Opinion | 05 Ago No hay lugar a ninguna duda de que a propósito del procesamiento con prisión del dirigente sindical Héctor Tejeira y del exdirector de ASSE en representación de los trabajadores Alfredo Silva, por conjunción del interés público y privado en el segundo caso, y coimas en el primero, ha quedado en el banquilo de los acusados --y no porque sí-- la actuación del citado organismo.
Es decir que más allá de las personas y las actuaciones individuales, está de por medio un tema de gestión en ASSE, más allá de las actuaciones individuales, en este caso de los inculpados hasta ahora, desde que éstos no habrían podido desarrollar sus maniobras en forma sistemática si no hubieran contado con un alto grado de omisión de las máximas autoridades del organismo.
Aun así, en oportunidad de la presencia de la ministra de Salud Pública Susana Muñiz en el Parlamento, en régimen de comisión general, entre otros argumentos manejados por la secretaria de Estado figuró su alegado desconocimiento de las maniobras perpetradas por los procesados, aunque reconoció que había trascendidos que daban cuenta de cómo se las gastaban Silva y sus dirigidos en visitas al Interior y dependencias de ASSE, para obtener a través de presiones y en muchos casos de coimas las concesiones que se buscaban.
En este sentido, teniendo en cuenta que cuando en su momento se denunció este tema en el parlamento por representantes de la oposición, y la mayoría del Frente Amplio se negó sistemáticamente a designar comisiones investigadoras que tanto reclamaba cuando era oposición, las eventuales responsabilidades serán dirimidas en el ámbito de la Justicia, que continúa con sus actuaciones, pero paralelamente están de por medio responsabilidades políticas, que tienen otro andarivel para dilucidarse.
Entre otras manifestaciones de sesgo político-ideológico, precisamente la ministra Muñiz responsabilizó a las tercerizaciones en el ámbito de los hospitales y de otros centros de atención por ser el caldo de cultivo de estas maniobras, y abogó por lo tanto para que los servicios tercerizados --que son los de comida y limpieza-- pasen nuevamente a la esfera estatal, y con ello considera que se daría por enterrada esta potencial fuente de problemas.
En entrevista concedida a La República, Muñiz fue preguntada respecto a si cree que la tercerización ha resultado perjudicial para el sistema de salud, a lo que respondió que “sí, yo en particular considero que sí, sobre todo porque el riesgo que implica para la salud de la población dejar determinadas funciones en manos de terceros que no están preparados adecuadamente para cumplirlas”.
“Por ejemplo una de las cosas que he dicho y considero, es que no cualquiera puede cocinar en un hospital, no porque no lo haga en forma responsable --yo estoy convencida de que lo hacen responsablemente-- sino porque esta tarea conlleva determinados cuidados para la salud, determinadas técnicas y determinados conocimientos”. “Lo mismo ocurre con la limpieza de un hospital, porque estamos hablando de áreas donde hay gérmenes muy resistentes, donde no se pueden mezclar los distintos tipos de residuos, los biológicos con los no biológicos, mezclar las áreas ni siquiera de limpieza, mezclar ropa. Por lo tanto todas esas áreas nunca pudieron estar en manos de privados, o por lo menos sin la supervisión estricta de personal del hospital. Por lo menos los supervisores deberían ser gente contratada y especializada pero dentro del propio sistema, de la propia ASSE”, acotó.
Por lo visto la secretaria de Estado considera que los uruguayos somos una mezcla de ignorantes y crédulos, porque semejante argumentación no es de recibo por ningún lado. Esas áreas, primero, fueron tercerizadas en su momento porque había enormes fallas en el sistema estatal, porque la comida era pésima y muchos de los insumos para preparar comidas, a la vez de salir carísimos al ministerio, por estar las compras en manos del Estado, también había robos sistemáticos de funcionarios desleales y que por lo tanto no iban a parar a los preparados para los pacientes. Lo mismo ocurría con la limpieza, donde se padecía de los mismos problemas, con el agregado en los dos casos de que la plantilla de funcionarios del Estado estaba engrosada, con mayores costos para los contribuyentes y con los vicios de toda administración del Estado: más ausentismo --“justificado”, obviamente--, menos compenetración al trabajo, menos rendimiento, más beneficios, más reclamos y más paros. No se necesita hilar muy fino para inferir que la anteojera ideológica de la ministra es el motor generador de tales disquisiciones, porque es evidente que los problemas no radican en las tercerizaciones, sino en la falta de controles y déficit de gestión de los organismos del Estado, en este caso de ASSE, en cuanto a controlar debidamente estos servicios, a los que evidentemente no les hacía el seguimiento requerido, como tampoco se hacía cuando esta tarea estaba a cargo del ministerio y pasaba lo que pasaba, como además lo sabe toda persona medianamente informada en el país.
Por lo tanto, nuevamente estamos ante una distorsión deliberada de la realidad para distraer la atención sobre donde están centradas las responsabilidades, que inexorablemente recaen sobre los crónicos problemas de gestión en ASSE y del ministerio, que no solo fue incapaz de ver y evitar la corrupción en las contrataciones sino que tampoco ha realizado los controles imprescindibles en las prestaciones de servicios tercerizados y propios. Pero también porque por razones políticas se ha dejado hacer muchas cosas y cometer abusos por los “protegidos” de los sindicatos, con responsabilidad flagrante del Poder Ejecutivo, que ha estado ausente con tal de no irritar a quienes se adueñaron de las áreas clave, en las que han usado y abusado del poder que se les fue cediendo.