Nacionales | 10 Ago La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) trabaja en un cambio de política respecto a la divulgación de los indicadores educativos, tales como asistencia, repetición o abandono de los distintos subsistemas (Primaria, Secundaria y UTU), informaron a El Observador fuentes del organismo. El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) presentó la nueva página de su Monitor Educativo, plataforma donde cualquier ciudadano puede acceder a estos datos y tendencias, desde el año 2002, discriminados por centros educativos.
En la presentación, el director general de Primaria, Héctor Florit, manifestó que el cambio de política se debió a un fallo judicial del año pasado que había obligado a la ANEP a hacer públicos estos datos. Hasta 2013, el público no tenía acceso a la información discriminada por centros educativos, sin embargo, el fallo judicial mencionado –a raíz de un pedido de acceso a la información promovido por El País– sentó un precedente y en él se basan las autoridades para comenzar a divulgar los indicadores educativos de acuerdo a cada centro, año tras año.
El fallo del juez Pablo Eguren estableció que los datos educativos debían ser publicados, dado que se trataba de información pública. Hasta entonces, ANEP los había reservado al amparo de la ley General de Educación (2008) con el objetivo de no estigmatizar a los centros educativos.
Aunque Primaria dio el primer paso en el sistema educativo tendiente a seguir la línea del fallo judicial, fuentes del organismo aseguraron que los otros subsistemas trabajan en la misma dirección. “El CEIP con la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP resolvió dar toda la información contextualizada para que las demandas de información tengan la totalidad de la información y no haya informaciones sesgadas”, afirmó Florit.
La decisión de las autoridades choca con la pretensión histórica de los sindicatos de la educación, que se oponen a que estos datos se divulguen para evitar la “mercantilización” de la educación. En este sentido, Raquel Bruschera, dirigente de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) dijo a El Observador que el sindicato todavía no evaluó la decisión de Primaria, pero que lo hará durante esta semana. “Se trata de algo a lo que nosotros siempre nos opusimos porque señala a la escuelas y puede generar una corrida de alumnos hacia determinados centros” con mejores resultados, manifestó.
El clima es más tirante en Secundaria, donde la Asamblea General de Delegados de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) emitió una declaración en la que se manifestó “en alerta” ante el relevamiento de asistencias y calificaciones por asignatura realizado las últimas semanas a instancias del Consejo de Educación Secundaria (CES) en los liceos de primer y segundo ciclo, informó El País.
Según el Monitor, la repetición en Primaria cayó de 5,6% en 2012 a 5,4% en 2013, al tiempo que el abandono intermitente, correspondiente a alumnos de 1º a 6º año que asistieron a la escuela hasta 70 días en el año, cayó de 1% en 2012 a 0,74% en 2013.
La asistencia insuficiente, que señala a alumnos que asistieron a clase entre 70 y 140 días al año, subió a 8,72%, cuando en 2012 se había ubicado en 6,56%.

SEIS MIL ABORTOS ANUALES, SEGÚN ÚLTIMAS CIFRAS
El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, informó que el gobierno brindará cifras sobre los abortos realizados al amparo de la nueva ley anualmente, y no en forma semestral como se había comprometido con la oposición. El tema fue planteado en la comisión de Población de la Cámara de Representantes, cuando el diputado blanco Pablo Abdala le preguntó cuándo brindaría el gobierno las nuevas cifras sobre aborto.
Abdala recordó a Briozzo que una vez aprobada la legalización del aborto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que brindaría información semestralmente.
“La última información estadística que el Ministerio proporcionó es del mes de febrero de este año, correspondiente al semestre que creo que vencía en noviembre o diciembre de 2013. Los tiempos indican que si la cadencia es semestral, a esta altura estamos a mediados de agosto y estaríamos en tiempo de conocer cuál ha sido el comportamiento en esta materia o la aplicación de la ley en el primer semestre del año que está en curso”, dijo Abdala.
Briozzo respondió que los datos serán anuales. “Esto no quiere decir que los datos no puedan proporcionarse con anterioridad, pero la propuesta del Ministerio fue la de realizar un monitoreo anual y presentar los resultados a la opinión publica una vez al año. Esto puede ser discutible. Nosotros entendemos que un año es el período en el que podemos tener un consolidado que nos permita ver la tendencia y la evolución. Esto ocurre porque el número de abortos voluntarios en el Uruguay es muy bajo”, dijo el subsecretario.
En ese sentido, informó que se practican unos 6.000 abortos legales al año, aunque dijo que no tenía datos actualizados.
Según Briozzo, “estas 6.000 interrupciones voluntarias del embarazo anuales colocan a nuestro país en los guarismos más bajos del mundo. Solamente algunos países europeos tienen menos abortos en mujeres entre 15 y 44 años que Uruguay. Entre ellos están los países escandinavos y los Países Bajos, fundamentalmente, Bélgica y Holanda, que son los que despenalizaron el aborto más precozmente”, explicó. El jerarca prometió actualizar la información en febrero de 2015, un mes antes de que termine este período de gobierno, aunque se mostró abierto a adelantarla.
Según El País, el 5 de setiembre el MSP reunirá en Salto a los servicios que tienen que ver el aborto. Briozzo dijo que pareció “oportuno” la reunión en Salto, “donde hemos tenido algunos problemas”, señaló en referencia a la objeción de conciencia realizada por la totalidad de los ginecólogos, que no practican abortos.

AUDITORÍAS EN SUNCA POR DINERO PÚBLICO
El Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca) afirmó que tiene auditorías del Tribunal de Cuentas de la República por los dineros públicos que recibe a través de contratos con el Estado. Iván Haflinger, vocero del sindicato, se refirió al contrato que la organización firmó con el Ministerio de Vivienda por U$S 4 millones para la contratación de mano de obra especializada y peones para desarrollar las mejoras habitacionales para los beneficiarios de los programas sociales y que resultó observado por el Tribunal de Cuentas.
Haflinger dijo a El País que el sindicato “tiene auditorías del Tribunal de Cuentas y externas desde hace varios años y con eso nos alcanza como garantía de los procedimientos. Después, cómo se organiza el sindicato, es una cuestión nuestra”.
Dijo que el Sunca tiene desde el año 2000 convenios con intendencias “de todos los partidos políticos”. “Necesariamente estamos auditados desde hace muchos años y no hemos tenido una sola dificultad con esas auditorías. Se auditan los recursos del Estado que maneja el sindicato, se analizan procedimientos, resultados, estados contables, todo. Nos dan un informe una vez al año”, afirmó.