Locales | 05 Ago Cerca de 200 familias sanduceras que habitan viviendas de complejos de sociedades civiles del ex Banco Hipotecario, ahora derivadas a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), se encuentran desde hace años en la incertidumbre legal respecto a sus unidades habitacionales, desde que el banco nunca les fijó una cuota y en muchos casos han pagado montos a cuenta, para encontrarse con que hace unas semanas la agencia los ha intimado a regularizar sus deudas sin tener en cuenta, a su juicio, lo pagado y en muchos casos el valor agregado que han aportado al terminar varias viviendas que fueron entregadas sin final de obra y en algún complejo sin muchos elementos de las correspondientes instalaciones.
Se trata de integrantes de las sociedades civiles Vicoedet Centro 1, 33 Orientales, Coronel Pedro Rivero, Orden y Trabajo, San Francisco, y el complejo de Bulevar Artigas y Ayacucho, haciendo un total de casi 200 familias, quienes manifestaron a EL TELEGRAFO su preocupación por la situación que les toca vivir en cuanto a su legalidad y la deuda con la Agencia Nacional de Vivienda.
Explicaron que es una situación que se arrastra desde hace muchos años, que es muy heterogénea pero con un común denominador de incertidumbre respecto a lo que se debe y la forma posible de pago. Señalaron que en el caso de la sociedad 33 Orientales se viene manejando desde hace años la necesidad de llegar a un arreglo con el banco que nunca se había dado. La construcción de este barrio proviene de la década de 1980, en una obra que insumió muchos, y recién en 1995 las familias pudieron ingresar a las viviendas. Explicaron que estas familias estuvieron 15 años esperando, porque primero había desaparecido la empresa que estaba construyendo, y luego hubo diferentes arreglos hasta que se pudo terminar recién en 1995, pero sin que nunca se hiciera la entrega oficial y con instalaciones sin terminar.
Por lo tanto, los beneficiarios ingresaron por su cuenta y encararon los últimos trabajos, acotaron, a la vez de recordar que los ocupantes en su momento aportaron el terreno y luego el banco financió la obra a empresas privadas que se encargaron de construir las unidades habitacionales, dejándolas a medio terminar por problemas económicos de la empresa.
Durante años las familias han residido en el barrio sin que el banco manifestara interés en cobrar, pero igualmente pudo convenirse efectuar pagos simbólicos a cuenta, que suman por ejemplo unos 2.700 pesos mensuales en la actualidad para las casas de tres dormitorios, con situaciones particulares, porque hubo familias que no pagaron o dejaron de hacerlo, pero con el ingrediente positivo de manifestar voluntad de pago, explicaron.

INTIMACIONES
Así, en situaciones anteriores ya han recibido telegramas con anuncios de posibles remates o intimaciones, “pero se iba a hablar ante la ANV y se nos explicó que era algo que salía automáticamente de Montevideo. Pero hace poco todas las sociedades civiles recibimos cedulones individuales convocando a que el titular de cada vivienda se presentara al banco, y se acompañó la intimación con un detalle de lo que habría que pagar por los beneficiarios, con cifras tan desmesuradas que llegaban hasta el millón de dólares”.
Por ejemplo, “por una vivienda de dos dormitorios se pretendía cobrar 18 millones de pesos y por una de tres 23 millones, es decir un millón de dólares”, subrayaron, al confirmar lo que por cierto era de absoluta irracionalidad. Se incluía en esta cuenta la deuda generada con los intereses correspondientes, pero variando de una sociedad civil a otra, con montos que por ejemplo bajaban a los cuatro millones de pesos.
Asimismo indicaron que se daban situaciones increíbles, como que por ejemplo para la ANV una casa valía 24 millones de pesos y la que está al lado, de igual construcción, siete millones de pesos.

OTRA EVALUACIÓN
En contacto mantenido con autoridades de la ANV, se reconoció que se habían planteado números irreales por errores en Montevideo, y se comunicó a la delegación de residentes en los complejos que esos valores no tenían porqué haberse incluido en el cedulón.
De acuerdo a una tasación técnica que hizo el organismo, se les comunicó que los valores a pagar por las casas que habitan son de unos 57.000 dólares para tres dormitorios, y de 48.000 dólares para la de dos dormitorios, lo que entienden se acerca a los valores reales de las unidades habitacionales.
Subrayaron igualmente que hasta ahora no se ha dado una solución más que esa tasación, con un plan de pago a un plazo de quince años, lo que arroja cuotas que variarán entre los 10.000 y los 13.000 pesos a la cotización actual, de acuerdo a los dormitorios y cada barrio.
Pero si bien ello les significaría salir de la indefinición legal que los afecta ante la ANV, consideran que la mayoría de los vecinos no está en condiciones de pagar estos valores, y que además no se toman en cuenta las entregas que se hicieron durante años, porque se parte de cero en todos los casos, por lo que el esfuerzo de quien pagó no se traducirá en recuperar su dinero. Explicaron que si hoy se considera la casa “tal vez no esté mal la tasación, pero no se tuvo en cuenta que cada habitante de la casa aportó para la terminación de la obra”.
A su vez en Vicoedet, desde que se entró en 1992, se ha pagado la cuota entera pero hubo quienes dejaron de pagar parcialmente cuando la crisis de 2001, “pero se nos pone a todos en la misma bolsa con una cotización de 46.000 dólares con familias que nunca pagaron, o en el mejor de los casos se hace alguna pequeña quita que no guarda relación con lo pagado en todos estos años, que suma varios miles de dólares”, subrayaron.
Puntualizaron que pese a que aparece como un precio razonable para la actualidad, no se toma en cuenta el antecedente de que hubo que hacer un esfuerzo económico propio para terminarlas en algunas de las sociedades civiles. Asimismo cuestionaron que se tome como homogéneo lo que no lo es. Asimismo revelaron como anécdota que la ANV en el complejo 33 Orientales le canceló la deuda por 26.000 dólares a un vecino que tuvo esa disponibilidad de dinero, y en cambio se salta en cuatro meses a 40.000 por un vivienda en las mismas condiciones.

GESTIONES ANTE LEGISLADORES
En procura de soluciones, los representantes de las sociedades civiles mantuvieron una reunión con los diputados por nuestro departamento Gustavo Rombys, Miguel Otegui y Walter Verri, apuntando a generar un encuentro con los directores de la Agencia Nacional de Vivienda para analizar salidas que resulten viables, en una decisión política que involucra a 22.000 familias en esta situación en todo el país.