Paysandú, Jueves 07 de Agosto de 2014
Opinion | 02 Ago Con muy buenos fundamentos se sostiene que el ejercicio del poder puede marear y hacer perder la perspectiva de las cosas a quien lo ejerce, porque además en torno a la figura presidencial, por ejemplo, se suele generar un microclima de colaboradores que tiende a filtrar y distorsionar la percepción de la realidad, aunque a veces, naturalmente, como todo ser humano, priman visiones político-ideológicas propias que potencian esta especie de enajenación.
Otra explicación no puede ensayarse, por lo menos poniendo de manifiesto muy buena voluntad, respecto a los conceptos vertidos recientemente por el presidente José Mujica cuando en su audición radial semanal por una emisora capitalina criticó a la oposición por la dimensión que se le dio al procesamiento de diez personas, entre ellas el exdirector de la Administración de los Servicios del Estado (ASSE), Alfredo Silva, por sobrefacturación de horas de limpieza en los hospitales públicos y lo comparó con el edil blanco de Durazno, Nelson Bosch, quien fue procesado con prisión por coautoría de tenencia de estupefacientes.
“Se ha hecho un escándalo mayúsculo con ASSE y se han intentado disimular los sucesos de Durazno como si pasaran a la carrera y que incluyen también a una figura política. ¿Por qué esta dicotomía en materia de procedimiento?, sencillamente porque estamos en tiempos electorales y naturalmente así cada cual expresa su razón profunda de ubicarse en esta disputa”, sostuvo.
Lamentablemente, Mujica le hace flaco favor a la figura presidencial cuando trata de distorsionar abiertamente hechos que guardan muy poca relación entre sí, y sobre todo la proyección política de los episodios, más allá de que en ambos casos la Justicia se ha expedido con procesamientos.
El procesado exrepresentante de los trabajadores en el Directorio de ASSE Alfredo Silva llegó al cargo por decisión política de su antecesor Tabaré Vázquez, pero estuvo siempre dentro de las facultades de Mujica el relevarlo cuando quisiera de sus funciones cuando se enteró de que estaba actuando de forma irregular y patoteril, para favorecer a determinada empresa de trabajadores de su sector, así como pasar por arriba a los demás integrantes del directorio con amenazas de paros y distorsiones respaldadas por la Federación de Funcionarios de Salud Pública en caso de que no se siguieran sus dictados.
Sin embargo, pese a las denuncias que se formularon en varias ocasiones desde la oposición y otros ámbitos, el mandatario lo siguió manteniendo para no chocar con el Pit Cnt y el sindicato de la salud, por lo que en este caso no actuó en defensa del interés general sino que buscó no pagar costos políticos. Consecuentemente, son de su exclusiva responsabilidad las repercusiones políticas que lo han salpicado.
En cambio, el edil de Durazno cometió el delito por el que fue procesado actuando simplemente como un ciudadano común, como cualquiera de nosotros, sin haber utilizado el cargo ni respaldo partidario para el tráfico o consumo de estupefacientes, por lo que su desvío de conducta no entraña responsabilidad política. Afirmar otra cosa es pretender hacer pasar por ignorante al ciudadano, con fuegos de artificio y eslóganes para atrapar incautos, con las miras puestas en la campaña electoral ya en marcha, sin dudas.
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