Opinion | 23 Jul “El malestar para investigar al compañero surgió de la derecha más rancia, de las corporaciones, de los operadores políticos, de los empresarios de megacorporaciones del Interior, que se disfrazan de legisladores, y los burócratas que no soportan que los trabajadores controlen y gestionen empresas públicas”, señala el comunicado de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, al salir en defensa del procesado director Alfredo Silva, exrepresentante de los trabajadores en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a propósito de los episodios de notoriedad dilucidados en la Justicia.
Los conceptos reflejan claramente la posición fundamentalista de un sindicato que considera que el fin justifica los medios, y que reivindica que “como nosotros somos los buenos” todo lo que se haga en su defensa --aún por medios ilícitos-- es válido y de estricta justicia.
También anatemiza a quien salga en defensa de la ley, calificándolo como “instrumento de la derecha rancia”, a la vez de rechazar cualquier tipo de control de “los burócratas” que pretendan ser objetivos y que aspiran a que se respeten las normas legales por sobre toda otra cosa, como corresponde a un estado de derecho.
Por lo tanto, en esta particular evaluación en la que la corrupción es buena o es mala, según la practiquen los “compañeros” o los “enemigos de clase”, la división entre “buenos y malos” es llevada a niveles delirantes, como lo hacen grupos extremistas a los que la democracia y el derecho sólo les sirven si les dan la razón, y si no son obstáculos con valor de papel sanitario.
En este caso, como en tantos otros, la distorsión --probada-- ha provenido del abuso de poder y tráfico de influencias a través de presiones sobre los directores y mandos medios de hospitales y otras dependencias de la salud pública, en favor de cooperativas de funcionarios y otras empresas, y el pago de coimas para favorecer la contratación de estas empresas de limpieza, en el marco de una absoluta impunidad, sin que nadie adoptara medidas, porque incluso el tema cobró difusión pública a través de denuncias de legisladores de la oposición y sin embargo fueron desestimadas por el Frente Amplio, que nunca habilitó la formación de comisiones investigadoras en el ámbito parlamentario.
Pero también hubo un informe de la propia Junta Anticorrupción que en 2012 sugería --porque no tiene potestades para hacer otra cosa-- tomar medidas ante los mismos hechos que ahora la Justicia probó. Información que aún está al alcance de cualquier ciudadano a través de la web.
Lo cierto es que no había ningún interés en investigar y sí en cambio de tratar de ocultar todo, porque los beneficiarios eran “compañeros” que estaban cobrando ilícitamente dineros del ministerio, aportados por todos los uruguayos, por horas extra que no se cumplían, lo que configura una estafa. A la vez estas cooperativas de funcionarios habían ganado licitaciones a otras empresas a través de información privilegiada que les proporcionaba el exdirector Silva para cotizar por debajo del resto o en su defecto, ser designados directamente bajo presiones del mandamás del directorio, bajo amenaza de medidas sindicales de no avenirse a sus dictados.
Incluso cuando aparecieron las denuncias públicas y en el ámbito parlamentario, se atacó a los acusadores señalándoseles que hacían “politiquería barata”, en lugar de acusar recibo de los planteos sobre abuso de poder, acomodo y corrupción que luego se comprobaron por la Justicia, y que derivaron en la obligada remoción del exdirector Alfredo Silva y la remisión a la cárcel de otro dirigente sindical, Héctor Tejeira, por los mismos abusos pero además por el cobro de coimas.
Y acá volvemos a los conceptos del comunicado de la federación con los que encabezamos estas reflexiones, que endilga la responsabilidad de todo lo ocurrido a la derecha “rancia”, a las corporaciones, a la burocracia, a la oposición, los empresarios, etcétera. Es decir a todos menos a los dirigentes que coimearon y realizaron toda clase de arbitrariedades, a los que justifican porque es “por una buena causa”. Algo sumamente preocupante porque da a suponer que la corrupción va más allá de los dirigentes cuestionados, y nace en la propia dirigencia gremial que respalda este accionar delictivo.
Y por si quedaba alguna duda sobre cómo actúan los intereses corporativistas, y cual era al fin de cuentas la esencia de su representación en ASSE --muy lejos de tratar de mejorar la gestión en beneficio de los usuarios--, la presidenta del gremio, Beatriz Fagián, anunció que a partir de ahora los sindicalistas realizarán paros todos los meses para garantizar que las empresas tercerizadas en los centros hospitalarios no demoren en pagar los salarios a los trabajadores, porque ahora no está Alfredo Silva para “solucionar” esos eventuales inconvenientes. Consideró así que “como las empresas nunca cumplen, vamos a vivir de paro”, aunque naturalmente, quienes sufran las consecuencias sean los usuarios, los sectores menos favorecidos de la población, que parecen importar poco y nada a quienes defienden exclusivamente sus intereses, pese a que pregonen la solidaridad y la “lucha de clases”.