Opinion | 16 Ago Ante un fallo de la Justicia civil que hizo lugar a una acción de amparo solicitada por un grupo de trabajadores, los obreros que ocupaban la planta de ALUR de Paysandú en construcción debieron entregar la instalaciones, en un desalojo que se realizó con “total normalidad y con una recorrida de los escribanos de la empresa que verificaron las instalaciones”, según señaló el delegado de Teyma, Héctor Díaz.
En tanto, se mantiene el campamento frente a la planta de bioetanol y las medidas de paralización de las actividades. “No compartimos pero acatamos el dictamen de la justicia por entender que la ocupación es una extensión del derecho de huelga y además, aclarar que la denuncia no fue presentada por ninguna de las empresas contratadas sino por capataces y personal administrativo”, puntualizó el dirigente gremial.
Este comentario indica que en gran medida el movimiento sindical todavía no ha asumido que no hay “categorías” de trabajadores, sino que en el diverso laboral todos tenemos --o al menos en teoría deberíamos tener-- los mismos derechos, y que el derecho de uno termina donde empiezan los de los demás, en un marco legal que por supuesto se da en ambas direcciones.
El dirigente gremial parte de que al grupo de obreros que realizan paro de actividades, les corresponde por derecho y como extensión del derecho de huelga, la ocupación del lugar de trabajo, pero se olvida que así como los trabajadores son amparados por la Constitución en cuanto a respaldar su reclamo con medidas como la huelga, igualmente los trabajadores que no comparten esa forma de reivindicación tienen derecho a ingresar a sus lugares de trabajo, porque son parte de un mismo todo.
Ergo, la ocupación del lugar de trabajo, como se desprende del fallo de la Justicia, es simplemente una invasión a la propiedad privada, y como tal pasible de que la Justicia ordene el desalojo de los ocupantes ilegales.
Está en su derecho igualmente el movimiento sindical, en este caso a través del Sunca, de continuar con las medidas de fuerza, y en este contexto programa la realización de un paro parcial el próximo martes 19, de 9 a 13, con movilizaciones por el centro de la ciudad y concentración frente a la obra de ALUR, en solidaridad con los trabajadores en conflicto.
Es que más allá de la justicia o no del reclamo, estamos en un estado de derecho, y hay ámbitos establecidos por la ley para dilucidar los conflictos. Pero lo que sí no corresponde, porque se avasallan otros derechos, es ocupar los lugares de trabajo perjudicando a quienes quieren ejercer su derecho a trabajar, que también está garantizado por la Constitución, pese a que tantas veces se la deja de lado argumentando presunta “justicia” y “lucha de clases”.