Opinion | 14 Ago Desde hace varios años distintos países han comenzado a instrumentar, con diferente éxito, iniciativas de control de los ciudadanos sobre el desempeño ambiental de la gestión de empresas públicas y privadas.
En nuestro país existen iniciativas de este tipo, las que se habían canalizado fundamentalmente en la participación ciudadana en comisiones de seguimiento y audiencias públicas, por ejemplo. Otras formas de participación provienen desde organizaciones de la propia sociedad civil, movilizada por causas ambientales.
Si bien en teoría cualquier ciudadano tiene el derecho a actuar por distintas vías, incluso de denuncia y legales, lo cierto es que muchas veces las iniciativas de denuncia o contralor se ven frustradas en la medida que no existen herramientas ágiles para permitir el ejercicio de ese derecho. A la vez, la falta de información o la falta de participación en espacios que ejercen fiscalización ciudadana, ya sea por descreimiento o desconocimiento, implica que hay cuestiones en la que los vecinos no estamos involucrándonos aunque quizá pensemos que correspondiera.
No es desconocida la existencia de amenazas ambientales derivadas de los procesos de industrialización y urbanización, tales como contaminación atmosférica, degradación de suelos, contaminación de fuentes hídricas, la pérdida de la biodiversidad, entre otras.
En este sentido, resulta positivo que el organismo ambiental de nuestro país, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, haya resuelto habilitar un espacio en su sitio web para recibir denuncias. A partir de ahora, cualquier ciudadano, desde cualquier punto del país puede realizar una denuncia ambiental a través de un formulario on line disponible en el la página en Internet.
Esta nueva herramienta resulta interesante, fundamentalmente porque era una necesidad ciudadana. En este sentido, cabe señalar que las denuncias pasaron de 59 en 2010 a 130 en 2013.
Vale decir también que la denuncia es una de las herramientas de participación en la gestión que poseen los ciudadanos para dar cuenta de un hecho que evidencia depredación o contaminación del ambiente o incumplimiento de la normativa ambiental vigente. Es claramente una forma de ejercer un derecho, pero también una responsabilidad sobre el cuidado del ambiente. Una responsabilidad que es de todos y para la cual ahora hay formas más accesibles de ejercer.