Locales | 02 Ago “La línea del gobierno es regular el tabaco, el alcohol y la cannabis. Para esto estamos en estos momentos tratando el proyecto en la Comisión de Adicciones, la regulación del mercado de alcohol, que tiene un fuerte control en la producción pero no en la regulación de patrocinios, publicidad, consumo en espacios cerrados. Hay además una tenue regulación en los horarios de venta y la prohibición de venta a menores, pero no existe un organismo especializado en ejecutar esa política regulatoria”.
El diputado Sebastián Sabini, autor del proyecto de ley “Plantación y consumo de cannabis”, aspecto que luego pasó a ser regulado por la actual ley 19.172 y su decreto reglamentario, defendió que el Estado tome acciones concretas en la regulación de la producción y distribución de marihuana.
En el caso de la cannabis, “más de 200.000 uruguayos tienen el derecho de consumirla, más allá de la valoración. Pero hasta ahora están siendo obligados a ir a narcotraficantes. Entonces, se trata de evitar que esas 200.000 personas al menos una vez al mes estén a merced de los narcos, o que incluso puedan derivar a sustancias más dañinas como la pasta base”.
“En ocasiones” Sabini ha consumido marihuana, pero aseguró que “la relación que uno puede tener con la droga no es transferible ni ejemplo de nada. En mi caso el consumo de carácter recreativo no me ha producido inconvenientes ni como estudiante, ni a nivel laboral. Pero no soy fumador de tabaco, como buena parte de los uruguayos. No es nada transferible, ni quiere ser ejemplo de nada. Es algo que ocurre en la vida de las personas”.
Reafirmó que con la marihuana “no hay un fin comercial ni recaudatorio en el Estado, sino que se pretende regular una actividad que hoy existe, que no tributa y que genera una serie de problemas en las personas. Hay un mercado de 30 millones de dólares en manos del narcotráfico que sirve para financiar actividades delictivas como la venta de armas o la trata de personas”.
Y que esta política se inscribe además en una más general que es la de reducir el impacto negativo de los consumos de alcohol y tabaco. Para ello se debe luchar contra “una enorme capacidad adictiva de ambas, que genera una serie de enfermedades, y que es un factor de riesgo para las enfermedades cardíacas. Por eso hemos tenido una política de regulación y el objetivo es aumentar la percepción del riesgo, particularmente en los adolescentes. No podemos desconocer que se ha generado un modelo de prevención en un mundo publicitario donde se muestra a una persona con éxito, en un yate por ejemplo, asociando ese éxito al consumo de tabaco”.
Dentro de las acciones que se buscan está el de mantener fuera de la vista de los consumidores o potenciales consumidores hasta las mismas cajillas de cigarrillos. Eso se debe a que “mostrar cigarrillos o permitir su publicidad permite que se enfoquen hacia los nuevos consumidores, y el blanco son los adolescentes. No es fácil decirles a esa edad que no prueben, que no consuman o que esperen tan siquiera a una etapa más madura de sus vidas. Por eso es la idea de quitarlos de la vida. Pensando especialmente en no animar a nuevos potenciales consumidores”. También hay carencias “en una serie de servicios públicos, como un servicio especializado en el tratamiento a usuarios problemáticos de alcohol”. En el caso del consumo de alcohol, comercio del que participa el Estado pues produce y vende bebidas con alcohol, “tiene orígenes diferentes. Hubo una intervención muy fuerte del Estado en el período Batllista, porque por el consumo de bebidas blancas había muchos problemas de salud, incluso casos de ceguera y muertes. Eso hizo que el Estado entrara al negocio”.