Opinion | 02 Ago Cuando estamos de a poco ingresando en el fragor de la campaña electoral --aunque naturalmente en un país como Uruguay de una u otra forma siempre se actúa en función de código electoral-- estáN sobre el tapete, potenciado por actos delictivos perpetrados en la Administración de los Servicios de Salud del estado (ASSE), como así también el caso Pluna, entre otros organismos, los grandes problemas de gestión del Estado. Pero también se cuestiona la injerencia del gobierno de turno, a través de designaciones y orientaciones políticas, sumado a planteos ideológicos, que hacen que la entelequia que es el Estado cada vez le sirva menos al ciudadano, porque precisamente se asume que lejos de estar para servirlo, está al servicio de corporaciones y figuras políticas que solo tienen en cuenta su interés particular y sectorial.
Muchos economistas han considerado que de acuerdo al nivel económico del Uruguay, se están aplicando fuertes cargas impositivas, del tipo de las que rigen en el primer mundo, pero para brindar servicios de tercera y de cuarta, con el agregado de monopolios estatales que hacen que la eficiencia no exista y que por lo tanto se dilapiden cuantiosos recursos que proceden de los bolsillos de ciudadanos a los que mucho les cuesta obtener ingresos más o menos decorosos, así como de empresas que hacen lo imposible para sobrevivir debido a los altos costos, y otros sectores de la comunidad que también aportan su esfuerzo para pagar impuestos y cargas sociales.
Sin dudas que un paliativo ante la ineficiencia del Estado sería que desde el sistema político se revisara la gestión del propio Estado y particularmente de sus empresas, por ejemplo empezando por designar a los técnicos más capaces para los respectivos cargos, sobre todo los que se renuevan en cada elección, pero a la vez con la incorporación de controles y orientaciones claras, además de rendir cuentas sobre lo que se hace y lo que no se hace.
Pero naturalmente, de este ideal a la realidad media un abismo, porque cada partido que accede al poder llega con una serie de compromisos asumidos antes y durante la campaña electoral, y entre otros aspectos el criterio de designación comienza por los funcionarios de particular confianza en áreas clave, donde priman los amiguismos, que adoptan decisiones políticas pero también seudotécnicas, y muchas veces no tienen la menor noción de lo que es la gestión. Pero tampoco de la orientación a dar a las áreas bajo su responsabilidad, tanto en un esquema sectorial como en la globalidad de una gestión de gobierno.
Un exfuncionario jerárquico de la administración del Frente Amplio, el economista Conrado Ramos, quien se desempeñó al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante la Administración Vázquez y que actualmente se ha integrado al Partido Independiente como candidato a la Vicepresidencia, al dar a conocer su visión de esta problemática que ha conocido al dedillo desde adentro de la administración, explicó al diario El País, entre otros conceptos, que es preciso profesionalizar la gestión estatal, para mantenerla al margen de los acomodos de cada partido que llega al poder.
Al recordársele que el propio Ramos redactó parte del programa de gobierno del Frente amplio para el período 2005-2010, y si precisamente se aplicó lo que planteó, el exjerarca explicó que “el Frente Amplio llegó al poder con un discurso súper meritocrático, pero una vez en el gobierno terminó haciendo lo mismo que los partidos tradicionales, porque sintió que tenía que colonizar a una burocracia que le era adversa. Pero no es solo porque desconfía, es por una lógica que es más fuerte: se trata de premiar a la militancia con cargos públicos y muchos se pasan a otros partidos porque no recibieron nada de ese botín”. A la vez, consultado sobre si esa forma de ver el Estado forma parte de una cultura muy arraigada, aclaró que a su juicio “la cultura es producto de las reglas de juego. Si las reglas no cambian, todo seguirá siendo igual”, en tanto recordó que en su caso la izquierda uruguaya nucleada en el Frente Amplio “me descalificó ideológicamente para matar al mensaje, me dijeron neoliberal por plantear esto. Sin embargo los expertos tienen diagnósticos que demuestran que la reforma de la salud está trancada. ¿Esto no tendrá que ver con la gestión y con quienes acceden a determinados cargos?”
A su juicio además el sistema político debe armonizar “el criterio de cuota política con conocimiento de gestión. Pero la política no debe primar por sobre la lógica de gestión”, en tanto reflexionó que “si la mala gestión no termina en un escándalo judicial no pasa nada. Nadie en el Estado advierte nada. No es negar la lógica de la política, es otra cosa. Hay una izquierda muy cavernícola que dice ‘voy a gobernar con los míos’ y otra izquierda que es proclive a avanzar en esto. Esto no es tecnocracia o neoliberalismo”.
Precisamente, de lo que se trata es de que la buena gestión en el Estado no debería ser característica ni impronta de un gobierno de perfil de izquierda, de derecha o de centro, sino la premisa de todo buen gobernante para defender los derechos de la población a que su dinero sea administrado de la mejor forma posible, para que se devuelva en obras y servicios y no en burocracia lo que trabajosamente deja en ventanillas en forma compulsiva, para no seguir engordando el Estado y en cambio darle músculo.