Opinion | 24 Jul En año electoral y en un país como el Uruguay donde se está en campaña electoral durante prácticamente todo un período de gobierno, es difícil sustraerse a la carga potencial o real de evaluaciones en el área que sea, provenga de donde provenga, por cuanto quien más quien menos tiene su adhesión ideológico-partidaria y salvo algunos aspectos eminentemente técnicos, llegado el caso, existe contaminación subjetiva que se va intensificando a medida que se acerca el acto eleccionario.
Naturalmente, existen áreas en las que hay reglas a respetar y tener en cuenta seriamente en cualquier análisis, por cuanto son la base de esa disciplina y del sentido común fundamentalmente, por lo que quien pase por alto estos preceptos seguramente ya estará tratando de vendernos cuentas de colores con tal de arrimar agua para su molino, y en buena medida menospreciando el buen criterio de los otros.
Y la economía es una de esas disciplinas en las que hay bases fundamentales que no pueden cuestionarse, como por ejemplo el hecho de que si se gasta más de lo que se tiene se está caminando sobre la cornisa, porque ello se hará en base a endeudamiento o algún otro tipo de instrumento que no podrá sostenerse por siempre, porque la realidad, con toda su crudeza, nos sacudirá más temprano que tarde.
Esta premisa se cumple en cualquier ámbito, tanto en el familiar como en el de una empresa y la economía de un país.
Al respecto tenemos el ejemplo cercano de la Argentina, que en su momento, hace más de una década, se declaró en default para no pagar su deuda y seguir viviendo como si ésta no existiera, hasta que al ser un paria en el mundo financiero internacional y evaluar que el encierro sólo podía llevarlo a una nueva catástrofe, ha optado por tratar de ir pagando su deuda.
Lógicamente ello no va a ser posible sin a la vez reducir la calidad de vida de la población, porque se deberán devolver los recursos que se fueron gastando alegremente para postergar lo inevitable, es decir llegar al momento hacer frete a la deuda con los acreedores internacionales.
Y en este escenario, cuando lo trasladamos a nuestro país, la primera reflexión es que se debe poner las barbas en remojo para no caer en situaciones que tengan algún punto en común por ejemplo con lo que ocurre en la vecina orilla o en países como Venezuela, que no son ningún paradigma ni nada que se parezca, y con los que en cambio lo mejor es tratar de diferenciarse lo más posible, por nuestro bien.
En este contexto, corresponde traer a colación las reflexiones del Director Académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Dr. Ernesto Talvi, al evaluar que el Uruguay tiene “niveles suecos” de impuestos con prestación de servicios “no sueca”, que los salarios “no se enteraron que hubo enfriamiento de la economía” y que el Banco Central (BCU) incumplió en el 87% del tiempo su meta de inflación, a lo que debe agregarse que el país ha tenido una década de crecimiento sin desarrollo, concepto este que hemos señalado en más de una oportunidad desde esta página editorial.
El economista enfatizó que uno de los retos más importantes a resolver en la próxima administración es “restablecer la solvencia fiscal”, teniendo en cuenta que el déficit de 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI) es según Talvi, el “peor resultado” de los últimos 40 años en el pico de un ciclo económico.
A su juicio el próximo gobierno tendrá como “primer gran desafío” alinear el crecimiento del gasto público a la nueva realidad, caracterizada por un “enfriamiento de la economía”. En este sentido, compartió la propuesta contemplada en la rendición de cuentas, respecto a que el gasto público deberá pasar de un crecimiento actual de 7% a una tasa de entre 3% y 3,5%. De todas formas, consideró que aún si el crecimiento del gasto se alineara al crecimiento de la economía, el deterioro fiscal continuaría y el déficit convergerá a un nivel alto cercano al 4% del PBI. Pero como señalábamos, cuando se suman los déficit, significa que se ha gastado dinero que no se tiene, y que por lo tanto en algún momento se va a tener que responder por esta deuda, porque no se trata de recursos genuinos sino de gasto a cuenta y de una bicicleta siempre peligrosa cuando en los avatares de la economía y sobre todo del escenario mundial puedan registrarse cambios que nos den en los flancos más vulnerables.
Las respuestas a este desfasaje, más allá de la tentación de seguir pateando la pelota para adelante, es tener responsabilidad en el gasto público y redirigir por ejemplo los recursos a las áreas en que se necesita inversión en infraestructura, para precisamente tratar de apuntalar el crecimiento de la década con sustentabilidad y el desarrollo que ha estado ausente hasta ahora, para empezar.
Otras opciones son aumentar impuestos, cuando ya tenemos una carga tributaria alta sin la contrapartida requerida de los servicios del Estado, a la vez de promover mayor evasión y afectar la rentabilidad de los emprendimientos económicos, corregir el rezago del orden del 4 por ciento en las tarifas de las empresas públicas, y consecuentemente también afectando los costos empresariales para competir.
Sin embargo es impensable que en año electoral siquiera se insinúe esta perspectiva, por lo que los deberes quedarán para el próximo gobierno, el que deberá asumir que la economía está prendida con alfileres, que hay parámetros muy desalineados al mismo tiempo que requerimientos insatisfechos.