Escribe el Dr. Rodolfo Canabal

Locales | 12 Ago En comentario anterior, igualmente titulado, se expuso acerca de que, según se ha afirmado, existen muchas empresas públicas que son responsables de la gestión de empresas comerciales regidas por el derecho privado, algo que en el último quinquenio mucho se incrementó, y que tiene un serio inconveniente: los controles sobre la marcha de tales entidades que actúan en el derecho privado, en realidad, no se realizan de acuerdo con las normas que el régimen jurídico nacional dispone.
Ello causa mucha preocupación, pues es importante el volumen de fondos públicos que se manejan sin que su administración esté sometida a un eficaz control, y a ello se refirió en reportaje glosado en tal comentario el profesor doctor Carlos Delpiazzo.
En la misma nota se inserta un cúmulo de los casos que entonces, en agosto de 2011, estaban en tal situación; se aludió a los siguientes: Banco de la República administra a República AFAP, República Afisa, Compañía Uruguaya de Medios de Procesamiento S.A., y otras. Ancap administra a Gas Uruguay S.A., Petro Uruguay S.A., Ducsa, Cementos del Plata S.A., ALUR, Gasoducto Cruz del Sur, y otras. Antel administra a ITC S.A., HG S.A., Accesa, Parque Vacacional UTE-Antel, y otras. UTE administra a Central Puerto S.A., Hidroneuquén S.A., e ISUR con la Corporación para el Desarrollo. La Administración Nacional de Puertos administra el 20% de Terminal Cuenca del Plata; en tanto la Corporación Nacional para el Desarrollo participa en numerosas sociedades, algunas compartidas con otros organismos públicos, posee el 100% de la Corporación Vial del Uruguay, integra Agolan S.A., la Corporación Ferroviaria del Uruguay y Legadfer S.A. El LATU tiene el 50% de LATU Sistemas, el cual tiene tres subsidiarias; OSE tiene la empresa Manantial Dorado S.A., que gestiona las unidades potabilizadoras de agua, y Consorcio Canario, que controla el saneamiento de Ciudad de la Costa. Vale decir: un conjunto grande de empresas que administran importante volumen de recursos de índole pública a través de entidades privadas, al margen del control que corresponde a las entidades públicas.
Tal cuestión ha vuelto súbitamente al primer plano de la atención pública con motivo de un caso concreto reciente de Ancap: haber tenido en el último ejercicio un déficit que sería muy alto, de alrededor de 150 millones de dólares, aunque en el momento en que se escribe la presente columna no se tiene todavía información suficiente para conocer públicamente, y con precisión, su causa y la forma en que dicho ente ha de afrontarlo en próximos ejercicios. No obstante, quien escribe considera que, dado que el volumen de sus operaciones es normalmente muy alto, no tendría seguramente al respecto dificultades de importancia. A ello agrega que no atribuye la causa de tal déficit a deficiencias en la administración del ente, sino a que las cifras normales de su gestión son muy altas por el también muy alto volumen de sus operaciones. Corresponde, como punto final del presente comentario, volver a lo básico del mismo, que es la eventual incidencia de las entidades privadas en la gestión de los entes públicos que las administran. Al respecto se entiende que tal incidencia debería emerger de los respectivos balances de cada ejercicio, en el momento de su culminación. Ello obviamente impondría, como corresponde, que se organizara el control normal y permanente de las gestiones de los organismos que dependen de los entes respectivos.