Opinion | 31 Jul Convocada en régimen de comisión general, una figura distinta a la de la interpelación pero con pronóstico similar en los dos últimos períodos de gobierno debido a las mayorías parlamentarias regimentadas con que opera la coalición de izquierdas, la ministra de Salud pública, Susana Muñiz, trató de justificar el papel que han tenido las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo, en torno a la situación planteada por irregularidades y acciones delictivas en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que hasta ahora determinaron el procesamiento de 10 personas, entre ellos el exdirector en representación de los trabajadores Alfredo Silva y más precisamente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.
En esta instancia parlamentaria sin dudas el leit motiv de los debates fue el tema de la corrupción pública y la actuación de las jerarquías de gobierno en los episodios, pero también la postura ante las denuncias y sobre todo la reticencia y prescindencia para admitir y asumir las responsabilidades del caso.
El Frente Amplio insistió en que las instituciones “funcionaron” y que se actuó contra los que “metieron la mano en la lata”, mientras que la oposición fustigó la inacción del gobierno y la falta de controles.
Es cierto, con el componente adicional de una campaña electoral en marcha ya, y el hecho de que en nuestro país todos los temas se politizan, es difícil tratar de desentrañar hasta donde realmente van los hechos y hasta donde las subjetividades teñidas de intencionalidad política. Las bancadas de los partidos tradicionales se declararon insatisfechas con las explicaciones del Poder Ejecutivo y anunciaron que entre otros aspectos se buscaría profundizar la investigación parlamentaria o activar los mecanismos de censura a un ministro.
Mientras tanto, desde el Frente Amplio se entiende que darle doble voto a la presidencia de ASSE evitará problemas que hoy enfrentan los organismos con integración social, en un proyecto que todavía está radicado en la Cámara de Diputados.
Pero más allá de los mecanismos y hechos puntuales que han derivado en el procesamiento con prisión por coimas de un dirigente sindical, y sin prisión por conjunción del interés público y privado del representante “de los trabajadores” --pero en realidad de la Federación de Funcionarios de Salud Pública-- Alfredo Silva, lo que está en consideración en esta problemática son los mecanismos y responsabilidades políticas intransferibles de los gobernantes, en tanto representantes del interés general, y que en este caso le correspondería nada menos que asumir acciones para la mejor atención de los usuarios de los servicios de salud.
Ocurre que el Estado en su enorme complejidad, en su manifiesto déficit de gestión, tiene el común denominador de que es financiado por todos los uruguayos, pero se resiste a rendir cuentas de lo que hace, de lo que deja de hacer y como lo hace y financia, y a la vez los gobernantes, representantes de turno de la ciudadanía, se deben a ella en su calidad de administradores de este instrumento para acceder al bien común. Y por si alguien todavía tenía alguna duda, ha quedado harto demostrado que para las gestiones en el ámbito del Estado, como ASSE, hay que tener padrinos. Esto se desprende de las declaraciones de la propia presidenta de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, Beatriz Fagián, quien manifestó que “en este momento vamos a tener problemas en muchos hospitales porque las empresas no cumplen y no pagan en fecha y bueno si nosotros no podemos llamar y decir por qué no pagan y que apuren el pago para que los trabajadores cobren, el 11 de cada mes empezarán los paros en cada hospital”.
En buen romance, el Estado paquidérmico no funciona, y la única forma de obtener lo que se busca es a través del “amiguismo”, el “acomodo” o la corrupción, todas palabras que sólo cabían para la derecha, según la cháchara izquierdista que se viene machacando desde el fondo de la historia.
Pero aún más grave es la variante frenteamplista de todo este nefasto sistema, y es que los últimos dos gobiernos han promovido y prohijado la injerencia de las corporaciones, que en el caso del Frente Amplio son indudablemente su brazo sindical con gran poder de presión sobre sus legisladores y Poder Ejecutivo, afectando cualquier decisión “democrática” que se quiera tomar en todas las áreas.
El caso de ASSE es paradigmático, porque en la integración del Directorio se incluyó, de acuerdo a la normativa aprobada, un director en representación de los trabajadores y uno de los usuarios, con representatividad precisamente en cuestión, desde que en el caso de Alfredo Silva, ésta comprende solo a la del sindicato de los funcionarios de Salud Pública.
Y eso solo para empezar, porque estamos ante problemas de gestión, de falta de controles a empresas tercerizadas donde muchas de ellas obtuvieron sus contratos por afinidades políticas con un disfraz de legalidad y “transparencia” --otra palabra en desgracia--. Pero además de corrupción para torcer e imponer decisiones en un cuerpo colegiado, con anuencia u omisión de las jerarquías ministeriales y del Poder Ejecutivo, que sabían directamente o de oídas como se las gastaba el director ahora procesado, y sin embargo solo atinaron a dejar correr las cosas hasta que la intervención de la Justicia puso al desnudo un escenario del que apenas se ha arañado la superficie.
Incluso en 2010 el presidente José Mujica, en una entrevista en el libro Pepe Coloquios, reconoció que al asumir el gobierno se iba “a comer” la designación de “un tipo” como Alfredo Silva en ASSE, lo que quiere decir que ya no estaba de acuerdo con su designación, y lo aprobó por cuestiones de poder y presiones en la interna de su gobierno.
Estamos pues ante situaciones que se repiten con mayor o menor gravedad en organismos y áreas del Estado, que responden a una gestión con serias carencias, con decisiones que se toman prescindiendo del interés general, donde privan las corporaciones que se disfrazan de “causas populares” y por lo tanto, a contramano del sentir del país real.