Opinion | 16 Ago A propósito del déficit registrado en el último balance de Ancap, por un monto del orden de los 169 millones de dólares, la oposición planteó en el Parlamento formar una comisión investigadora a efectos de determinar el origen de este desfasaje en una empresa monopólica, que pertenece al Estado --en teoría a todos los uruguayos, consecuentemente-- y que por lo tanto aplica tarifas a su antojo.
Nuevamente, la mayoría parlamentaria compuesta exclusivamente por los legisladores del Frente Amplio bloqueó la posibilidad de que el Parlamento ahondara en una investigación fehaciente acerca de los motivos para que se diera este desfasaje entre ingresos y egresos de la empresa que es monopólica en el caso de los combustibles, y que tiene por lo tanto el manejo a voluntad de los precios, en tanto sí tiene competencia en el área del cemento portland, donde precisamente desde hace muchos años viene registrando pérdidas al tener mayores costos que sus competidores.
Por supuesto, es de interés primordial para todos los ciudadanos, tanto clientes como no clientes de Ancap, para saber qué se hace con su dinero, cómo se administran los bienes de todos, cómo asimismo el dinero de los contribuyentes, como es igualmente el caso de otras empresas estatales como Antel, UTE, AFE, pero la mayoría regimentada del partido de gobierno una vez más bloqueó toda posibilidad de que la verdad salga a la luz.
Es cierto, hay situaciones y situaciones, y teniendo en cuenta el tiempo que insume dilucidar una investigación en el ámbito parlamentario lo que ha ocurrido en Ancap, al presentarse ahora, quedaría para definirse en el próximo período de gobierno, y tampoco es lo mejor que el planteo se efectúe en pleno período electoral, cuando todo lo que se haga estará teñido como nunca de código electoral. Pero por lo menos se estaría adelantando camino al poner el tema sobre la mesa para el año venidero.
Lamentablemente, no estamos ante un caso puntual, sino ante la regla en lo que refiere a la actitud del oficialismo para la investigación en lo que se hace y deja de hacer en los organismos del Estado, cerrándose a cal y canto contra toda integración de comisiones parlamentarias, cuando precisamente el Frente Amplio, cuando estaba en la oposición, no pasaba semana en la que no pedía una comisión investigadora, con la salvedad de que en esas ocasiones la mayoría de las veces se las votaba.
Por lo tanto la mentada transparencia que se pregona por el partido de gobierno como un mérito es simplemente una fábula. Al fin de cuentas, cuando se llevan adelante estas prácticas poco democráticas se pretende que la población, el ciudadano común, y el sistema político haga hagan un acto de fe, confiando en que el gobierno es impoluto y que pese a que no se quiera informar, todo se está haciendo de acuerdo a las normas legales y sin desvíos. Pero la realidad es muy distinta, porque aunque en su momento el expresidente Tabaré Vázquez hizo alarde de que a quien “metiera la mano en la lata” se le iba a cortar, aludiendo a cualquier forma de corrupción o eventualmente abuso, el gobierno, a través de sus mayorías parlamentarias, se negó por ejemplo a toda investigación en ASSE y desestimó denuncias de la oposición, atribuyéndola a intención política, y ya sabemos lo que pasó cuando intervino la Justicia, con varios procesamientos, incluyendo a dos jerarcas de confianza del Poder Ejecutivo –uno de ellos el exdirector Alfredo Silva-- y se llevó adelante una interpelación parlamentaria a la ministra de Salud Pública, en la obviamente el Frente Amplio bloqueó la censura y trató de eludir responsabilidades políticas y administrativas en los sucesos.
De la misma forma se actuó en el tema Pluna, donde hubo pérdidas de no menos de 300 millones de dólares por decisiones políticas, en cuyo proceso también se bloqueó toda investigación y recién se reconoció que hubo problemas cuando fueron procesados nada menos que el renunciante ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo y el presidente del Banco de la República, Fernando Calloia, pero con investigación todavía en proceso ante irregularidades por determinar.
Esta amarga experiencia indica primero que no hay ningún partido que tenga el patrimonio de la virtud ni nada que se parezca, por mejores eslóganes atrapa incautos que ensaye.
En un artículo en el semanario “Voces”, el Dr. Hoenir Sarthou, profesional vinculado a la izquierda, reflexiona a propósito de este escenario que el partido de gobierno ha puesto de manifiesto “una desprolijidad general en la gestión de las instituciones públicas, en la que la voluntad política se antepone a los procedimientos y límites jurídicos, dando como resultado la falta de transparencia y la pérdida de garantías para los administrados”. Añade que “para mucha gente todo lo jurídico es un fastidioso engorro burocrático burgués, pero esa opinión dura solo hasta que ven afectados sus intereses particulares. Estoy cansado de ver como hasta los más radicales militantes de izquierda invocan las leyes y reglamentos ‘burgueses’ cuando se sienten postergados al reclamar un ascenso o quieren tramitar la jubilación”.
Indudablemente, no alcanza con hacer gárgaras sobre el valor de la “democracia”, sino que hay que practicarla en la letra y el espíritu, sin anteojeras ideológicas y sin a la vez pretender convencer de que dando espacios a los corporativismos, se habilita la participación popular, cuando en realidad se hace que intereses sectoriales se adueñen de la gestión de organismos del Estado, de espaldas al supremo interés general.