Opinion | 07 Ago La Comisión Económica de Naciones Unidas Para América Latina y el Caribe (Cepal), al analizar el caso uruguayo y el de los países de la región de características similares, y sus principales desafíos de cara al futuro, formula determinadas observaciones al rumbo y parámetros de la política económica que por cierto son de recibo, y van en sintonía con evaluaciones técnicas de economistas dentro de fronteras.
“La recuperación de espacios para la política macroeconómica es un objetivo prioritario (para Uruguay) que requiere de alternativas para el fortalecimiento sostenido de las finanzas públicas”, sostiene el organismo en su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2014.
Considera que con una perspectiva de crecimiento de 3% para este año, por debajo de su potencial, las autoridades deberían enfocar su política fiscal y monetaria para apuntalar la expansión de la economía. Sin embargo, con un déficit fiscal en los niveles actuales, registros elevados de inflación y una de las mayores pérdidas de competitividad de la región, el gobierno no tiene margen para poder impulsar la actividad.
Precisamente en línea con la mayoría de los países de la región, los técnicos de Cepal redujeron las proyecciones de crecimiento para Uruguay este año de 3,5% en abril a 3% en el informe presentado el lunes. Para América Latina y el Caribe, las estimaciones pasaron de 2,7% a 2,2% durante el mismo período. Esa expansión prevista para el país durante este año se encuentra por debajo de su crecimiento potencial estimado por el organismo para el período 2011-2014, cercano a 5%, muy por encima del potencial que tenía en el período 1991-1998, de 3%.
“Ello da cuenta de que existiría cierto espacio para que las políticas macroeconómicas apuntaran en el corto plazo a ese ritmo de crecimiento”, sostiene el informe. Si el crecimiento de la economía está por debajo de su nivel potencial, a través de políticas fiscales y monetarias expansivas --que alienten la demanda--, el país podría alcanzar esas tasas mayores.
El punto naturalmente radica en qué factores inciden para que no se pueda responder al potencial estimado de crecimiento, y por cierto que para esta evaluación no es necesario que las recomendaciones surjan de los técnicos de la Cepal, sino que hay elementos en danza que hemos sostenido en más de una oportunidad desde estas páginas, y son de recibo todas las consideraciones técnicas, coincidentes o no, para pintar un panorama ajustado a la realidad.
Por un lado, tenemos que hay factores que impiden que el Estado pueda funcionar como un impulsor de la economía en la actual coyuntura, atando las manos del gobierno e impidiendo que Uruguay alcance un crecimiento mayor del que se espera para este año.
“Las finanzas públicas no ofrecen espacio para una política contracíclica sostenible, dado que sus balances primarios son bajos y el pago de intereses es elevado”, sostiene el informe, al referirse tanto a Uruguay como a Argentina, a los que llamativamente pone en un mismo plano en este caso, aunque su situación financiera y perfil de deuda, por ejemplo, son disímiles.
Según los datos difundidos el jueves por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), precisamente, en los 12 meses finalizados en junio el déficit fiscal se ubicó en 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Ese desbalance de las cuentas públicas es ligeramente superior al 3,3% previsto para el cierre del año en la última Rendición de Cuentas presentada por el gobierno ante el Parlamento. En tanto, durante el último año, el déficit promedio de la región fue de 2,4% del PBI, mientras que Uruguay destina al pago de intereses el equivalente a 2,5% del PBI, muy por encima del 1,7% del promedio de la región.
El informe estima que si bien el endeudamiento público es aún moderado según estándares internacionales, la situación deficitaria da lugar a futuros aumentos de sus necesidades de financiamiento interno y externo que podrían encontrar un límite muy pronto si se reduce la disponibilidad de financiamiento externo, pero lo que no es poca cosa, agrega que el nivel de recaudación “estaría cercano a su máximo nivel potencial, en un escenario de relativo enlentecimiento de la economía, la rigidez de los gastos de la seguridad social (pasivos y salud), que podría implicar una cierta dificultad para la próxima administración”.
Al igual que la política fiscal, la política monetaria también se encuentra limitada a actuar en el caso uruguayo, impidiendo impulsar así el crecimiento económico. Pero a ello debe agregarse que Uruguay es de los países de la región que mayor caída registraron en el indicador de tipo de cambio real del organismo --interpretado como pérdida de competitividad-- en los últimos años. Es así que entre 2005 y 2013 registró una caída de 31,4%, mientras que en la media de la región el deterioro fue de 12,8%. Esa evolución fue solo superada por el deterioro de Venezuela (39%) y de Paraguay (33,2%) en el mismo período. Estamos por lo tanto con un déficit fiscal significativo, costos internos rígidos para el Estado --sobre todo por el pago de salarios y funcionamiento-- una competitividad “complicada” y según la Cepal con “la debilidad de la demanda externa, un bajo dinamismo de la demanda interna, insuficiente inversión y un limitado espacio para la implementación de políticas que impulsen la reactivación”, lo que no solo es un escenario delicado para el presente sino sobre todo para el futuro inmediato. Por lo tanto se erige como un presente griego para el próximo gobierno, cualquiera sea su signo, simplemente porque se van dejando las medidas poco simpáticas, con costos políticos, para los que vengan, en lugar de aplicar los correctivos a tiempo, para evitar que la sangre llegue al río.