Opinion | 12 Ago A partir de lo que consideran un fuerte “desplome en las ventas” que pone en riesgo 500 puestos de trabajo por día en ese país, pequeños comerciantes y empresarios argentinos consideran “indispensable” llegar a un acuerdo con los holdouts o buitres para evitar un “aislamiento financiero” de su país.
Precisamente la falta de acuerdo entre el Gobierno y argentino y los “fondos buitre”, y la certeza que en mayor o menor medida esta situación tendrá graves efectos comenzó a complicar el día a día en Argentina, según indican las informaciones provenientes del vecino país. De acuerdo a Osvaldo Cornide, presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas del Argentina, el sector vivió en el último mes un “desplome” en sus ventas debido a una “preocupante caída en la actividad”, lo que es agravado por lo que consideró es “la presión impositiva más alta de la historia”.
El dirigente empresarial apuntó en sus reflexiones contra las medidas adoptadas por el Gobierno, en particular contra el “fracaso” en la política de subsidios, y si bien reconoció que fue saludable la intención de reconstruir al Estado, no se detuvo a tiempo y terminó creando un “monstruo insaciable imposible de alimentar”.
El empresario se mostró preocupado por el litigio con los holdouts y reclamó una solución porque de otro modo la Argentina quedaría “aislada” del sistema financiero internacional, lo que empeoraría para la actividad económica.
Señaló que la actividad comercial está en tendencia “gravemente declinante”: “Ha caído fuertemente el consumo, las ventas hace siete meses que vienen cayendo, hay problemas con la cadena de pagos, cheques devueltos y problemas de abastecimiento por las importaciones”, enumeró, aunque resaltó: “No estamos en una situación dramática pero sí preocupante”.
El dirigente propuso que se aplique “la eliminación de las retenciones a las economías regionales y el reintegro a exportaciones no tradicionales de las PYME” y desaconsejó una devaluación porque eso dispararía más los precios, lo que presenta varias moscas difíciles de atar por el rabo, porque una cosa trae la otra, y en este escenario de deudas impagas la Argentina no tiene posibilidades ciertas de obtener recursos por deuda para seguir en una calesita hasta ver como se dilucidan las cosas.
La baja de actividad se vio reflejada en una caída de las ventas de 7,6 por ciento en los primeros siete meses del año y en un cierre paulatino de establecimientos en los principales centros comerciales del país.
Pero este es solo un flanco de la incertidumbre que surge del incumplimiento de compromisos internacionales, traducida en la inquietud del dirigente empresarial por la caída de las ventas en lo que va del año, con problemas nuevos y de los que se arrastran desde hace años, a partir de 2001, cuando el Congreso entre vítores aprobó el default de Argentina y la resistencia de los sucesivos gobiernos de ir pautando voluntad de pago y cumpliendo con los acreedores, porque de hacerlo se vería afectada la calidad de vida del pueblo argentino.
El punto es que más tarde o más temprano había que llegar al sinceramiento de la situación financiera, pagando a los acreedores que compraron los bonos de deuda, incluyendo tanto a los fondos ahora denominados “buitres” como los que aceptaron grandes quitas en sus capitales con tal de poder cobrar.
No se puede esperar que todos acepten las quitas enormes --en algunos casos de casi un 70 por ciento-- y hay quienes quieren legítimamente cobrar el cien por ciento de lo que establecen los bonos. Claro, como todos sabían cómo se las gastaba Argentina con su Poder Judicial, en ningún momento aceptaron en la compra de bonos que el litigio eventual se dilucidara en la Justicia argentina, sino que se acordó hacerlo por la Justicia de Estados Unidos, lo que aceptó en su momento el gobierno argentino porque si no, no había otra forma de vender los bonos y hacerse del dinero que necesitaba.
Ahora, con el reciente fallo del juez Thomas Griesa contra la postura de Buenos Aires, el gobierno argentino se niega a entender lo que significa la separación de poderes y la independencia de la Justicia como base y fundamento del estado de derecho, y por ello acusa al sistema judicial estadounidense de actuar premeditadamente para afectar los intereses argentinos.
El ladrón cree que todos son de su condición, reza el refrán, y por cierto que el gobierno de Cristina Fernández asume que en Estados Unidos pasa lo que en la Argentina, donde el Poder Ejecutivo manipula al Poder Judicial en las causas que son de su interés, y no reconoce que pueda haber una justicia independiente.
Por lo tanto, no puede extrañar que ante un fallo adverso acuse al juez Griesa y reniegue del mediador designado, además de tratar de llevar el tema a la Corte Internacional de La Haya como una forma de ponerse como víctima de una conspiración internacional, de las garras del sistema financiero mundial, cuando el quid del asunto radica en su larga cadena de incumplimientos y de desaires, de negarse a aceptar las reglas del sistema financiero y de pretender erigirse como campeón de la justicia y las causas sociales, pero con dinero de otros. Y estamos ante un argumento manido para seguir atrapando incautos en lo interno, para generar manifestaciones de apoyo en los sectores cautivos y seguidores del gobierno, así como apoyos de los gobiernos de países que como Uruguay se manifiestan “solidarios” en lo ideológico en los foros internacionales, pero que felizmente ha hecho una cosa distinta y pagado religiosamente sus deudas para no caer en la misma trampa cazabobos como sí ha sido el caso de los gobiernos de la vecina orilla.