Opinion | 28 Jul El Artículo 54 de la Ley Nº 18.191 que ordena el “Tránsito y seguridad vial en el territorio nacional” dice que “la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) propondrá un sistema común de valores de sanciones para las infracciones a las disposiciones referentes al tránsito, de aplicación en todo el territorio nacional por los órganos y autoridades competentes dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones”.
Con la excepción del departamento de Cerro Largo, donde el intendente Sergio Botana decidió no fiscalizar en cumplimiento de una promesa electoral tras la movilización de la comunidad melense. Eso arrojó como resultado que allí el 3% use el cinturón y el 5,6% use el casco. Según la Unasev, en la mayoría de los departamentos más del 70% utiliza cinturón de seguridad y más del 85% cumple con el casco.
Sin embargo --y justo es admitirlo-- a nivel nacional el 80% de los niños que viajan en automóviles lo hacen sin cinturón ni Sistema de Retención Infantil, de acuerdo a los datos relevados por la Unasev.
Independientemente de las discusiones varias acerca de la pertinencia y utilidad de estos elementos a la hora de transitar y su incidencia en la siniestralidad, esa ley resultó acordada y posteriormente votada por unanimidad.
En estos días, dirigentes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) concurrirán a Melo para reunirse con los médicos del departamento que han manifestado su preocupación por los índices de accidentes y con el intendente Botana, en tanto consideran la posibilidad de comenzar una campaña de prevención en la comunidad.
Según el SMU, el Hospital Regional de Tacuarembó atiende a una mayor demanda de pacientes provenientes de Cerro Largo, además de las camas existentes en los CTI que se encuentran ocupadas por pacientes con traumatismo de cráneo provocados en siniestros de tránsito.
Las argumentaciones del intendente nacionalista con chances de ser reelecto se basan en la necesidad de controlar los excesos de velocidad en el parque automotor para evitar siniestros graves y si durante el mes no ocurre ninguno, entonces los inspectores reciben un premio económico.
Las repúblicas --cuya raíz significa “la cosa pública” o “lo que es común”-- surgieron tras regímenes feudales o monárquicos que instrumentaban sus propias normas de vida. Por tanto, si de acuerdo a las definiciones jurídicas, esta forma de gobierno deberá permanecer independiente de los vaivenes políticos porque se basa en el “imperio de la ley” y no en el “imperio de los hombres”, entonces alcanzará para explicar las razones por las cuales debe acatarse sin chistar.