Opinion | 14 Ago En un reciente informe sobre la situación que se dio en Paysandú y en el litoral norte del país como consecuencia de las recientes inundaciones del río Uruguay, el Comité Departamental de Emergencias “sugiere” a las familias que fueron desplazadas por el desborde que no regresen a habitar en la misma zona “debido a que ante cualquier otra inundación, el problema se repetiría, con consecuencias sociales similares” y así sucesivamente.
El presidente del grupo de trabajo, Emilio Roque Pérez, indicó en la oportunidad que “en estos momentos se han entregado todos los datos de las familias que están en situación de calle para que los organismos competentes puedan determinar si hay una solución definitiva, la construcción de una vivienda. Se está buscando un terreno que pueda ser apropiado, obviamente lejos de áreas inundables. Después, el Ministerio de Vivienda, el propio Mides y por supuesto la Intendencia, deberán coordinar esfuerzos”.
El Comité Departamental de Emergencias administrará un fondo de 220.000 pesos (100.000 del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, Fosvoc); 100.000 del Fondo de Capacitación de la Construcción (Focap) y 20.000 de la barraca adonde se adquirirán los materiales, con el que se apoyará a las familias que han perdido sus hogares o que han sido severamente afectados por la inundación. Miguel Bustos, del Fondo Social de la Construcción y Mauro Medina, del Sunca, acompañaron a integrantes del Comité Departamental de Emergencias, dando a conocer el apoyo del sindicato de la construcción a los desplazados.
Por su lado el coordinador del Mides en Paysandú, Carlos Damico, y el director departamental de Salud, Juan Gorosterrazú, coincidieron al indicar que en 2010 el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial entregó a la Intendencia Departamental de Paysandú “alrededor de 8 millones de pesos, entonces unos 400.000 dólares” para “comenzar a erradicar los asentamientos sobre zonas costeras”.
Indicaron que como esos fondos, que ellos sepan, no han sido utilizados aún, es oportuno que se pongan a disposición ante esta emergencia, que ha dejado a un total de 21 familias en situación de calle.
La problemática de las inundaciones del río Uruguay no es un tema nuevo ni nada que se parezca y tampoco es consecuencia del mentado cambio climático o culpa de Salto Grande, sino que es un fenómeno recurrente, y desde que se llevan registros tuvo su manifestación más grave en abril de 1959, cuanto el “paterno” superó los once metros sobre el cero a la altura de Paysandú, y se adentró profundamente en la ciudad, incluso superando por 18 de Julio hacia el Este el edificio del Liceo Departamental Nº 1. En aquel entonces no había red de comunicaciones adecuada, informática ni la posibilidad de recrear escenarios con modelos a escala de situaciones anteriores para determinar los alcances de posibles afectaciones ni tampoco estaba la represa de Salto Grande, que tiene la posibilidad de recortar crecidas hasta cierto grado, liberando agua días y hasta semanas antes de las inundaciones, para atemperar el impacto. Por lo tanto, en pocas horas y en medio de intensas lluvias en todo el país, Paysandú, como otras ciudades litoraleñas, fue sorprendida por la inundación más grande de la historia, lo que ocasionó devastación en una amplia franja, el desalojo de miles de familias, la pérdida de depósitos de trigo y una problemática social traumática que en una u otra forma se extiende hasta nuestros días.
Entre otras acciones de asistencia a los miles de damnificados, se construyeron los denominados barrios “P” en lugares alejados de la amenaza de los desbordes, pero naturalmente, incluso mientras se construían estas viviendas, otros miles volvieron a lugares en cota inundable e incluso otros cientos de familias se fueron radicando en los mismos lugares de los que habían sido desplazados los núcleos familiares anteriores, por lo que en lugar de erradicarse el problema se lo fue recreando sistemáticamente, porque se volvió a construir en las zonas de fácil anegamiento.
En los últimos años hubo sanos intentos de evitar el retorno masivo a estos lugares mientras a la vez se fueron generando soluciones habitacionales y más recientemente los denominados “realojos” a través de la acción conjunta de la Intendencia Departamental y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), pero notoriamente en número insuficiente y a la vez con la contrapartida que de un día para otro se encuentran las autoridades departamentales con hechos consumados, porque hay familias que vuelven a ocupar las mismas zonas y hasta viviendas que no han sido derruidas totalmente, pese a que como expresan las autoridades municipales, se intima a los ocupantes a desalojar las viviendas y en muchos casos se efectiviza la acción judicial.
Hoy aparentemente la situación más acuciante detectada se centra en una treintena de personas en situación de calle, pero la realidad indica que en un próximo desborde de esta magnitud nuevamente nos iríamos a encontrar con miles de desplazados, porque de los damnificados la enorme mayoría ha vuelto a los lugares de los que fueron desalojados por las aguas hasta hace pocos días.
La vivienda, como es sabido, es un tema del Mvotma, y por ese lado, con el apoyo en infraestructura de la Intendencia y del propio Mides, se debería ingresar en programas más ambiciosos de realojo de los sectores de población del área costera, pero a su vez ello debería complementarse con una política fiscalizadora severa en cuanto a la restricción de construir en las áreas inundables, que deben ser parquizadas y en lo posible cercadas.
El nudo del asunto es precisamente establecer un severo control sin excepciones para evitar nuevos asentamientos precarios, sin medir costos políticos ante problemáticas sociales que solo se agravan en el mediano y largo plazo cuando estos controles se aflojan.