación 2013 que reveló que hay 9.771 personas privadas de libertad en Uruguay y de esta cantidad, solo 656 son mujeres. Del total de presos, hay 4.263 que son primarios (44%), en tanto el resto son reincidentes, informó Subrayado.
El documento detalló además los delitos más comunes cometidos por la población carcelaria. Del total, 5.309 (54%) cometieron delitos contra la propiedad, 2.172 (22%) contra las personas, 1.265 (13%) vinculados con drogas, 482 (5%) sexuales y 991 (10%) otros delitos. Además indicó que 3.351 presos (34%) trabajan, 2.083 (21%) estudian y 1.257 (13%) trabajan y estudian. El resto ni estudia ni trabaja.
En 2013 se concedieron 654 salidas transitorias, la mayoría para trabajar. En cuanto a las edades, la mayoría de los reclusos (65%) tiene entre 18 y 35 años. Además ese año bajó el hacinamiento y con las obras en marcha (nuevos módulos y cárceles), se eliminará este problema de la población reclusa.
Garcé señaló que “durante el 2013 disminuyó el hacinamiento y se registraron avances hacia la creación de un sistema nacional de cárceles, aumentó la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión preventiva, las autoridades penitenciarias comenzaron a adoptar medidas contra la corrupción, disminuyó el número de muertes violentas en las distintas unidades, se incrementó significativamente la cantidad de internos/as que trabajan o estudian y, sin violar la laicidad, fue ampliamente promovida la vida religiosa de las personas encarceladas”. En cuanto a lo negativo, subrayó que “en Comcar se produjeron dos ejecuciones extrajudiciales aún impunes, aumentó la tasa de encarcelamiento, la prisión preventiva continuó siendo aplicada en general con exceso, el número de beneficiarios de salidas transitorias confirmó su tendencia a la baja, constatamos demoras y omisiones en la coordinación y atención médica fuera de los establecimientos, la protección de víctimas y testigos dentro del sistema carcelario continuó centrada en un aislamiento contraproducente. En lo procesal penal, si bien se aproxima la votación del correspondiente Código, el mismo no ha sido todavía aprobado”.

SUMARIOS PARA
SILVA Y TEJEIRA
La Administracion de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) iniciará sumarios al exdirector del organismo Alfredo Silva y al funcionario Heber Tejeira tras ser procesados por irregularidades en la contratación de servicios de limpieza, informó El Observador.
A través de un comunicado, ASSE anunció que “ha dispuesto la instrucción de los sumarios correspondientes. Se aguardarán las resultancias de la investigación administrativa ya dispuesta a fin de determinar si existieron hechos irregulares en relación con los llamados a licitación y control de los servicios de limpieza, vigilancia y conserjería de las empresas investigadas en las actuaciones de la Justicia Penal”.
Asimismo informó que “la Auditoría Interna de ASSE audita a las empresas tercerizadas que están actualmente prestando servicios en las unidades ejecutoras de esta Administración”. En tanto, aclaró que el organismo desarrolla sus actividades con normalidad en todos los centros asistenciales del país.

DESCUENTO DE PUNTOS
PORCENTUALES DEL IVA
El presidente José Mujica y el ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara, firmaron el decreto que regula la ley de Inclusión Financiera, informó Presidencia.
Las compras por montos inferiores a 4.000 unidades indexadas, es decir unos 11.400 pesos, y realizadas mediante tarjetas de débito u otros instrumentos electrónicos de pago tendrán a partir del 1° de agosto una deducción de 4 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado (IVA). En el caso de las tarjetas de crédito, la rebaja será de dos puntos. Además quedan incluidos en el beneficio los débitos automáticos en cuentas de instituciones de intermediación financiera, las tarjetas prepagas emitidas por entidades reguladas por el Banco Central y los pagos electrónicos efectuados mediante cajeros automáticos, teléfonos celulares o por Internet. De esta manera, la tasa del IVA básica pasará de 22% a 18% a partir de agosto y la mínima de 10% a 6%. En tanto, a partir del 1º de agosto de 2015, esa quita pasará a ser de tres puntos porcentuales y del tercer año en adelante de dos.
Por otra parte, los pagos mediante tarjetas de crédito tendrán una rebaja en el primer año de dos puntos porcentuales, en el segundo año de uno y en adelante no habrá deducciones. Los pagos a terceros, como débitos automáticos, realizados con tarjetas de débito tendrán desde el 1° de agosto en adelante una deducción de dos puntos porcentuales de IVA.

INDDHH CONTRA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) se manifestó en contra del plebiscito que propone bajar la edad de imputabilidad, para que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados y penados como adultos. La iniciativa propone reformar la Constitución con una consulta al cuerpo electoral en las elecciones nacionales.
A través de un comunicado, la institución “entiende pertinente dar a conocer a toda la sociedad uruguaya su opinión contraria a la aprobación de la mencionada reforma de la Constitución de la República. Esta opinión se basa en los argumentos elaborados sobre el tema por la doctrina más especializada, desde diversas disciplinas”.
El Inddhh advirtió que “de ser aprobada la reforma sometida a plebiscito se presentarán serias dificultades para interpretar la Constitución de la República en su conjunto” y “se generarán contradicciones entre el texto propuesto y otras normas históricamente incorporadas a la Carta Magna. Es el caso del derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el Artículo 8 de la Constitución vigente”.
“La reforma incorpora la llamada ‘teoría del discernimiento’, según la cual no todas las personas entre los 16 y los 18 años de edad pueden ser sometidas al Código Penal adulto, sino solamente aquellas que, de acuerdo a lo que entienda discrecionalmente el juez competente, tienen ‘madurez o discernimiento suficientes’ para actuar. Esta teoría ha sido abandonada por el Derecho Penal Liberal, aplicado en los países de mayor desarrollo democrático”, explicó el texto. Añadió que “conforme a este principio la Justicia no puede, en forma discrecional o a partir de una decisión subjetiva del Magistrado actuante, disponer si una norma jurídica se aplica o no a personas que se encuentran objetivamente en una misma categoría, en el caso, en la misma franja etárea”.
Asimismo, la institución indicó que de prosperar la baja de la edad de imputabilidad, se estarían desconociendo acuerdos internacionales suscritos por Uruguay. “Nuestro país asumió oportunamente la obligación ante la comunidad internacional de establecer el estándar mínimo de los 18 años de edad para comenzar a aplicar las normas del Derecho Penal adulto. Desconocer ese estándar viola el principio de no regresividad, según el cual, una vez alcanzado determinado nivel de protección de un derecho, el Estado no puede disminuirlo”, sentenció.